-En diciembre se aprobó el presupuesto autonómico, que viene a ser el marco de referencia para los cabildos, puesto que el presupuesto del Gobierno central ni está ni se le espera. En el caso del Cabildo de Fuerteventura, el año pasado tuvieron que elaborar un Plan Económico Financiero, que justificaron por el esfuerzo inversor llevado a cabo. ¿Cuál es la situación económica actual del Cabildo?

-Nosotros tenemos una planificación desde que entramos en el Cabildo. Desde el primer día hemos tenido una hoja de ruta clara, centrada en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Hemos tenido una gestión intensa, densa, pero que ha beneficiado a la Isla y a las personas que viven aquí. Es verdad que en 2025 hicimos un Plan Económico, que nos obligó a ajustar ciertas partidas y priorizar inversiones, pero la ejecución del presupuesto ha sido bastante alta. En diciembre llevábamos más de un 80 por ciento de ejecución del presupuesto inicial, a falta de los datos definitivos, y se sabe que a final del ejercicio es cuando más se certifica. Esto demuestra que, a pesar de las dificultades, estamos trabajando de manera seria y responsable.

-¿Cómo responde a las críticas del Partido Popular, que ha acusado al grupo de gobierno de parálisis y falta de gestión?

-Piden la información en septiembre, cuando están en marcha muchas obras y certificaciones pendientes, y la publican en diciembre. Están mintiendo, dando una imagen falsa de la situación del Cabildo. Todos los que trabajamos en la Administración sabemos que las certificaciones se concentran al final del año. La realidad es que en lo que llevamos de mandato hemos gestionado expedientes que estaban paralizados. En cuanto al agua, que era uno de los grandes retos, hemos avanzado mucho, aunque quede camino. Salimos de la emergencia hídrica porque los datos y los informes del Consorcio y del Consejo Insular de Aguas lo avalaban. No podíamos mantener una declaración de emergencia de forma indefinida si los indicadores objetivos mostraban una mejoría clara.

“No permitiremos que las zonas de renovables se impongan sin criterio”

-¿Cuáles son las cifras que manejará el Cabildo este año?

-El presupuesto aumenta a 183 millones de euros, desde los 169 del año anterior. Esto representa un crecimiento del ocho por ciento, lo que nos permitirá mantener el ritmo inversor. Seguimos creciendo y ejecutando. Tenemos planificadas obras importantes: infraestructuras sociosanitarias como la residencia de mayores de Gran Tarajal, un proyecto que será un referente, la de salud mental que se recepcionará en 2026, y un centro de día en Costa Calma. También estamos trabajando en nuevas instalaciones adaptadas a las necesidades reales de nuestros mayores. En residuos también hay mejoras, y en reciclaje hemos avanzado con los ayuntamientos y la ciudadanía, fomentando la conciencia ambiental. En carreteras, hemos reasfaltado tramos como de El Roque a El Cotillo, en la zona de Salinas del Carmen o la propia autovía, con una inversión de tres millones. Estas actuaciones mejoran no solo la movilidad, sino también la seguridad vial.

-En cuanto al transporte público, fundamental para cohesionar las diferentes zonas de la Isla, ¿cuándo se prevé la licitación del nuevo contrato del servicio interurbano?

-La documentación del expediente y el pliego están completos, solo falta la evaluación del Ministerio de Transportes para su evaluación. Con el informe del Ministerio esperamos poder sacar la licitación en marzo. Se trata de un contrato de seis millones de euros anuales y en el presupuesto de este año hay ya recogidos unos cuatro millones, para los meses que esperamos que esté ya operativo. Esta licitación permitirá mejorar frecuencias, renovar la flota y dar un servicio adaptado a la realidad de la Isla. Tenemos una de las flotas más modernas del archipiélago, y queremos seguir por ese camino. También me gustaría aclarar que la gratuidad del transporte le cuesta al Cabildo nueve millones de euros, mientras que el Estado solo aporta 2,1 millones. Es una medida positiva, pero hay que exigirle al Estado que asuma el cien por cien, porque esos fondos del Cabildo podrían usarse en mejorar infraestructuras.

“La emergencia hídrica nos obligó a actuar con urgencia; ahora planificamos”

-Sobre el agua, que era el problema principal cuando accedió a la presidencia del Cabildo, ¿qué es lo que queda por hacer hasta las elecciones de 2027?

-Como no hay emergencia hídrica, los proyectos ya no se redactan y ejecutan a la vez. Hemos encargado a la empresa Tragsa ocho nuevos proyectos de redes de distribución y depósitos, sobre todo en el norte. En cuanto nos los entreguen, los adjudicamos. Lo más importante ahora es avanzar con el Gobierno de Canarias en la planta desaladora del sur, en la zona de Matas Blancas. Será una planta grande, que cuando esté finalizada contará con una capacidad de producción de 40.000 metros cúbicos al día. Es un proyecto clave que permitirá garantizar el suministro a una zona en crecimiento y evitar cuellos de botella en el sistema hídrico.

-¿Esa planta sustituirá a la de desaladora de Gran Tarajal, que ha recibido críticas por ruidos y vibraciones?

-No, es complementaria. La de Gran Tarajal seguirá, aunque podríamos reducir su uso. Además, se está ejecutando el primer plan de regadío en esa zona y se prevé más demanda de agua en el futuro. Por eso planificamos para 20 o 30 años. Y no es para crecer más porque no podemos crecer más. Ese es nuestro planteamiento con el reto demográfico: tenemos que buscar algún encaje jurídico para que en la isla de Fuerteventura no se den más autorizaciones hasta que no tengamos las infraestructuras básicas. Estamos hablando de agua, de educación, de sanidad o de servicios sociosanitarios. No podemos seguir creciendo en población y que las infraestructuras básicas se vayan quedando atrás. Tenemos claro que no queremos más crecimiento poblacional al ritmo que estamos creciendo.

