Cuando Habub dejó el campamento de refugiados de Tinduf, en el desierto de Argelia, jamás pensó que al llegar a España estaría sin papeles y sin poder trabajar. Tampoco se le pasó por la cabeza que los saharauis se quedarían fuera del plan de regularización del Gobierno de España que tiene previsto beneficiar a unos 500.000 migrantes.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 14 de abril el Real Decreto para la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes, una medida calificada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, como “uno de los grandes hitos de la legislatura”. Sin embargo, el texto definitivo dejaba fuera a los solicitantes de apatridia a pesar de que sí habían figurado en el borrador de la norma.

Habub lleva días que apenas duerme. Tiene la sensación de haberse quedado descolgado de la única esperanza que tenía en España para conseguir los papeles y no estar esperando entre los dos y tres años, el plazo que se suele tardar para obtener el estatuto de apátrida.

Nació hace 24 años en el campamento de jaimas de Dajla, en el desierto argelino. Sus padres lo hicieron en El Aaiún, la capital del Sáhara, cuando aún ondeaba la bandera española. Años después, sus progenitores fueron parte de los miles de saharauis que tuvieron que huir a Argelia cuando Marruecos inició la Marcha Verde en noviembre de 1975.

Habub viajó a España en septiembre del año pasado cansado de no encontrar futuro en el desierto. “Me vine para buscar trabajo. La vida allí es muy dura. Hace mucho calor, no hay trabajo. No hay muchas oportunidades para estudiar ni para buscarte la vida”, confiesa e insiste: “Es un campamento de refugiados”.

El joven se lanzó a la patera hace ocho meses. Salió de Argelia y pisó suelo en Almería. No era la primera vez que viajaba a España. De niño fue uno de los miles de menores saharauis acogidos por este país a través del programa Vacaciones en Paz. “Vine con una familia española a Cádiz durante siete veranos. Ellos me han ayudado mucho con los papeles”, dice Habub.

Tras llegar a Almería se vino a Fuerteventura, donde reside una hermana desde hace unos dos años. Hace siete meses, solicitó el estatuto de apátrida. Pensó que esa sería la vía más rápida para obtener los papeles y ponerse a trabajar. En los campamentos del Sáhara, su familia espera por la ayuda que le prometió enviar desde España.

El estatuto de apátrida reconoce legalmente a toda persona que no es considerada como nacional suya por ningún estado. En 2025, casi 3.600 personas solicitaron protección en España por apatridia y se resolvieron favorablemente, en contra o se archivaron 2.242. La Memoria de 2024 habla de 2.071 solicitudes y 854 casos gestionados.

Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones actualizados hasta diciembre de 2025, en España viven 11.516 personas apátridas, de las cuales al menos el 95 por ciento son saharauis.

Los borradores en los que había trabajado el Ejecutivo incluían a los apátridas también como candidatos a obtener la regularización. Sin embargo, el dictamen del Consejo de Estado desaconsejó su inclusión y el texto definitivo dejó fuera al colectivo.

Vivir como apátrida supone una absoluta incertidumbre, es una arbitrariedad

El Gobierno justificó la exclusión de los solicitantes de apatridia apoyándose en el dictamen del Consejo de Estado, que cuestiona la inclusión de perfiles cuya situación administrativa ya está en proceso de resolución. Según esta argumentación, incorporarlos al mecanismo podría generar “inseguridad jurídica o solapamientos entre procedimientos”.

El abogado y especialista en apatridia, Sidi Talebbuia, cree que este giro de última hora obedece “más a una razón política que jurídica”. Seguramente, plantea, se deba a la reticencia de España a aceptar una documentación para poder aplicar este procedimiento en el que se exigen certificados penales, de nacimiento en caso de tener hijos menores o matrimonio. Más del 90 por ciento, apunta, “son de origen saharaui procedentes de los campamentos y documentados e identificados con documentos de la República Saharaui”. Por tanto, indica, “lo más probable es que el Gobierno haya optado por evitar tener que incluir estos documentos en este procedimiento extraordinario”.

