El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha aprobado este martes definitivamente su Catálogo de Protección Municipal de Bienes Patrimoniales, que el concejal de Patrimonio Histórico, David de León, ha presentado como el resultado de un proceso dilatado en el tiempo y que protege 891 bienes, en un pleno marcado también por las dudas jurídicas y económicas planteadas por la oposición.

El catálogo salió adelante con 11 votos a favor, del grupo de gobierno compuesto por CC y PSOE; dos en contra de Fuerteventura Avanza; y cinco abstenciones, del PP y los concejales Miguel Felipe Rastrero y Mayra Marichal, después de un debate centrado especialmente en la incorporación de los 16 inmuebles de La Cornisa, su incidencia en la sentencia sobre ese ámbito urbanístico y y el alcance económico de las obligaciones derivadas de la protección patrimonial.

De León abrió la defensa del documento asegurando que para él constituye "el proceso más importante" de este mandato y repasó una tramitación que situó su evaluación ambiental estratégica en 2023, el informe favorable del órgano ambiental en 2024 y la aprobación inicial y apertura de información pública en 2025.

La oposición plantea dudas jurídicas y económicas, especialmente por la incorporación de los 16 inmuebles de La Cornisa

El concejal destacó que el documento incluye 405 edificaciones de patrimonio arquitectónico, 16 fortificaciones militares, 299 bienes etnográficos, 112 yacimientos arqueológicos, 20 puntos paleontológicos y 22 ámbitos naturales, además de 17 senderos tradicionales. "Un catálogo de protección no es una lista de prohibiciones, es un mapa de nuestra identidad", afirmó.

De León señaló también que durante la información pública se presentaron 179 alegaciones y defendió la reincorporación de los 16 inmuebles de La Cornisa después de los informes emitidos por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura.

"Este catálogo es un instrumento vivo, no es un documento cerrado que se aprueba hoy y se olvida", sostuvo el responsable de Patrimonio, quien se comprometió además a trabajar en la búsqueda de partidas municipales y supramunicipales destinadas a la rehabilitación y mantenimiento de los bienes.

Ante las dudas planteadas por la oposición, De León aseguró posteriormente que el catálogo "ni clasifica, ni categoriza, ni califica suelo" y que su función es proteger los bienes y asignarles un régimen acorde con sus valores patrimoniales.

David de León.

David de León: "Un catálogo de protección no es una lista de prohibiciones, es un mapa de nuestra identidad"

También defendió que existe un informe de sostenibilidad económica, con medidas fiscales y financieras, y sostuvo respecto a la cornisa que "la mera expectativa urbanística no genera automáticamente un derecho de indemnización".

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, Tacoremi Gutiérrez, calificó la aprobación como "un hito histórico para nuestro municipio" y defendió que el expediente iniciado años atrás culmina con un instrumento destinado a proteger la memoria y la identidad de Puerto del Rosario.

Dudas de la oposición

El concejal no adscrito Miguel Felipe Rastrero manifestó su respaldo a la existencia de un catálogo, pero señaló que su aprobación debía realizarse con garantías jurídicas y económicas y expresó sus dudas sobre la situación de la sentencia que afecta a La Cornisa.

Rastrero cuestionó además el contenido económico del documento y afirmó que "faltan bastantes cosas en el catálogo, sobre todo la memoria económica y la ejecución de la sentencia, para que fuera un voto afirmativo". "Como estoy a favor de la aprobación del catálogo, mi voto va a ser una abstención", anunció.

Miguel Felipe Rastrero.

Miguel Felipe Rastrero: "Faltan bastantes cosas en el catálogo, sobre todo la memoria económica y la ejecución de la sentencia, para un voto afirmativo"

Mayra Marichal, de Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF), coincidió en la necesidad de contar con el instrumento y reconoció el trabajo desarrollado por la Concejalía de Patrimonio, aunque centró sus reservas en la situación jurídica de La Cornisa.