“El Consorcio del Agua de Fuerteventura va a seguir siendo 100% público”

-Sobre las tarifas del agua, ¿se han planteado actualizarlas para equilibrar las cuentas del CAAF y que Cabildo y ayuntamientos tengan que dejar de cubrir el déficit?

-Hemos reducido mucho las aportaciones del Cabildo y ayuntamientos al Consorcio. Hemos bajado los costes eléctricos y hecho licitaciones que han mejorado la eficiencia. Ahora estamos sobre seis millones anuales de aportaciones. Mientras no solucionemos todos los problemas y no esté el servicio en condiciones, no vamos a actualizar las tarifas. Pero cuando funcione de forma adecuada, tendremos que hacerlo. Hace más de 20 años que no se actualizan. Lo que sí dejamos claro es que el CAAF seguirá siendo cien por cien público. No vamos a privatizarlo. Otros modelos han fracasado en otras Islas y queremos que los impuestos de la gente repercutan en su bienestar y no en beneficios privados.

-En los últimos tiempos el acceso a la vivienda a un precio asequible se ha convertido en un gran quebradero de cabeza para muchas familias en la Isla. ¿Qué se puede hacer desde el Cabildo?

-Hay un problema por el alza de precios o la compra de segundas residencias por parte de extranjeros. El Cabildo ha puesto cinco millones para rehabilitar vivienda protegida y ya llevamos 176 viviendas. Trabajamos con los ayuntamientos para recuperar ‘cascarones’ de edificaciones inacabadas. Y pedimos al Estado que nos deje usar parte de los 150 millones que tenemos en bancos para hacer vivienda e infraestructuras, porque Canarias está en situación de emergencia habitacional. Si no tenemos deuda ni incumplimos la estabilidad financiera, deberían permitirlo. Además, queremos invertir también en instalaciones deportivas para la juventud. Además de la vivienda, también hay que fomentar el bienestar y prevención de adicciones. Al Estado hay que decirle que no ponga límites para invertir en infraestructuras, porque al final es dinero de los majoreros y majoreras.

“Hay 150 millones en bancos: que nos dejen usarlos para vivienda”

-Una de las apuestas del mandato era actualizar el planeamiento, desde el PIOF a la ordenación de los espacios naturales protegidos o de las energías renovables... Especialmente en el ámbito energético la Consejería de Transición Ecológica está insistiendo en aprobar Zonas de Aceleración de Renovables en todas las Islas para guiar a los inversores privados. ¿Cómo está ese proceso?

-Lo primero que hicimos fue encargar el Plan Territorial Especial de Energías Renovables. Queremos tener ese Plan antes de definir Zonas de Aceleración. Esperamos que se pueda aprobar en los primeros meses del año. No vamos a permitir que se impongan sin criterio. Las decisiones energéticas deben ser nuestras, no de multinacionales. Llevamos a los tribunales el uso indiscriminado en Fuerteventura del artículo 6 bis [de la Ley del Sector Eléctrico Canario, para declarar instalaciones de interés general], por considerarlo un abuso. Queremos que las zonas para energías estén bien planificadas, lejos de áreas habitadas, sin afectar a valores paisajísticos o agrarios. Y la central térmica del Charco debe salir de allí. El Cabildo y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario han trabajado para eso. Hemos presentado alegaciones a la propuesta del Gobierno central para el desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica, con el asesoramiento de expertos como el catedrático Ricardo Guerrero. Y nos encontramos una sorpresita: hay quien se quiere apuntar medallitas, pero cuando tenía que presentar alegaciones no lo hizo. Tenemos claro que Fuerteventura debe liderar su transición energética, no sufrirla.

-En el Archipiélago está de pleno debate la instauración de tasas por acceder a espacios naturales protegidos, bajo el argumento de recaudar para su conservación y rebajar la presión turística. ¿Está trabajando el Cabildo de Fuerteventura en esa línea?

-Estamos trabajando muy en serio en ello. En ese sentido, Lobos es prioritario. Tenemos ya las ordenanzas y el plan financiero, valorando cuánto se puede cobrar. Queremos revertir ese dinero que se recaude en la conservación del propio espacio. Y también estudiando la posibilidad de hacer algo similar en Cofete. El control de estos espacios naturales es del Cabildo. Eso lo tenemos claro, es nuestra responsabilidad. Y pedimos que si otras administraciones quieren hacer algo, al menos nos reúnan primero. Somos mayorcitos y sabemos lo que tenemos que hacer para proteger nuestro territorio. Estamos hablando de espacios sensibles que requieren gestión responsable, no de decisiones unilaterales.

“No queremos más crecimiento poblacional al ritmo que estamos creciendo”

-En materia de patrimonio histórico, ¿se rehabilitarán los inmuebles adquiridos en el mandato anterior?

-Sí, tienen partidas presupuestarias. Queremos definir bien su futuro uso y la funcionalidad de esos espacios que forman parte de nuestras raíces. En La Florida trabajamos con la Universidad de Las Palmas, para definir un proyecto coherente. Es parte de nuestra identidad y vamos a cuidarlo. La Casa del Inglés tiene un valor patrimonial muy alto y no se puede hacer cualquier tipo de rehabilitación. Queremos usar también los remanentes para estas infraestructuras, si nos dejan. El patrimonio es cultura, pero también puede ser motor económico si se gestiona con inteligencia y respeto.