Los solicitantes de protección internacional sí se pueden acoger a este proceso de regularización extraordinaria. “El razonamiento jurídico que utiliza el Consejo de Estado en este informe no tiene ninguna base legal. El razonamiento que se da para aceptar las solicitudes de los demandantes de protección internacional es perfectamente aplicable a los de apátrida. Son dos procedimientos especiales, contemplados en la Ley de Extranjería. Si se puede aplicar a uno también se puede aplicar a otro”, zanja el letrado.

Un demandante de apatridia, explica, “no tiene permiso de trabajo. Se encuentra en una situación mucho más precaria y sin acceso a los recursos previstos para la protección internacional”, sostiene el abogado.

Solicitantes de la regularización, en la sede de Entre Mares. 

Vivir en clandestinidad

El Índice de Apatridia en España 2023, desarrollado por la Red Europea sobre Apatridia con participación de Fundación Cepaim, destaca obstáculos graves en el acceso a derechos básicos y regularización para personas apátridas. El informe advierte sobre barreras en empleo, sanidad y ayudas sociales, con procedimientos de reconocimiento largos.

Sidi Talebbuia recuerda que los solicitantes de apatridia se encuentran en el limbo. Cuentan con permiso para permanecer en el país, “pero no tienen acceso ni a trabajo ni a residencia y eso los lleva a vivir en la clandestinidad laboral, en la explotación y a sufrir las consecuencias de la clandestinidad”. En conclusión, “tienen un trámite que les permite vivir aquí, pero no les autoriza a poder desarrollar su vida en lo que se resuelve su solicitud”.

Sidi Talebbuia, abogado: la exclusión es “más una razón política que jurídica”

Vivir como apátrida, insiste el abogado saharaui, “supone una absoluta incertidumbre porque durante dos años y medio o tres esta persona tiene que estar en espera para obtener una resolución sin saber en qué estado se encuentra el expediente, sin acceso a  la evolución del proceso. Es una arbitrariedad absoluta”.

Es así desde la pandemia. En ese momento, se bloqueó el acceso a las administraciones y se exigía cita previa para los trámites. Los demandantes del estatuto de apatridia, explica el letrado, “no tienen un acceso a sus expedientes. La Oficina de Asilo atiende a los demandantes de protección internacional, pero a los del estatuto de apatridia no se les atiende por sistema. No tienen forma de pedir una cita, ni acceso a información sobre el estado de sus expedientes. Esto es una violación fragrante de la Ley del procedimiento administrativo 39/2015”.

La comunidad saharaui ha recibido la noticia de la exclusión de la iniciativa de regularización como un jarro de agua fría. Entienden la decisión como un nuevo golpe del gobierno de Sánchez a los saharauis. “Si entendemos que más del 90 por ciento de los solicitantes del estatuto de apátrida son saharauis no cabe duda de que hay un objetivo clave. No podían especificar claramente que este colectivo no pudiera estar incluido, porque sería anticonstitucional, pero estarían determinando a quién quiere que se aplique y a quién no de forma indirecta”, señala Sidi.

Cuando Habub oyó hablar de los planes de regularización extraordinaria del Gobierno se ilusionó. “Me quedé feliz y pensé que iba a tener los papeles para poder trabajar y vivir, pero al final he visto que no tengo nada”, dice desmotivado. 

“No sé el motivo por el que los saharauis no podemos tener la residencia como el resto. Somos los primeros que debemos tener los papeles porque somos españoles. Nuestros padres son españoles y nacieron bajo bandera española. No puede ser que se les dé a todos los inmigrantes y a los saharauis no”, lamenta. Tras unos segundos en silencio, suelta: “Hace mucho tiempo que se olvidaron de los saharauis y ahora el Gobierno de Sánchez vuelve a olvidarse de nosotros”.

Cuando escucha que tiene que esperar entre dos y tres años para poder tener el estatuto de apátrida piensa que no puede “aguantar tres años sin trabajar”. Y la reflexión le lleva a decir: “Mejor me vuelvo a los campamentos”.