"Nuestra preocupación no está en si debemos proteger sino cómo debemos de hacerlo", afirmó Marichal, quien planteó que deben hacerse compatibles la sentencia de 2021 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre La Cornisa, la modificación menor del Plan General iniciada para darle cumplimiento y la protección recogida en el catálogo.

Mayra Marichal.

Mayra Marichal: "Nuestra preocupación no está en si debemos proteger sino cómo debemos de hacerlo"

La representante de AMF reclamó conocer si la sentencia está íntegramente ejecutada y en qué situación se encuentra la modificación del planeamiento, además de preguntar por la existencia de un pronunciamiento jurídico que garantice la compatibilidad de las distintas actuaciones.

"Las tres cosas deben encajar jurídicamente", insistió Marichal, quien defendió que proteger el patrimonio exige también adoptar acuerdos "jurídicamente sólidos" que eviten futuros problemas judiciales.

“Catálogo seguro, duradero y justo”

Clara Peña, concejal del PP, aseguró que su grupo también quiere proteger el patrimonio, pero reclamó mayores garantías sobre las repercusiones del catálogo para los propietarios de los inmuebles afectados.

"Queremos un catálogo seguro, duradero y justo", afirmó Peña, quien cuestionó que el documento concrete suficientemente cuánto costará a los propietarios conservar los bienes, qué ayudas recibirán y qué derechos, licencias, proyectos o inversiones podrían resultar afectados.

Clara Peña y Fernando Enseñat.

Clara Peña: "Nos preocupa el informe jurídico de planeamiento que no está incorporado. Que se calcule su impacto económico, que se estudien los derechos afectados…”

El PP centró otra parte de sus reparos en la incorporación de los 16 inmuebles de La Cornisa y en lo que considera la ausencia de un informe jurídico específico de planeamiento que explique su compatibilidad con la sentencia y con la modificación menor del Plan General.

"Nos preocupa el informe jurídico de planeamiento que no está incorporado", sostuvo Peña, quien también reclamó que se calcule el impacto económico, se concreten las ayudas y se estudien los derechos potencialmente afectados. "No podemos afectar a la gente con promesas", añadió.

“Documento incompleto”

Fuerteventura Avanza fue el grupo que expresó una posición más crítica y solicitó que el expediente quedara sobre la mesa para convocar una comisión de Patrimonio y analizarlo con mayor profundidad.

Peña Armas sostuvo que se encontraban ante "un documento incompleto", cuestionó la falta de una memoria económica que a su juicio detallara las repercusiones del catálogo y planteó dudas sobre la modificación del criterio respecto a la incorporación de La Cornisa.

Peña Armas.

Peña Armas: "Nos va a encontrar de la mano para sacar un documento que proteja todos los bienes de este municipio, pero con garantías jurídicas"

La portavoz de Fuerteventura Avanza criticó asimismo el tiempo concedido a la oposición para analizar la documentación y pidió garantías sobre las consecuencias jurídicas y económicas de la aprobación.

"Nos va a encontrar de la mano para sacar un documento que proteja todos los bienes de este municipio, pero con garantías jurídicas", afirmó Peña Armas, antes de anunciar que, si no se dejaba el expediente sobre la mesa, su grupo iba "a votar en contra".

Procedimiento “transparente” y “limpio”

El alcalde, David de Vera, mantuvo durante el debate que se trataba de "un documento finalista" que contaba con informes del Cabildo, la Dirección General de Patrimonio y los servicios técnicos y jurídicos municipales.

De Vera defendió que el procedimiento había sido "transparente” y “limpio" y sometido a participación e información pública y, al término del debate, pidió a los grupos que apoyaran el catálogo, que finalmente quedó aprobado solo con los votos del grupo de gobierno municipal.

Antes de la votación, y a petición del alcalde ante las cuestiones planteadas durante el debate, el secretario municipal expuso que el expediente contaba con el informe jurídico preceptivo, que existía un informe económico con medidas de fomento y un informe jurídico y económico elaborado por Gesplan sobre La Cornisa, y sostuvo que, tanto desde el punto de vista formal como de fondo, el procedimiento reunía las garantías legales para su aprobación.