Despertar junto al mar con el arrullo de los callaos que mecen las olas, o el deslizar de la espuma sobre la arena, siseando suavemente, en su incesante ir y venir... La vida comunitaria, pescar y mariscar, criar a los niños a la vista de todos, sin móviles, televisiones ni preocupaciones, son vivencias que la gente de Fuerteventura compartió cada verano. Las familias, con sus grupos de amigos, disfrutaban de su pedacito de costa, de acampada o en una choza. Pero esa costumbre está casi perdida, cuando no perseguida y proscrita.

Echarse a la mar una vez al año no es un privilegio que llegara con la modernidad, con las vacaciones pagadas. Antiguamente, lo hacía la gente del campo, por necesidad, y para la gente de la costa, era su medio de vida.

Un testimonio de ello lo ofrece Horacio Avero Umpiérrez, natural de Ajuy, uno de los rescatadores de la tradición de los “mariantes”. Desde hace 20 años salen al mar cada verano, emulando la tradición de pasar una temporada en la costa para aprovisionarse, como lo hacía con su padre desde pequeño:

“La gente del campo, cuando terminaban las cosechas, venían a mariscar y a pescar. Hacíamos sobre todo jareas con viejas, y tollos con el pescado de cuero, además de secar marisco o embotellarlo con vinagre. Nos pedían que les acompañáramos porque conocemos la mar”, recuerda. La carga se llevaba en burros y las familias les traían gofio y queso. A veces estaban más de dos semanas, pasando la noche en cuevas o en las casetas del mancomún, algunas de las cuales se siguen utilizando.

A estas chozas se les llama “estancias”, “son de todos y se comparten”, y es “una tradición que se está perdiendo. Nosotros hemos vuelto a levantar alguna que se había caído”, explica el pescador de Ajuy.

El rodillo de Costas

Este mes de agosto fue noticia de nuevo la demolición de una choza en la Cueva de la Negra, la única que queda en la zona. En julio, cayó la penúltima, la de la familia del fallecido José Vicente Viera, el Faro de Jandía, y únicamente sobrevive la que siguen defendiendo, con uñas y dientes, Pascuala Roger y su familia. Las medidas cautelares aprobadas desde el Cabildo in extremis evitaron el derribo el pasado 26 de agosto, pero bien pudiera llegar más adelante, como ya le ocurrió a la quincena de chozas que fueron demolidas en el año 2009, en ese mismo lugar.

El asunto no es sencillo, cuando en la costa majorera se entremezclan estructuras centenarias con propietarios y herederos reconocidos, construcciones nuevas que se levantaron sin permiso ni control, y también las chozas que, aun siendo de uso comunal, un día llegó quien les puso puerta y candado.

La Cueva de la Negra conserva una de las últimas construcciones tradicionales

Entre todos estos supuestos, Costas se llevó por delante, con toda seguridad, al menos cuatro antiguas chozas en la Cueva de la Negra. Se ven claramente en la ortofoto del Gobierno de Canarias de 1987, un año antes de aprobarse la Ley de Costas.

Para entender el proceder de la Administración estatal, el presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa, explica que la Ley de 1988 está seriamente cuestionada, incluso a nivel europeo, por sortear o incluso vulnerar el principio de irretroactividad del Derecho, esto es, aplicar una norma a supuestos anteriores a su aprobación.

Lo que en positivo ha servido para preservar el uso público del litoral, también se ha llevado por delante los derechos de incontables particulares: “A través de los deslindes, la norma dice que todas las viviendas dentro del dominio público marítimo-terrestre pasan a ser de la Administración del Estado. Aunque sean anteriores a la Ley y estén registradas, el Estado llega y dice: ‘esta casa pasa a ser mía’; y con su gracia te otorga la oportunidad de solicitar una concesión administrativa por una serie de años, y encima me tienes que pagar un canon por esa concesión. Es algo aberrante”, asevera el abogado.

