Domingo González Arroyo, conocido como el ‘Marqués de las Dunas’, ingresó en el centro penitenciario de Lanzarote para cumplir una de las condenas de prisión que se le impuso por delitos contra la Hacienda Pública.

González Arroyo se encuentra en el Centro de Inserción Social (CIS) Ángel Guerra, en Tahíche, que depende de Instituciones Penitenciarias, cuenta con 50 habitaciones y habitualmente es utilizado para internos que se encuentran en régimen de tercer grado o reclusos de edad avanzada.

El veterano político, de 86 años, fue alcalde de La Oliva durante 26 años, también fue consejero del Cabildo de Fuerteventura y diputado autonómico durante dos décadas, además de haber sido senador durante cuatro años.

El ingreso en el centro penitenciario se produjo el pasado 22 de junio, según ha podido confirmar Diario de Fuerteventura. Domingo González Arroyo ingresó en el plazo conferido por el Juzgado de lo Penal número dos con sede en Puerto del Rosario.

El cumplimiento de la condena de prisión está relacionado con uno de los dos casos de delitos contra la Hacienda Pública por los que fue sentenciado por el citado Juzgado en el año 2021.

En ese año, Domingo González Arroyo fue condenado por el Juzgado de lo Penal por delitos contra la Hacienda Pública a penas que sumaban seis años de prisión, si bien con posterioridad la Audiencia Provincial rebajó esa suma al revocar la condena sobre alguno de los delitos.

En el caso por el que ahora está cumpliendo condena, el Juzgado de lo Penal sentenció que el exalcalde de La Oliva había defraudado a través de una de sus empresas a la Agencia Tributaria unos 785.352 euros, por delitos cometidos en 2009 y 2010, penados cada uno con año y medio de prisión.

Con posterioridad, la Audiencia Provincial eliminó la relevancia penal del fraude correspondiente a 2009 al situarse por debajo del límite delictivo. No obstante, mantuvo el delito fiscal relativo al ejercicio 2010, con una cuota defraudada de 619.767 euros, la condena a año y medio de privación de libertad por ese ilícito, así como una multa de 1,2 millones de euros, unos 330.000 euros menos que la sentencia de instancia.

Estos casos judiciales confirmaron la trama empresarial oculta del ‘Marqués’. Los hechos relacionados con la mercantil Conlaofu, que son los de la condena que ahora está cumpliendo, González Arroyo como administrador de hecho, presentó declaraciones del Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de 2009 y 2010 con bases imponibles contrarias a la normativa tributaria y aplicaron de forma improcedente la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), con el fin de eludir el pago de impuestos.

Claves del caso

La Justicia considera acreditado que Conlaofu adquirió en 1987 una finca situada en Corralejo por 700.000 pesetas, que posteriormente fue arrendada a la sociedad PILA SA, explotadora de una estación de servicio.

En julio de 2009 la finca fue dividida en dos parcelas. Ese mismo día, Conlaofu y PILA vendieron a DISA la parcela donde se encontraba la gasolinera y la propia estación de servicio por un importe conjunto de cuatro millones de euros, de los que 850.000 euros correspondieron a Conlaofu.

En 2021 fue condenado por el Juzgado de lo Penal en dos ocasiones, por delitos contra la Hacienda Pública relacionados con una trama empresarial que mantenía oculta

Según la Audiencia, la sociedad no declaró la totalidad del beneficio obtenido con esa operación y dotó de forma improcedente la Reserva para Inversiones en Canarias.

No obstante, modifica parcialmente el relato de hechos del Juzgado de lo Penal al considerar que los 212.315 euros descontados del beneficio declarado "muy probablemente se corresponden con obras llevadas a cabo entre los años 1998 y 2001 en la finca matriz". Como consecuencia, fija la cuota defraudada correspondiente al ejercicio de 2009 en 102.027 euros.

Respecto al ejercicio de 2010, la Audiencia confirma íntegramente que Conlaofu transmitió la segunda parcela segregada como aportación no dineraria para suscribir el 99 por ciento del capital de Lomos de San Roque SL por un importe de 300.000 euros, pese a que su valor pericial ascendía, al menos, a 2.186.609 euros.

El tribunal considera acreditado que esa diferencia permitió reducir artificialmente el beneficio sometido a tributación y que, además, la sociedad volvió a aplicar de forma improcedente la Reserva para Inversiones en Canarias. La resolución fija en 619.767,05 euros la cuota defraudada correspondiente al ejercicio de 2010.

La Audiencia mantiene igualmente probado que González Arroyo actuaba como administrador de hecho de Conlaofu, mientras que Eduardo Espinel figuraba formalmente como administrador de derecho, y que ambos participaron en la presentación de las declaraciones tributarias que dieron lugar al fraude fiscal investigado.

Vinculación con González Arroyo

La jueza del caso consideró acreditado que González Arroyo era el administrador de hecho de la empresa con la que se cometió el fraude a Hacienda. Hay varios hechos probados que lo acreditan. Por un lado, el representante de la petrolera DISA declaró en el juicio que negoció toda la operación de la gasolinera con el ‘Marqués de las Dunas’ y que llegó a acuerdos sobre las condiciones sin que tuviera que consultar nada.

La sentencia inicial describía el entramado empresarial de González Arroyo, formado por las sociedades Calaofu SL, Pila SA, Conlaofu SA, Lomos de San Roque SL, Infrarenta SA, Suministros Cuatro SL, Tostón Playa SL, Carburantes Lajares SL, Recambios La Oliva SL, Materiales de Construcción en Fuerteventura SL, Radiodifusión Fuerteventura SL y Picón La Oliva SL. Los diferentes administradores de este “entramado empresarial” están “todos relacionados con Domingo González Arroyo y vinculados laboralmente con Infrarenta SA”.

También recalcó la “confusión patrimonial” que hay entre las empresas y que actúan “bajo el principio de caja única, financiándose y atendiendo pagos unas de otras y operando como una suerte de grupo, de modo que la conclusión lógica es que están controladas de forma efectiva por una misma persona o personas”.