Diez diputados, 1.541 iniciativas al cierre de este reportaje y solo tres proposiciones no de ley dirigidas directamente a Fuerteventura. Ese es el balance de la presencia majorera en el Parlamento de Canarias en la primera mitad de esta legislatura, en la que la Isla tiene más representación que nunca. A los ocho diputados de la circunscripción insular se sumaron dos más que entraron por la regional: José Miguel Barragán, de CC, que es con diferencia el que ha tenido menor actividad, y Rafael Nogales, del PSOE, que también es de los que menos participa.

En más de dos años, Barragán solo ha llevado nueve iniciativas al Parlamento, de las que siete han sido preguntas orales y dos peticiones de datos, informes o documentos. No ha presentado ninguna Proposición no de Ley (PNL) y las 102 intervenciones que ha tenido en el pleno, han sido para responder a otros grupos en nombre de CC.

En el extremo opuesto se sitúa el diputado socialista Manuel Hernández Cerezo, que ha sido el más activo de la Isla, con amplia diferencia. En total ha presentado 383 iniciativas, que incluyen sobre todo preguntas y solicitudes de comparecencias y de información, pero también seis proposiciones no de ley, aunque solo una estaba dirigida expresamente a Fuerteventura.

Los parlamentarios majoreros han formulado más de 1.500 iniciativas, la mayoría de ellas preguntas

El segundo lugar lo ocupa la diputada de Nueva Canarias Natalia Santana, con 199 iniciativas; seguida de la socialista Rosa Cabrera (195), el diputado del PP Fernando Enseñat (185) y la diputada de CC Jana González (146).

Del total de 1.541 iniciativas que suman entre todos los diputados majoreros, la inmensa mayoría fueron preguntas orales y por escrito (867), peticiones de informes, datos y documentos (448) o solicitudes de comparecencias (114), muchas de ellas de ámbito regional. Solo 23 se tradujeron en propuestas concretas en forma de PNL, aunque 20 se referían a toda Canarias y únicamente tres estaban dirigidas a Fuerteventura, de las que solo se aprobaron dos.

Precio del combustible

La primera proposición no de ley para Fuerteventura la defendió Manuel Hernández Cerezo en diciembre de 2023, y llevaba la firma de todos los diputados majoreros y lanzaroteños del PSOE. En ella pedían que la bonificación al combustible que acababa de aprobarse para las Islas Verdes llegara también a Lanzarote y a Fuerteventura, aunque su intento no prosperó.

La PNL del PSOE sobre la bonificación al combustible fue rechazada en 2023

Adelantándose a las críticas de CC y el PP, que acusaron a los socialistas de no haber impulsado ninguna ayuda en esta línea mientras gobernaban en Canarias, Hernández Cerezo lanzó un mensaje: “Probablemente algunos de ustedes hablarán en sus intervenciones del Gobierno anterior, pero les aconsejo que no pierdan el tiempo, porque aquí no se debate bonificación sí o bonificación no, aquí lo que se debate es si se va a aplicar o no un trato justo, equilibrado y ponderado entre todas las islas no capitalinas”.

La respuesta de los partidos del Gobierno fue intentar introducir una enmienda, para que lo que se aprobara fuera encargar un estudio, pero el PSOE lo rechazó: “Miren, ya existe ese informe y está en la Consejería de Economía. Búsquenlo y léanlo. Y no hace falta ningún sesudo ejercicio de análisis para verificar esta notable diferencia de precios, salvo que lo que se pretenda con esta enmienda sea enredar y obstaculizar la adopción de esta medida”.

La PNL fue rechazada y poco después CC transformó su enmienda en otra proposición no de ley, a través de uno de sus diputados por Lanzarote. Se aprobó entonces encargar ese estudio, pero no tuvo efectos prácticos. Fue a principios de este año cuando se empezó a aplicar una bonificación adaptada a cada isla no capitalina, en función de la diferencia de precios que cada trimestre se constate -o no- respecto a Gran Canaria y Tenerife. En este último trimestre del año, Fuerteventura no contará con esa bonificación.

Tierras raras

La polémica por la tramitación de las solicitudes de investigación de tierras raras en Fuerteventura también llegó al Parlamento, y quien la llevó fue la diputada de NC Natalia Santana, en abril de 2024. Su PNL pedía instar al Gobierno a parar la tramitación de esas solicitudes y a no tramitar otras nuevas, y logró el respaldo casi unánime de la Cámara -a excepción de Vox- pero con matices.

