El municipio de Betancuria es el único de Canarias que incumple sus obligaciones en materia de transparencia, según los datos expuestos durante unas jornadas celebradas en Fuerteventura por el Comisionado de Transparencia de Canarias en colaboración con la FECAM.

El encuentro, bajo el título “Las obligaciones de transparencia desde la perspectiva de las entidades locales de Canarias”, reunió este martes a responsables públicos y personal técnico de las administraciones locales de la isla.

En la jornada participaron la comisionada de Transparencia de Canarias, Noelia García, junto a los jefes de servicio del organismo Miguel Ángel Herrero, responsable de Evaluación y Control de la Transparencia, y Teresa Casanova, jefa del Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales.

Durante la sesión se abordaron los principales retos en el cumplimiento de la normativa, con especial atención a la situación de Fuerteventura, donde los datos reflejan avances, aunque también áreas de mejora.

En la evaluación de entidades privadas correspondiente a 2024, se analizaron 41 entidades en la isla, de las que 15 incumplen sus obligaciones, dos alcanzan la máxima puntuación de 10 y tres obtienen calificaciones de suspenso.

En el sector público, el Cabildo de Fuerteventura obtuvo una puntuación de 9,28, situándose como referencia en transparencia.

Sin embargo, el ámbito municipal presenta debilidades relevantes. Los ayuntamientos de la isla registran la media más baja de Canarias, ligeramente superior al 6, y Betancuria figura como el único municipio incumplidor de todo el archipiélago. Por su parte, Puerto del Rosario es el único que alcanza una calificación de notable alto.

En relación con el derecho de acceso a la información, durante 2025 se registraron 35 reclamaciones en la isla, de las cuales 29 corresponden a casos de silencio administrativo y seis a resoluciones expresas.

Por administraciones, Puerto del Rosario concentra 10 reclamaciones, Betancuria seis, y La Oliva y Tuineje cinco cada uno.

Los datos reflejan que el silencio administrativo continúa siendo una de las principales debilidades en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Las jornadas tienen como objetivo reforzar la formación y concienciación de las entidades locales, fomentar buenas prácticas y mejorar el cumplimiento de la normativa para garantizar el acceso de la ciudadanía a la información pública.

El Comisionado de Transparencia ha reiterado su compromiso de apoyo y asesoramiento a las administraciones para mejorar los resultados en esta materia.