No es la primera vez que inicia el camino, pero ahora parece que sí lo culminará. El Ayuntamiento de La Oliva ha elevado al Consejo Consultivo de Canarias el acuerdo para resolver el contrato de concesión del complejo de ocio Baku, levantado hace dos décadas sobre suelo municipal y que se encuentra en gran parte en “estado de abandono”.

Con el dictamen del Consultivo en la mano, el Consistorio podría dar el último paso y resolver una concesión que entregó por 48 años una parcela pública de más de 159.000 metros cuadrados que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las peores postales turísticas de Fuerteventura y en un foco de inseguridad y vandalismo en una de las entradas de Corralejo.

No obstante, en el Ayuntamiento dan por hecho que el proceso no será pacífico y terminará en los tribunales. Es más, en el cruce de alegaciones e informes se aprecia que ya se ha desatado una guerra entre el Consistorio y la empresa Ociopark Corralejo, que ostenta la concesión desde 2005 y acusa a la institución gobernada por CC y PSOE de actuar con “inaceptable mala fe” y perpetrando un “flagrante engaño”, ya que estaban negociando una salida para el complejo Baku. Los contactos se habían venido produciendo en el marco de un procedimiento judicial emprendido por la empresa, que en 2021 reclamó un “reequilibrio” de los términos de la concesión.

Sin embargo, el último informe de la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Ravetllat, no deja lugar a dudas. La empresa tenía que pagar 36.000 euros al año de canon a la Corporación municipal, pero ha incumplido “durante más de 10 años” y “la deuda acumulada por este concepto se aproxima ya a los 400.000 euros”. Para la funcionaria, no se trata de una “demora” en el pago sino de “un impago puro y simple”, prolongado en el tiempo, y por tanto el “incumplimiento de una de las obligaciones esenciales”, lo que constituye una “falta muy grave”, que es “susceptible por sí sola de justificar la resolución del contrato”.

En el acuerdo, que se aprobó por unanimidad este pasado mes de febrero, se destaca que “los incumplimientos del contrato en que ha incurrido el concesionario son múltiples”, subraya que el informe del arquitecto municipal “constata con detalle el estado de abandono” de “buena parte de las instalaciones” y recuerda que la empresa estaba obligada a “conservar” en las “debidas condiciones de explotación” el complejo de ocio “durante toda la vida del contrato”. En ese sentido, ese “incumplimiento de los deberes de conservación y mantenimiento” también constituye “una falta muy grave” y legalmente es causa de resolución del contrato.

A ello se añade que nunca se llegó a realizar alguna de las obras proyectadas, en concreto la clínica situada en la misma calle que la Biblioteca y el Auditorio municipal. En un análisis técnico encargado por el Ayuntamiento se resalta que aunque la citada clínica estuviera “aparentemente terminada”, en realidad “solo existen las cuatro fachadas”, porque su interior “está en bruto”.

El arquitecto municipal añade que este edificio “nunca” se concluyó. Y la secretaria apostilla que si ya se considera falta muy grave el abandono en la ejecución de las obras sin causa justificada durante menos de 30 días, “mucho más ha de serlo cuando el abandono es definitivo y se convierte en inejecución”.

Indemnización

Uno de los aspectos clave van a ser las indemnizaciones que se van a reclamar tanto el Ayuntamiento de La Oliva como la empresa cuando se elimine la concesión. La Corporación municipal, que responsabiliza por completo a la empresa, va a tramitar en otro procedimiento “autónomo” la cuantificación económica de los “daños y perjuicios” como consecuencia de la resolución del contrato “por culpa del contratista”. El motivo de hacerlo así es por “la necesidad de agilizar el procedimiento de resolución contractual con la finalidad de poner fin a los actos vandálicos que tienen lugar en la parcela”, donde “existe un problema de seguridad pública que requiere de urgente intervención”.