CC y PP presentaron una enmienda transaccional que modificó la PNL y Nueva Canarias la aceptó, celebrando la unidad política para frenar “un auténtico atentado para las zonas protegidas” y “un disparate para la salud de los majoreros y majoreras”. Sin embargo, el diputado de CC Mario Cabrera llegó a afirmar en aquella sesión que lo aprobado se parecía “como un huevo a una castaña” a la propuesta inicial de NC.

La PNL contra las tierras raras prosperó, pero la polémica ha persistido

Cabrera defendió los cambios introducidos, entre otras cosas para dar más competencias a los cabildos y ayuntamientos en este tipo de trámites, pero también había otro matiz. “Si el parecer del pueblo de Fuerteventura es que no quieren el estudio de estas materias primas, tendremos que hacerlo desde la legalidad”, subrayó el PP, que ostenta la Consejería que admitió a trámite esas solicitudes.

Cinco meses después de aquella sesión, en septiembre de 2024, la diputada majorera de NC llevó a Pleno una pregunta para saber qué medidas se habían adoptado para dar cumplimiento a aquella PNL, y la respuesta del vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, fue que seguían buscando “los recursos jurídicos y los informes pertinentes”.

“En los próximos días tendré los informes que nos ayuden a tomar la decisión jurídica para evitar que haya indemnizaciones millonarias a quienes han solicitado esas autorizaciones”, señaló entonces. Más de un año después, las solicitudes aún no han sido anuladas y se han presentado dos más de una nueva empresa, mientras la Plataforma No Tierras Raras Fuerteventura acusa al Gobierno de seguir “ocultando información”.

En sus últimas declaraciones del pasado mes de julio, tanto Domínguez como el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, plantearon la posibilidad de comprar a través del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) “los derechos de prioridad que tiene la empresa para investigar tierras raras”, con el compromiso de no ejecutarlos después, aunque tampoco se han conocido nuevos pasos.

Parque tecnológico

La tercera PNL de los diputados majoreros dirigida a la Isla fue impulsada por el nacionalista Mario Cabrera, que reclamaba aumentar los fondos para el programa Canarias Geo Innovation que se desarrolla en el Parque Tecnológico de Fuerteventura. La propuesta se debatió el pasado mes de abril y fue aprobada por unanimidad, en este caso sin fisuras.

La propuesta de destinar más fondos al Parque Tecnológico se aprobó por unanimidad

“El Parque Tecnológico de Fuerteventura nos brinda una oportunidad de diversificación económica y laboral en el ámbito de las ingenierías, de las nuevas telecomunicaciones y de todos los distintos niveles profesionales en el sector aeroespacial para toda Canarias. El parque es un éxito, fruto de la total unidad política en la Isla y de una gestión muy profesionalizada y nada politizada”, reconocieron desde el PSOE, que presentó una enmienda, pero para aumentar el alcance de la PNL, pidiendo una financiación plurianual por parte del Gobierno regional.

Además, desde la oposición reconocieron el trabajo de Mario Cabrera, que impulsó este Parque Tecnológico cuando presidía el Cabildo de Fuerteventura. En su intervención, Cabrera recordó que el “embrión” nació en 2003, y defendió que “ha significado un punto de inflexión para la isla de Fuerteventura” y que “ya empieza a tener un repunte importante a nivel europeo y a nivel mundial”.

Ley para Cofete

A las tres PNL presentadas por los diputados majoreros se suma también un proyecto de ley, en este caso impulsado desde el propio Gobierno, que dio respuesta a una reivindicación histórica: la delimitación gráfica del asentamiento rural preexistente de Cofete, en el Parque Natural de Jandía. Fue el pasado mes de mayo cuando se llevó al Parlamento y también recibió el respaldo unánime de todos los grupos.

“Hoy cumplimos un compromiso adquirido por este Gobierno con los vecinos de Cofete”, destacó el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, que subrayó que esta ley “pone remedio a una situación de inseguridad que se ha extendido en el tiempo más de lo que los afectados hubiesen deseado”. En este caso también hubo una enmienda, pero conjunta de todos los grupos -de nuevo a excepción de Vox-,  para que ese reconocimiento fuera retroactivo a 1994, cuando la zona fue declarada Parque Natural ignorando la existencia de este asentamiento. Muchos vecinos afectados y distintas autoridades de la Isla acudieron a aquella sesión, que es la que ha tenido más efectos prácticos para Fuerteventura en lo que va de mandato. El otro debate de calado, sobre las tierras raras, aún sigue a la espera de materializarse en hechos.