Dicen querer lo mismo. Lo manifiestan como si fuera un derecho, como si hubiera alguna injusticia que reparar. Lola García y Oswaldo Betancort, presidentes de los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote respectivamente, reclaman para sus islas una norma equivalente a la llamada «Ley de Islas Verdes», ese instrumento jurídico diseñado en origen para La Palma, La Gomera y El Hierro. La petición, revestida de agravio comparativo, esconde una operación de una transparencia demoledora: quieren más suelo. Más suelo para más construcción. Más construcción para más especulación. El mismo modelo que ha arrasado el litoral, pero esta vez hacia el interior, eso sí, travestido de tipismo.

La «Ley de Islas Verdes» —cuya genealogía arranca en 2002 y que cristaliza en la Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de  La Palma, La Gomera y El Hierro— nació formalmente con una justificación razonable: aquellas islas, sin apenas playas ni infraestructura hotelera de costa, necesitaban instrumentos propios para un desarrollo turístico sostenible y diferenciado. Se les permitiría, bajo parámetros de supuesta integración ambiental y arquitectónica, implantar unidades de alojamiento en suelo rústico. La compensación por no tener litoral explotable era poder construir en el interior. Eso, al menos, era el argumento.

Pero conviene poner en evidencia lo que nadie quiere subrayar. El artículo 2 de esa ley declara sin rubor que su objeto es «la incorporación del suelo rústico al desarrollo económico y social, mediante su utilización como soporte de la actividad turística». Todo lo demás —la integración paisajística, el respeto a la arquitectura local, la fijación de población rural, el apoyo al sector primario— es el envoltorio. La sustancia no es más que convertir el suelo rústico en suelo turístico, y denominarlo de otro modo no cambia lo que es.

Ahora bien, si aquella ley se justificaba precisamente en que las tres islas occidentales no son Lanzarote ni Fuerteventura, ¿qué argumento le queda a Lanzarote y Fuerteventura para reclamar ahora una ley similar? En apariencia, ninguno que no sea la codicia, pues estas islas no es que carezcan de litoral desarrollado, sino que lo tienen saturado. Su modelo es el que aquella ley pretendía compensar, y ahora quieren, además, el instrumento diseñado para quienes no lo tenían. Es como exigir la ayuda por desempleo mientras se cobra el sueldo.

García y Betancort encarnan con meridiana exactitud la lógica del «meter hasta que revienten» que caracteriza la gestión territorial de Coalición Canaria en estas islas. Una lógica que no conoce el concepto de límite, que confunde desarrollo con densificación, y que ante cualquier restricción normativa responde con la búsqueda de la excepción, la habilitación singular, la ley a medida. El territorio de Lanzarote —Reserva de la Biosfera, si alguien lo recuerda todavía— ha sobrevivido décadas de este esquema. Lo que queda en pie, de quedar algo, no es mérito de sus gestores. Es, más bien, a pesar de ellos.

Fuerteventura merece, en este punto, atención específica. El gobierno regional lleva años imponiendo en la isla infraestructuras de generación energética —aerogeneradores, instalaciones fotovoltaicas de gran escala— amparadas en la fórmula del interés general, ese concepto elástico que en manos de CC se estira hasta cubrir cualquier cosa. El paisaje majorero, de una austeridad y una belleza geológica irrepetibles, ha ido siendo salpicado de aerogeneradores y paneles bajo el argumento de la transición energética, sin que el cabildo que preside Lola García haya opuesto resistencia apreciable. Al contrario, ha observado el mecanismo con atención de alumna diligente. La receta es sencilla y eficaz. Se toma una necesidad real o inventada, se le llama interés general, se redacta o se reclama una norma habilitante, y el territorio queda a disposición de quien corresponda. Aerogeneradores hoy, alojamientos rurales mañana. El procedimiento es el mismo, cambia el beneficiario.