En su opinión, en el proceder de la Demarcación de Costas todos estos años, desde el Ministerio de Medio Ambiente en Madrid, “existe un desconocimiento de cómo se construyeron las Islas”, porque “Canarias no se puede concebir sin la costa”. Y en concreto, las casas antiguas, continúa, “tienen muy complicado acreditar la propiedad, cuando es algo que hicieron sus tatarabuelos, después pasó a los bisabuelos, a sus abuelos y finalmente a ellos”.

Cuando “Costas inspecciona las zonas que considera dominio público, abre un expediente y concede un plazo para retirar la construcción. Si no se cumple, anuncia el derribo a costa del ocupante. Contra esa resolución se puede acudir al juzgado. Pero, yo siempre advierto, recurrir permite ganar tiempo, pero no garantiza ganar”, relata José Luis Langa.

Ni reconocimiento

Otro problema que afecta a los núcleos costeros de Fuerteventura es la ausencia de una figura específica de protección. Con el caso de la Cueva de la Negra, los pronunciamientos políticos fueron unánimes, destacando el valor de estos bienes testigos de una historia y una tradición.

Sin embargo, “el Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos tienen competencias y la obligación de salvaguardar los bienes relevantes de la cultura canaria mediante los catálogos insulares y municipales”, indica Nona Perera, arqueóloga, doctora en Prehistoria y exdirectora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Considera Perera también que Costas “aplica la piqueta desde la ignorancia que tiene de otras leyes”. Y sostiene que en la Cueva de la Negra, así como en otros núcleos en igual situación, debería realizarse un estudio que determine cuántas construcciones semejantes conservan valores patrimoniales o etnográficos en Fuerteventura.

Evolución de la Cueva de la Negra, en una serie de ortofotos de 1987, 1994, 2009 y 2010.

Eliminar sin estudiar sus valores supone perder parte de la memoria de la Isla

La especialista advierte que demoler estos espacios significa “borrar de nuestra memoria los escenarios que hicieron posible sobrevivir a un modo de vida que ya no existe y que se dio allí. Claro que tienen valor, y también las prácticas sociales y económicas que se daban”, afirma Perera.

Coincide en este sentido con otras dos voces autorizadas de Fuerteventura, como son el historiador Carlos Vera y el conservador de bienes culturales Loren Mateo Castañeyra. “No se puede derribar algo sin haber estudiado antes los posibles valores que pueda tener”, agrega Loren Mateo. Y aunque no es su especialidad, considera que el interés de estos enclaves, sería “fundamentalmente etnográfico”, porque las estructuras hablan de “los usos y costumbres de una época ya tradicional”, así como de “una forma de vivir y una forma de relacionarse la gente”.

Además de los catálogos, o algún tipo de reconocimiento etnográfico específico de las prácticas y espacios costeros tradicionales, Canarias también llega tarde a la gestión de su litoral. Desde enero de 2023, la comunidad autónoma gestiona una parte de las autorizaciones y concesiones del litoral, aunque el Estado conserva funciones clave, como el deslinde y la recuperación del dominio público. La recién creada Dirección General de Costas está todavía pendiente de dotarse de personal y recursos, y tiene pendiente concluir el censo de núcleos costeros de Canarias que se anunció en 2024.

Por otro lado, la futura Ley de Gestión del Litoral y las Costas Canarias, cuya consulta previa se celebró en 2026, podría resolver muchos de los problemas con la Demarcación de gestión nacional. Pero todavía está en sus primeros estadios de trámite y deberá respetar el dominio público estatal, con lo que no está claro si podrá resolver la problemática de los núcleos costeros.

En cuanto a las acampadas, el Gobierno de Canarias está cerca de aprobar el reglamento que regulará los campings y acampadas en las Islas. La ordenanza insular que comenzó a redactarse el pasado mandato tampoco ha visto la luz, y de ahí que los ayuntamientos tampoco cuenten con un marco unitario para regular con garantías sus zonas de acampada.