El Juzgado de Instancia e Instrucción número cinco de Puerto del Rosario ha ordenado subastar el complejo Casa Vieja, ubicado en La Oliva, por una deuda que se aproxima a los 3,6 millones de euros.

La subasta se divide en 12 lotes: el edificio central con el restaurante salió a subasta con un valor de unos 756.000 euros, mientras que las 11 villas que conforman el complejo tienen un valor cada una de unos 321.000 euros. En total, algo más de 4,2 millones de euros.

La subasta judicial en vía de apremio se dirigió inicialmente contra la empresa Inversiones Turísticas El Cotillo, en calidad de deudor hipotecario. Aunque consta en la actualidad como inactiva, con anterioridad tenía como administrador único a Andrés Bardeau de La Vega y en 2003 llegó a ingresar 27,5 millones de euros.

El pleito lo inició la Sareb, el conocido como ‘banco malo’, que luego traspasó su posición a una compañía irlandesa

Andrés y Carlos Bardeau estuvieron señalados en el denominado caso Oasis, en el que fueron acusados de desviar la facturación de su actividad turística a través de otras empresas para eludir deudas millonarias con la Agencia Turística.

Ambos fueron absueltos en primera instancia, si bien el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ordenó repetir el juicio contra uno de ellos en relación a operaciones de la empresa Blokimax.

En la documentación judicial de la subasta también figura como ejecutada, en calidad de hipotecante no deudora, Begoña González Segura, y también otra empresa vinculada a Bardeau, Inversiones Inmobiliarias Tagarote, que aparece como propietaria de alguna de las fincas.

El procedimiento de ejecución lo inició la Sareb, el conocido como ‘banco malo’, que absorbió los denominados activos tóxicos de entidades bancarias, porque los créditos no se habían devuelto. La Sareb transmitió su posición en el pleito en 2023 a la compañía irlandesa Cref Tas Designated Activity Company.

La Agencia Tributaria comunicó al Juzgado que tenía un expediente de apremio por más de 2,5 millones de euros vinculado a estas propiedades

Según la documentación judicial, la deuda, en este caso, asciende a los citados 3,6 millones de euros entre importe principal e intereses, más otro millón de euros de intereses y costas de ejecución.

El préstamo hipotecario que no se devolvió se firmó en mayo de 2005. Cabe destacar que la Agencia Tributaria comunicó al Juzgado que tenía un expediente de apremio por más de 2,5 millones de euros vinculado a estas propiedades.