El gerente de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, ASCAV, Javier Martín Vera, anuncia, tras reunirse con los asociados en todas las Islas, incluidos los de Fuerteventura, que “ahora mismo en toda Canarias hay una preocupación generalizada por la clasificación de la actividad”. Desde este pasado mes de diciembre entró en vigor la denominada Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda. El colectivo de propietarios agrupa a unos 2.200 asociados, dueños de viviendas vacacionales.

El Gobierno de Canarias prevé introducir una moratoria de un año para que las viviendas vacacionales se adapten a la exigencia de tramitar la vivienda como actividad clasificada, una de las obligaciones más polémicas de la ley, y traslada a los ayuntamientos la tramitación de licencias.

“Supone el exterminio de la vivienda vacacional para justificar su desidia en la política de vivienda y responde a las presiones del sector turístico”, resume el directivo de la asociación de propietarios. De las 70.000 viviendas vacacionales que operan en la actualidad en las Islas podrían permanecer en activo solo unas 9.000, si se aplica la ley en los términos previstos, considera Martín Vera.

“Se busca imponer un único modelo de turismo y se cierran las puertas a una modalidad de turismo que es permeable a la sociedad canaria, en la que participamos los canarios, y ni siquiera se hace una diferenciación entre los grandes propietarios y los pequeños, a estos últimos se les deja tirados”, sentencia.

El gerente de ASCAV expone que hay mucha controversia porque “cuando uno es propietario y explota su propio inmueble hablamos de un rendimiento de capital inmobiliario y no de una actividad económica que conlleve clasificar una actividad que, para la propia Agencia Tributaria, no es tal”. “Por eso genera muchos conflictos” esa tramitación como actividad clasificada “por parte de los ayuntamientos”, añade.

No solo eso, Martín Vera añade que muchos ayuntamientos ahora tienen que redactar un procedimiento y algunos piden el alta en actividad económica, lo que supone para un pensionista perder su paga. “Nos encontramos en los ayuntamientos con arbitrariedades e interpretaciones para todos los gustos, y eso hace que sea inviable el procedimiento o que no tenga una seguridad jurídica, ni un criterio uniforme en la aplicación”, subraya. El colectivo ASCAV no se niega al cumplimiento, dice su gerente. “Pero vemos que la norma no tiene una buena intencionalidad”.

Complejos turísticos

La disposición transitoria sexta de la Ley regula el posible cambio de uso de edificaciones turísticas a residencial en determinados supuestos y bajo decisión municipal, un precepto que el Gobierno autonómico estaría dispuesto a derogar. Ha sido polémica porque supone abrir una puerta a la vivienda vacacional en los complejos turísticos, pero lo que no dice, según Martín, es “que tengan una especialización de uso en los ayuntamientos”. “Es un brindis al sol”, resume.

El gerente de ASCAV cuestiona “por qué no aprovecharon en esta ley y pusieron sobre la mesa la situación que sufren los complejos turísticos, abandonados por las explotadoras tras la crisis del 2008 y la incertidumbre en la que viven muchas personas allí”. Para el directivo de la asociación, el proceso legislativo “hubiera sido el momento para aprovechar y darle una certidumbre, regularizar muchas viviendas vacacionales en complejos turísticos del sur de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote o Fuerteventura”.

El gerente de ASCAV advierte que la nueva ley pone en peligro el modelo vacacional

Así, señala que el uso de la vivienda vacacional siempre ha sido residencial, mientras que una vivienda en un complejo turístico no tiene respaldo para inscribirse como vacacional, porque esos inmuebles están sometidos a la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias de 1995.

Lo que ha sucedido en los últimos años es que, como los complejos turísticos no cumplían con la normativa tras residencializarse, sus propietarios han comercializado con sus apartamentos como vacacionales, pero no tienen amparo legal.

Por eso, ASCAV planteó la posibilidad de regularizar esas viviendas, para que tuvieran seguridad jurídica, estuvieran controladas, pagaran sus impuestos y se integraran en la norma de la vivienda vacacional, para dar cobertura a las diferentes realidades que, en la práctica, coexisten en el mercado.

“Sin embargo, el Gobierno canario ha hecho caso omiso”, sentencia Martín Vera. Y añade que no ha incluido ni una sola de las aportaciones de ASCAV, ni las opiniones del Consejo Económico y Social, ni siquiera los informes jurídicos. “Cuando se aprueba una Ley por imperativo, luego saldrán las modificaciones, pero nosotros dudamos”, aclara el gerente de ASCAV.

Javier Martín explica que ha trascendido que la nueva Ley que regula la vivienda vacacional en las Islas podría ser modificada en breve, mediante Decreto Ley, por lo que ruega al Gobierno de Canarias, “una vez más”, que se permita al colectivo participar en esas correcciones, al considerar que su visión “es fundamental para enmendar los errores hasta ahora cometidos”.

Sin vivienda social

Martín Vera considera que no se puede seguir culpando al sector vacacional de la falta de vivienda en los núcleos urbanos y turísticos de las Islas. En muchos municipios turísticos no se ha tenido en cuenta al residente, obligando a los trabajadores a residir fuera de los núcleos con establecimientos alojativos, y tampoco se ha construido vivienda social.

El colectivo denuncia falta de diálogo por parte del Gobierno y de seguridad jurídica

“Claro que tenemos más presencia en los municipios turísticos, un 20 por ciento de vacacional en La Oliva, pero solo hay un dos por ciento en Puerto del Rosario, y el problema de la vivienda es el mismo en ambos municipios para los residentes”, considera el gerente de ASCAV.

Según Martín Vera, llevan 15 años sin construir vivienda social ni habilitar suelo, “edificando de forma extensiva, en una ciudad como Puerto del Rosario, donde no se construye en altura, en un territorio insular frágil y limitado”. “Pero la culpa de todo es de la vivienda vacacional”, ironiza.

Asociados de ASCAV en Fuerteventura. 

Seguridad jurídica

Para ASCAV, la vivienda vacacional es la única alternativa que da seguridad jurídica al propietario, que con el marco legal actual se siente desprotegido. Martín Vera dice que nadie se atreve a firmar un contrato de alquiler de larga estancia porque cada vez hay más gente en situación vulnerable y, ante comer o pagar el alquiler, dejas de pagar.

“No es que las viviendas vacacionales se estén enriqueciendo tanto, les aporta un beneficio cuando no existe otra opción, porque el alquiler de larga temporada es muy inseguro y, si no las explotan en vacacional, las van a dejar cerradas porque no quieren arriesgarse”, afirma el gerente de ASCAV. En su opinión, los datos demuestran que hay cada vez más viviendas cerradas, que no salen al mercado de alquiler de larga duración.

Afección social

Para Javier Martín, las cadenas hoteleras prefieren que no prospere el sector del alquiler vacacional mientras aplican un aumento en sus precios, que dificultan, por ejemplo, que una familia pueda hacer turismo en otras Islas. La nueva Ley dedicada a la vivienda vacacional, opina, se basa en “falacias” y “afecta socialmente a todos los canarios”.

Finalmente, ASCAV entiende que es esencial regularizar la vivienda vacacional pero “de forma consensuada”. “No interesa decir cuántos puestos de trabajo indirectos genera la vivienda vacacional, más de 60.000 puestos” en las Islas, destaca Martín Vera, que cita un estudio de la Universidad de La Laguna, que estima 0,89 empleos por cada vivienda vacacional. “Y existen unas 70.000 en Canarias en la actualidad”, concluye.