La Oliva valora la concesión en un millón de euros y no pagará indemnización

El Ayuntamiento adelanta que no piensa indemnizar a Ociopark Corralejo por tumbar la concesión. Se agarra a un informe de auditoría, de diciembre de 2021, “en el que ya se pone de manifiesto que la resolución contractual en su integridad no implicaría coste alguno para la Administración”.

Ese informe establece que el valor de la concesión era hace cuatro años de poco más de un millón de euros. Pero por los “incumplimientos” en el mantenimiento, la “suspensión” de “servicios comprometidos” y la falta de ejecución de la clínica, entiende que “existe un deber” de la empresa “a indemnizar al Ayuntamiento por los daños y perjuicios ocasionados” por no menos de esa cantidad.

En sus alegaciones, el representante de la empresa, Manuel Millán Calenti, tacha de “inaceptable” esa conclusión del Consistorio. Sostiene que las instalaciones “fueron pagadas en su día por el concesionario y la ruina de las mismas resulta de la dejación por parte del Ayuntamiento” a las peticiones de Ociopark Corralejo para modificar los usos para adaptarlos al mercado turístico y por “la falta de vigilancia de la Policía Local”.

El empresario alude como causas del descalabro de Baku a la “crisis” que estalló en 2008 y a la “actuación” del Ayuntamiento, que en su opinión “parece que lo que busca es la ruina” del complejo “para que sean otros los actores que se apropien de las instalaciones”.

¿Y las hipotecas?

La entrega del suelo público municipal para el desarrollo del parque de ocio Baku se produjo en abril de 2003 y el proyecto de ejecución en noviembre de ese año. Inicialmente se fijó el importe del contrato en 17,4 millones de euros, pero en mayo de 2006 se modificó la denominada Plaza Europa y el área de recreo y se elevó a 21,2 millones. Al año siguiente se reformó el Jardín de la Naturaleza, con otro incremento de 728.000 euros. En sus alegaciones, Manuel Millán sostiene que la empresa ha invertido “más de 35 millones de euros”.

La empresa acusa al Ayuntamiento de “engaño” y le culpa de los destrozos

Sucede que el Ayuntamiento también permitió a Ociopark hipotecar la concesión: en 2005 por 20 millones y en 2006 en otros cinco millones. Cuando Baku abrió sus puertas lo hizo con esa mochila a cuestas. En 2011 se formalizarían otras dos hipotecas, de 4,5 y 1,3 millones de euros. En la contabilidad de la empresa figura un crédito sindicado de 24,7 millones con seis entidades, que ya no existen como tal. El mayor riesgo lo tienen ahora el Santander, Bankia y Unicaja.

Un informe del catedrático Tomás Ramón Fernández para La Oliva concluía que “de no mediar acuerdo” entre el Ayuntamiento y los acreedores hipotecarios, la institución “quedará liberada con la puesta a disposición de los acreedores del importe de la indemnización que pueda corresponder al concesionario”. Como se ha apuntado antes, esa indemnización no existiría. Los bancos también podrían haber asumido directamente la concesión, pero no han solicitado su derecho a la subrogación, aunque se les ha notificado.

Sin acuerdo

La empresa ha tratado de salvar parte del negocio: su última propuesta era devolver al Ayuntamiento 94.229 metros cuadrados (casi todo el Jardín de la Naturaleza, la clínica y el training golf) y quedarse con 58.492 metros.

Manuel Millán sostiene que la empresa ha invertido “más de 35 millones”

También pide compartir con el Consistorio la zona de restaurante y mercadillo, donde iría un recinto ferial, ampliar el parque acuático, reducir el canon o el “desalojo de los más de 100 ocupas que en la actualidad realizan actos vandálicos, violentos y comprometen la seguridad del espacio”.

Antes, había llegado a pedir tres millones de indemnización, que se le condonase parte de la deuda o alargar la concesión. Pero, para los servicios jurídicos municipales, la resolución total de la concesión es la fórmula “correcta”.