Siete años después de aprobar la ordenanza para regular el tránsito de buggies y quads por el medio natural de Fuerteventura, el Cabildo va a empezar a cumplirla. “Se ha notificado al Seprona y al resto de fuerzas de seguridad que pueden multar a las empresas que no están autorizadas para circular con las excursiones como hasta ahora”, afirman desde la institución.

La ordenanza aprobada en 2019 definía 10 rutas en las que podía desarrollarse la actividad, pero siempre que las empresas contaran con un cupo asignado, del que ninguna dispone a día de hoy. En teoría, el plazo de adaptación al nuevo sistema era de un año, pero los retrasos del Cabildo para adjudicar esos cupos han ido dilatando su puesta en marcha. La primera convocatoria, publicada en mayo de 2019, se acabó anulando seis años después sin haberla resuelto. La segunda se hizo en enero de 2025 y se presentaron casi 20 empresas, pero se dejó “en suspenso” durante meses. Ahora, al retomarla, el Cabildo les ha exigido que acrediten otro requisito que califica de “sobrevenido”, y que según las empresas es de “imposible cumplimiento”.

En su artículo 18, la ordenanza establecía que “todos” los vehículos con ánimo de lucro que circulen por esas rutas deben ser eléctricos. Para facilitar la adaptación, en la misma ordenanza se estableció una moratoria de seis años, pero venció ya en abril de 2025. Sin embargo, no fue hasta febrero de este año cuando la Corporación comunicó a los interesados que debían acreditar que disponían de vehículos eléctricos.

La respuesta fue una avalancha de alegaciones de las empresas, que afirman que esa norma les avoca al “cese” de la actividad. Es decir, aunque deberían llevar más de un año operando con vehículos eléctricos, la realidad es que ninguna ha adaptado su flota. Solo una de las aspirantes aportó en febrero un justificante del “pedido” de tres vehículos eléctricos, aunque ahora le han requerido más documentación para acreditarlo. El resto quedaría fuera, porque sus alegaciones han sido rechazadas

Modificación frustrada

En la convocatoria que publicó el Cabildo en enero de 2025 no había ninguna referencia expresa a este requisito, pese a que estaba a punto de entrar en vigor. Según consta en el expediente al que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, en ese momento hubo varios requerimientos de documentación adicional a las aspirantes -incluso varias fueron descartadas por no aportarla-, pero ninguno relativo a que acreditaran disponer de vehículos eléctricos.

No obstante, el Cabildo sí era consciente de esa situación. De hecho, intentó llevar a cabo una modificación de la ordenanza, pero se enfrentó a un informe técnico negativo del área de Medio Ambiente. “De conformidad con la normativa ambiental aplicable, cualquier modificación de la ordenanza que elimine la exigencia de utilización de vehículos eléctricos debería someterse al correspondiente procedimiento de evaluación ambiental”, advertía el dictamen.

La ordenanza choca con el Plan de Recuperación de la Hubara Canaria

El mismo servicio ha emitido otro informe ahora para responder a las alegaciones de las empresas, en el que advierte que las rutas que estableció la ordenanza discurren “por áreas de alta sensibilidad para la conservación de especies incluidas en las categorías de en peligro de extinción y vulnerable”. En cuanto al impacto que tiene esta actividad sobre la fauna, subraya que “existen abundantes artículos científicos en los que se evidencian los efectos perjudiciales del ruido en procesos fundamentales como la nidificación, la búsqueda de alimento, la reproducción y los patrones de comportamiento”.

Al respecto, aclara que el uso de vehículos eléctricos no evitaría todos los “impactos” que causa esta actividad -entre los que además del ruido incluye emisiones de gases de efecto invernadero, partículas en suspensión (polvo), erosión y contaminación del terreno”-, pero sí reduciría algunos. “Con independencia de la motorización empleada, esta actividad genera impactos ambientales sobre la calidad del aire, el suelo, los ecosistemas y la biodiversidad. No obstante, la utilización de vehículos eléctricos representa una alternativa claramente más favorable desde el punto de vista ambiental”, concluye.

Otro frente abierto

La ordenanza fue duramente cuestionada en su día por distintas asociaciones ecologistas, porque las 10 rutas que habilitaba para el tránsito de quads, buggies, motos trial y vehículos similares atravesaban en muchos casos espacios naturales protegidos o incluidos en la Red Natura 2000. Además, denunciaban que no había sido sometida a una evaluación de impacto ambiental. Ahora, esa ordenanza ha chocado también con el Plan de Recuperación de la Hubara Canaria que tramita el Gobierno de Canarias.

De hecho, ese fue el motivo que trasladó el Cabildo a las empresas para dejar “en suspenso” hace más de un año la segunda convocatoria para la asignación de cupos. Un informe técnico, emitido a raíz de una consulta de la Consejería de Transición Ecológica, advirtió que seis de las rutas afectaban a esa normativa de protección de la hubara. “De continuar con el citado Plan en dichos términos, se deberá proceder a la modificación de la Ordenanza para la eliminación de las seis rutas afectadas”, señalaba la consejera de Ordenación Territorial del Cabildo, Nereida Calero, en un escrito remitido a todas las empresas aspirantes en mayo de 2025.

