La comunicación de un supuesto pelotazo urbanístico en la isla de Fuerteventura pretende desatar las alarmas, y lo hace como si se tratara de un hecho aislado de lo que acontece desde décadas atrás en la isla, como si en el paraíso que hace tiempo que dejó de ser se hubiera colado un monstruo que viene a perturbar nuestra vida. Se trata de urbanizar más de un millón de metros cuadrados cerca de Puerto Lajas.

Hoy, nos alarmamos ante la reanudación de la ejecución del denominado como Plan Parcial Rosa del Lago, sin embargo, cuando ese plan se aprobó en el año 1999, a nadie sorprendió y fueron  pocos los que advirtieron que se trataba de un acto más de la vorágine especulativa y desarrollista en la que se movía la isla en aquella época, con unos niveles de crecimiento económico superiores a los de cualquier país de la UE.

Hubo un momento en el que Puerto del Rosario disfrutó del dudoso honor de albergar el solar más caro de España. Había tantas grúas de obras sobre la ciudad que era difícil imaginar el paisaje sin ellas. De esa época es, también, la iniciativa de construir la autovía y el nuevo aeropuerto, infraestructuras pensadas para una isla que se iba a comer el mundo. Hasta que llegó la crisis.

El hecho de promover la urbanización no debería llamar la atención si las condiciones en las islas fueran otras, digamos que de contención o de prudencia en su desarrollo. Dado que no parece que eso venga siendo así, debería estar lejos de que nos extrañe lo más mínimo. No sólo no debe sorprender, sino que podría ser la primera actuación de todo lo que podría desatarse.

Parto, para tal aseveración, de un hecho tan llamativo como es el trazado de la descomunal autovía que, como una gruesa cicatriz, está atravesando la isla de norte a sur. Una infraestructura tan sobredimensionada no se construye como un servicio para los majoreros, no, al menos, como un servicio al pueblo,  sino que parece atender a un plan, y este podría ser, tanto la búsqueda de los beneficios que se obtienen con su sola construcción como, además de lo anterior, el de preparar la isla con el objeto de adelantarse a todo lo que habrá de construirse en los próximos años. Lo paradójico es  que parece que hemos preferido no hacernos preguntas. La ceguera de la población es llamativa y muy censurable si a lo que se aspira es a otro modelo.

Los cálculos son viejos, tanto como esa intención de llegar a valiosos suelos que, hoy, son paisaje para muchos, pero solares para otros. Me sorprende, por tanto,  la ingenuidad -o la complicidad- del pueblo y de los grupos ecologistas, que no se han detenido a realizar reflexión alguna sobre el para qué de esa autovía, llevándose ahora las manos a la cabeza por la urbanización mencionada y sin querer  asociar una cosa y otra. Hablamos, además, de la eventual recalificación de suelos que sin autovía no lo querrían ni los alcaravanes a pesar de su alto valor ambiental, o podemos plantear que la mirada de algún grupo empresarial podría posarse sobre parcelas, ahora accesibles, para instalar placas fotovoltaicas en decenas de miles de metros de superficie. Todo es posible. No deberíamos olvidar que una reciente actuación, que, finalmente, fue abortada, pretendía acometer unas infraestructuras justificadas con fines culturales en un amplio y valioso suelo.

Podemos  hablar del coste de tal trazado y de los beneficios que viene generando desde años atrás a la empresa constructora,  pues se hace por entregas como un mal folletín.

La idea de hacer negocio, lejos de todo lo que suene a  contención y a racionalidad, está tatuada a fuego en el mundo empresarial, y para que se pueda materializar, en Canarias ha jugado sus cartas, ya no participando en la vida pública activamente, sino colocando a sus medianeros al frente del gobierno, de los cabildos y de los ayuntamientos, y pagando favores a todo el espectro político. Si no lo hacen unos lo harán los otros y siempre ganarán. Sirva como anécdota  el caso de Arrecife, en Lanzarote, donde un conocido empresario local colocó en las listas electorales a un empleado, el cual, tanto podía conducir una carretilla elevadora en una de sus empresas como lavar los vehículos del jefe. Por supuesto, era una apuesta a caballo ganador y el de la carretilla tuvo la responsabilidad en urbanismo durante un mandato con la plena conformidad del partido por el que accedió. El mismo empresario tuvo en el Cabildo como consejero a otro empleado en un área que era de interés de sus proyectos.  

Si valoramos actuaciones en curso, estamos lejos de concluir que este tipo de grandes infraestructuras viarias son propuestas surgidas desde la propia isla, pareciendo imposiciones del Gobierno de Canarias. En Lanzarote llevamos dos legislaturas del gobierno regional soportando como -antes el PSOE y ahora Coalición Canaria- se empecinan en sacar adelante una autovía paralela a la existente entre Arrecife y las inmediaciones del aeropuerto, frente a otras soluciones menos agresivas, más baratas y más sostenibles y que está siendo muy contestada hasta por CC en la isla. Del mismo modo, los planes que el Gobierno de Canarias realiza y que afectan a la isla están lejos de responder al interés general. Lo que debemos preguntarnos es sobre el otro interés, el del Gobierno, en que se ejecute contra la voluntad mayoritaria de los conejeros y menospreciando alternativas más blandas. Es esa la gran interrogante. Quién nos garantiza que en la época en que se promovió la autovía de Fuerteventura, en tiempos de Ildefonso Chacón Negrín, no fue lo mismo, y que el Gobierno no utilizó al político majorero para el gran negocio que viene resultando para las constructoras, así como el nicho de negocio que se abre a partir de su construcción para dar satisfacción a determinados intereses político-empresariales.