Hace aún  más sangrante, por si el consumo de suelo no fuera suficiente, la  demanda de la coartada estética. La ley que García reclama promete construcciones integradas en la tradición arquitectónica local. Pero lo edificado en Fuerteventura en las últimas décadas es un catálogo de los horrores, la prueba más elocuente de que esa tradición nunca ha sido ninguna prioridad. Invocarla ahora como argumento no es solo un desbordante cinismo: es la prueba de que quien destruye sabe perfectamente lo que destruye.

El contraste resulta difícil de sostener sin sonrojo. En el reciente I Encuentro Regional de los Consejos Científicos de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera, celebrado precisamente en Fuerteventura, Antonio Abreu, Director de la División de Ciencias Ecológicas y de la Tierra de la UNESCO, describió la isla como «un territorio extraordinario, con una identidad paisajística, cultural y ambiental muy singular», destacando su trayectoria en cooperación internacional y su condición de referencia reconocida «tanto en la región macaronesía como a nivel mundial». La máxima autoridad de la UNESCO en la materia elogiando el valor excepcional del territorio majorero, mientras la presidenta del cabildo que administra ese mismo territorio reclama una ley para abrir su suelo rústico a la implantación turística. Una contradicción que nadie parece advertir o que nadie quiere advertir. Igual, ahora podemos entender que deben dar toda la utilidad posible a esa autopista que rasga la isla de norte a sur y que pasa por paisajes, hoy, libres de construcciones, mañana, no sabemos.

Lo que se baraja con la réplica de la «Ley de Islas Verdes» para las orientales no es un instrumento de desarrollo equilibrado, sino la incorporación de una nueva categoría de suelo rústico al circuito económico, con el paisaje como recurso y la norma como palanca. García ha aprendido del gobierno de Clavijo que toda ocurrencia, si se reviste de ley, se vuelve legítima. Que todo atropello, si se nombra el interés general, encuentra amparo. Y que el territorio, a falta de quien lo defienda desde las instituciones, acabará cediendo. La Reserva de la Biosfera de Fuerteventura no es un título honorífico, es un compromiso. Uno que su presidenta está dispuesta a negociar. La clase política parece tentada a hacer determinadas cosas,  como quien mercadea —en términos que solo pueden ser figurados— el sometimiento de un menor bajo su tutela. La isla es ese menor desamparado, y algunos parecen su proxeneta.  Y el pueblo, callado, siempre dispuesto a hacer cola para su minuto de estupro.

El paisaje interior de Lanzarote no es un recurso infrautilizado a la espera de ser «puesto en valor» mediante alojamientos turísticos rurales. Es el paisaje. Su valor radica precisamente en lo que no tiene:  en la ausencia de construcción, en el silencio, en su contención, en la escala humana de sus pueblos, en los muros de piedra en seco que no aparecen en ningún catálogo de protección porque nadie se tomó la molestia de catalogarlos. Introducir en ese tejido el modelo de la «Ley de Islas Verdes» no es diversificar la economía, es exportar el problema del litoral hacia donde todavía no ha llegado. Y repetir, con otro nombre, lo que ya se ha hecho con los parques eólicos: ocupar el territorio que queda libre bajo el argumento de que está vacío.

Lo que Betancort y García llaman equiparación es, en realidad, una carrera cuesta abajo. No hacia la calidad, sino hacia la cantidad, no hacia un modelo diferente, sino hacia más de lo mismo con otro nombre. Y lo que llaman demanda legítima de sus territorios es, en lenguaje llano, la demanda de quienes llevan décadas beneficiándose del suelo y quieren seguir haciéndolo en las pocas hectáreas que aún no han tocado. Oswaldo y Lola deberían poner una inmobiliaria donde lo único que no parece caber son las viviendas para la población que quiere formar una familia y tener una vida digna.

Representan, en efecto, lo peor de la política insular: aquella que nunca tiene suficiente, que convierte el interés particular en causa pública, que aprende del depredador en lugar de frenarlo, y que encuentra en cada instrumento diseñado para proteger una oportunidad para destruir. Esos son Lola y Oswaldo, Oswaldo y Lola, deshonrosos  representantes de sus islas y disciplinados militantes del partido que tiene la retroexcavadora en su escudo de armas.