Las empresas presentaron una avalancha de alegaciones, todas rechazadas

El Cabildo presentó alegaciones y volvió a paralizar la adjudicación de los cupos hasta conocer “el texto definitivo” del Plan, pero el pasado mes de febrero cambió de criterio y decidió retomar la convocatoria. “Considerando que han transcurrido más de seis meses desde la aprobación del avance del Plan de Recuperación de la Hubara, sin que hasta el momento se haya culminado, es por lo que se considera oportuno continuar con la tramitación de la convocatoria publicada”, comunicó el Cabildo a los interesados.

Esta vez, quien firmaba el escrito como consejero de Ordenación Territorial en funciones era Adargoma Hernández, que también planteaba por primera vez el otro escollo: las empresas debían acreditar que contaban con vehículos eléctricos. En la comunicación que les envió, el consejero explicaba que habían intentado “aplazar la aplicación del requisito mediante la oportuna modificación de la Ordenanza”, pero añadía que “tras una serie de trámites, no ha resultado viable”.

Mapa de las rutas de quads aprobadas en el medio natural de Fuerteventura.

Empresas indignadas

En las alegaciones que presentaron tras recibir ese escrito -la mayoría casi idénticas-, las empresas coinciden en que la aplicación de esa norma implicaría “el cese forzoso de la actividad empresarial”, la “pérdida de inversiones significativas” y “la destrucción de puestos de trabajo” en el sector. “La exigencia resulta actualmente de imposible cumplimiento”, sostienen.

Además, consideran “jurídicamente contradictorio” que el Cabildo exija este requisito cuando la propia ordenanza está en el aire, a la espera de la aprobación definitiva del Plan de Protección de la Hubara Canaria, que podría obligar a modificar o eliminar algunas de las rutas previstas. “No puede sostenerse que el marco territorial esté en revisión y, simultáneamente, imponer inversiones estructurales e irreversibles a los operadores económicos que dependen de ese mismo marco”, alegan.

Por eso, entre sus peticiones incluyen que se anule ese artículo de la ordenanza relativo a los vehículos eléctricos, que se apruebe una nueva moratoria temporal e incluso que se suspenda el procedimiento de adjudicación de cupos hasta la aprobación del Plan de Protección de la Hubara. Es decir, en definitiva, continuar como han estado operando hasta día de hoy. Lo contrario, afirman, sería un “golpe letal al turismo activo en Fuerteventura”.

Su principal argumento es que “no existe en el mercado un buggy eléctrico homologado para uso profesional intensivo con autonomía suficiente, ni infraestructuras de recarga que permitan la viabilidad real del servicio”. En definitiva, que la tecnología no permitiría el ritmo diario de su actividad. Por eso, defienden que “exigir el cumplimiento inmediato de un requisito técnicamente inexistente supone imponer una obligación de imposible cumplimiento y produciría la expulsión del mercado de empresas consolidadas, sin que exista afección ambiental acreditada”.

Ruta en el norte de la Isla.

Respuesta técnica

Para dar respuesta a estas alegaciones, la técnica de Ordenación Territorial solicitó el apoyo de otras áreas del Cabildo. El resultado fueron dos informes técnicos: el de Medio Ambiente, que confirma la existencia de afecciones derivadas de esta actividad, y otro del Servicio de Industria y Actividades Clasificadas, que rechaza de plano la tesis de la “inviabilidad técnica” defendida por las empresas.

Este último informe, fechado el pasado 16 de marzo, sostiene que existe “mercado europeo suficiente” de vehículos eléctricos homologados para uso profesional intensivo, e incluso incorpora una tabla de modelos disponibles con autonomías y potencias que, según afirma, permitirían desarrollar rutas como las de Fuerteventura sin limitaciones estructurales.

En la misma línea, descarta el argumento de la falta de infraestructura de recarga, y apunta que los alegantes están “confundiendo” términos. Al respecto, recuerda que “la red pública es un soporte extraordinario”, para servir de “respaldo”, pero “por normativa técnica y eficiencia económica, toda actividad industrial de transporte debe disponer de instalaciones propias de recarga en sus bases de operaciones”. “Pretender que la actividad dependa exclusivamente de la red pública es un error de planificación logística”, subraya.

Rutas en Jandía.

El informe también rebate las referencias al terreno, la orografía o la salinidad, que las empresas utilizan para justificar la dificultad de adaptación de sus flotas. Frente a ello, sostiene que los vehículos eléctricos son incluso más adecuados para las condiciones de esas rutas. Además, apunta que si el propio Cabildo está incorporando guaguas y vehículos eléctricos pesados a su flota, no resulta “coherente” sostener que los vehículos ligeros destinados al turismo activo sean inviables.

Con todo ello, concluye que “las alegaciones presentadas carecen de fundamento técnico y se basan en una resistencia al cambio de modelo energético” o a las “inversiones económicas” que requiere, y que “es probable que no estén dispuestos a asumir”. Además, deja claro que la viabilidad económica o la relación coste-beneficio de la actividad “no son objeto del presente informe”, cuyo alcance se limita a determinar si existen o no alternativas tecnológicas disponibles.

En base a esos informes, desde el Cabildo han confirmado a este medio que ya han procedido a rechazar las alegaciones y a cursar esa notificación a los cuerpos de seguridad, para que en sus inspecciones verifiquen que se está cumpliendo la ordenanza, que lleva siete años en vigor pero nunca ha llegado a aplicarse de forma efectiva.