Parece la misma fórmula en ambas islas, sólo que la contestación social pone en evidencia las maniobras del Gobierno. Antes, todo era silencio y conformidad y una interpretación sesgada del concepto de progreso, ahora, algo más de cabeza tenemos y somos capaces de adelantarnos al catastrófico escenario que se avecina, a la pérdida de valores, de identidad y a esta fórmula de colonización programada por los propios canarios que no tienen remilgo alguno en pasar la pala por donde se les antoja. El depredador no viene de fuera, sino que vive entre nosotros.

Nos prometen la riqueza del turismo, pero en 50 años de experiencia sólo hemos sido los camareros y limpiadores que el sector demandaba. La riqueza llegó, de forma algo general -poniendo nervioso al sector de las multinacionales hoteleras- sólo cuando hemos podido destinar al alquiler muestras propias viviendas para alojar al turista, y el resultado de ello lo apreciamos en forma de encarecimiento e imposibilidad de encontrar alojamiento hasta para los hijos de Lanzarote y, en poco tiempo, para los de  Fuerteventura. 

Por supuesto, la responsabilidad de la falta de vivienda es del Estado, no de quien busca recursos del turismo para poder tener una vida mejor y educar a sus hijos. No en vano, con estos ingresos, no hacen más que intentar hacer frente al encarecimiento de la vivienda en las ciudades donde esos hijos se forman. Sin esos recursos, obtenidos del alquiler propiciado por el tirón turístico, no es factible para muchas familias de estas dos islas afrontar su educación superior. Y no hay ningún otro beneficio de ese sector a los que podamos acceder, pues pasan a las manos de unos pocos. Por tanto, “la riqueza que se obtiene del turismo”, es una afirmación bastante cuestionable porque no llega a la mayoría de la población,  que continúa con sus niveles de pobreza y sus dificultades para llegar a fin de mes.  

Nadie se pregunta a quiénes le hacen la cama los gobiernos autonómicos de uno y otro color político, dando formalidad a los negocios de terceros que quedan blindados por decretos y leyes. Léase, los asuntos relacionados con autorizaciones  amparadas en lo que denominan como de "interés general" para dar rienda suelta al particularísimo interés de unos pocos: infraestructuras eólicas o fotovoltaicas, principalmente, pero, también, planes generales, planes especiales, o de ordenación del territorio. Efectivamente, nada de ello nos beneficiará en tanto usuarios en el abaratamiento de la factura de la luz, o en nuestra calidad de vida, pero nuestro suelo quedará marcado por unas infraestructuras gravosas para el paisaje y para nuestro bienestar. Nuestras viviendas perderán valor junto a un campo de instalaciones fotovoltaicas y nuestra salud quedará comprometida, eso, a pesar de la existencia de alternativas menos impactantes y más ponderadas.

Lo que debería sorprendernos es que 26 años después de su aprobación, y sin que se hubiera ejecutado ni siquiera la urbanización, el Plan Parcial de Rosa del Lago siga en vigor. Ya saben que si algo caracteriza a este país es su poca querencia en cumplir plazos, ya sea de horas, de días, de meses o de años. Siempre hay una razón, una excusa, para explicar la falta de puntualidad o el incumplimiento de los plazos.

Tampoco debemos ignorar que la reanudación de las obras de urbanización no deja de ser un movimiento especulativo destinado a captar inversores. No es fácil. Hay dinero en el mercado extranjero, pero España no es un país que ofrezca garantías jurídicas. Además,  aunque, a priori,  la zona del plan parcial carece de los atractivos propios de la isla como es una playa, todo se andará,  pues las playas ya se hacen con cierta facilidad. En Lanzarote las hay artificiales, pero también en el resto del litoral canario. Una de las últimas ha sido la de Santa Cruz de La Palma.

Así que, probablemente, el dinero de los promotores del plan apenas dará para poner bordillos, arquetas y puntos de conexión de electricidad, pero sin tuberías de agua y sin cables. Y así quedará durante algunos años, a la espera de vender solares para construir viviendas adosadas. Y que sean los promotores de esas viviendas los que exijan al ayuntamiento los suministros de agua y luz. El campo de golf y el hotel pasarían al cajón del olvido.

Cabe preguntarse si los  aparentes desmanes tienen algo que ver con la gestión, personal o instigada por terceros, de personas como Hermoso, Román, Adán, Paulino, Clavijo o Ángel Víctor. No se trata de acusar gratuitamente a nadie sino de preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí si no somos los que hemos tomado decisiones ni hemos sido consultados.

Resulta muy relevante para la realidad majorera conocer el grado de implicación de nuestros conciudadanos dedicados a la gestión pública y a qué intereses representan. Como experimento, extrapolable a otras islas, valga el caso de La Gomera, quizás el más llamativo, aparentemente basado en un “déjame hacer” a cambio del incondicional apoyo para que el Gobierno obtenga la mayoría para hacer  lo que quiera. Son las reglas de juego que se han impuesto. Bien es cierto que en los tiempos que corren son otros y que contamos con mecanismos para denunciar determinadas prácticas, la mejor, parece la de poner el altavoz. Esto no lo es, pero sí un susurro para llamar la atención a las conciencias dormidas.

¿Acaso era esto lo que significaba ser comunidad autónoma y administrar nuestra mayoría de edad?