La Dirección General de Costas ha notificado a la familia propietaria de una vivienda situada en Cueva la Negra, en el municipio de Pájara, una nueva orden para proceder a su demolición el próximo 21 de septiembre, según ha informado este lunes Asamblea Majorera-Coalición Canaria (AM-CC).

La nueva fecha se produce después de que un primer intento de derribo, previsto para el pasado 26 de agosto, no llegara a ejecutarse tras la adopción de medidas cautelares por parte del Cabildo de Fuerteventura.

Según AM-CC, la institución insular acordó entonces suspender la actuación al considerar necesario estudiar y documentar los posibles valores culturales, históricos y arqueológicos del inmueble antes de su demolición.

La formación señala que la vivienda se encuentra además próxima a un yacimiento arqueológico y sostiene que el procedimiento para analizar sus posibles valores continúa abierto.

Ante la nueva orden, AM-CC ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la Dirección General de Costas que paralicen la demolición hasta que finalicen esos estudios.

"Deben permitir que se estudien y documenten los valores históricos, etnográficos y arqueológicos del inmueble antes de tomar una decisión que, una vez ejecutada, no tendrá vuelta atrás", sostiene la formación.

AM-CC afirma que la vivienda tiene más de 150 años de antigüedad y la considera uno de los últimos ejemplos de asentamiento costero de la Península de Jandía.

"Esta familia se ha encargado de preservar durante generaciones una edificación con más de 150 años de historia y ahora el Estado se la quiere arrebatar", señala la organización nacionalista.

El primer derribo estaba previsto para el 26 de agosto, pero no llegó a ejecutarse después de que el Cabildo de Fuerteventura adoptara medidas cautelares

La formación ha vuelto a reclamar, a raíz de este caso, el traspaso de las competencias en materia de Costas al Gobierno de Canarias y la aprobación de una nueva ley que permita al Ejecutivo autonómico asumir esas competencias.

AM-CC sostiene que con ese traspaso se evitarían "este tipo de perjuicios tanto al patrimonio histórico y cultural de la isla como a las familias majoreras".

La organización también ha criticado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por no haber intervenido para evitar el derribo.

"Parece que se ha olvidado de dónde viene y entristece que no haya intercedido para evitar un atropello contra nuestro patrimonio y contra las familias históricamente vinculadas a la mar, como es este caso", afirma AM-CC.