-¿Cómo acaba un piloto con formación militar y en ejercicio en la aviación comercial siendo concejal en Puerto del Rosario?

-Mi padre era militar y eso nos llevó a vivir temporadas en distintas ciudades de la península, pero también mucho tiempo en Canarias. Siempre que pude regresé porque me siento canario desde muy joven. Con Iberia Express pasé por Tenerife y Lanzarote, y conocía Fuerteventura de cabo a rabo. Todas mis vacaciones las hacía aquí o en Lanzarote. Al final decidí fijar mi residencia en Fuerteventura por voluntad propia, no por trabajo: para volar tengo que desplazarme a Madrid, pero quería vivir en esta Isla.

-¿Cuándo decide dar el salto a la política local?

-Ocho años después de instalarme aquí, y fue casi por casualidad. Veníamos de una etapa convulsa a nivel nacional y compartíamos preocupación por la deriva política. El médico Francisco Sánchez, entonces coordinador local de Vox, me planteó que tenía un perfil útil para implicarme y empecé como coordinador en Antigua. En 2021, tras visitas de dirigentes nacionales, me propusieron llevar la organización en la provincia de Las Palmas. Me tocó armar estructuras desde cero, presentar candidaturas en todos los municipios y contribuir a que se obtuvieran concejales, consejeros y diputados. Esa experiencia me curtió en gestión y organización.

-Su perfil no es el habitual: no procede de la cantera de un partido, salió de Vox por estar en contra de la prospección de tierras raras en la Isla, mantiene su trabajo y ha anunciado que no quiere cobrar de la actividad política. ¿Cómo vive la experiencia en un ayuntamiento como el de Puerto del Rosario?

-Me ha sorprendido la excesiva politización y la lentitud de los procesos. En mi opinión, en las instituciones locales debe primar atender y resolver los problemas de los ciudadanos. Creo que la profesionalización excesiva de la política anquilosa la Administración. Yo he dejado claro que no vengo a vivir de la política: voy a devolver al Ayuntamiento las asignaciones del Grupo Mixto porque pertenecen a los vecinos y no las necesito para hacer mi labor. Son unos 11.000 euros y he renunciado a otros 14.000 hasta final de mandato. Y las dietas personales de asistencia a plenos las dono periódicamente a asociaciones de carácter social y sanitario y a proyectos educativos de ONG. Actúo por vocación y eso me permite hablar en conciencia, siempre consensuando y con el foco en dos criterios: beneficio para los ciudadanos y solidez jurídica y técnica para no generar problemas futuros a la institución.

“Actúo por vocación y eso me permite hablar en conciencia y consensuando”

-¿Ha encontrado receptividad a ese enfoque en el pleno del Ayuntamiento?

-Sí. He presentado 14 iniciativas y 12 se aprobaron por unanimidad. Se rechazaron dos: una bajada de impuestos y la celebración del debate del estado del municipio, aunque esto último se impulsará por otra vía. Mi planteamiento ha sido constructivo desde el primer día: apoyar lo que sea bueno para Puerto del Rosario y corregir lo que presente dudas legales o técnicas. Asfaltar una calle, reforzar la ayuda social a las personas necesitadas o mejorar el alumbrado no deberían tener color político. La gestión local exige acuerdos prácticos. Analizo cada propuesta con independencia del grupo que la presente. Si está bien armada y beneficia al vecino, lo apoyo; si presenta riesgos, propongo mejoras. Creo que no puede volver a pasar lo que ha sucedido con la sentencia de El Matorral. [El Ayuntamiento fue condenado a pagar 4,7 millones de euros por ocupar 6.500 metros cuadrados para calles y zonas verdes].

-Si tuviese la posibilidad, ¿qué cambiaría de inmediato en el funcionamiento del Ayuntamiento?

-Como le decía, reduciría la politización y reforzaría los controles en contratación. La figura del contrato menor es útil para dar agilidad, pero su abuso resta transparencia. Ya se está limitando su uso y me parece un paso en la buena dirección. También apostaría por planificar mejor: informes previos claros, cronogramas realistas y evaluación de impacto económico de las decisiones antes de aprobarlas.

-Hablemos de la operación Odín, que ha sido un auténtico terremoto en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. ¿Qué lectura hace como concejal?

-Respeto absoluto a la justicia, hay que dejar trabajar al Juzgado y a la Fiscalía, y presunción de inocencia para todas las personas investigadas. A partir de ahí, si se demuestran responsabilidades, seré el primero en pedir las máximas penas. Pero, además, creo que no deben analizarse solo algunos expedientes. [La Fiscalía centra la investigación en unos 36 contratos menores por cerca de un millón de euros]. Habría que analizar todos los contratos menores del pasado mandato y que sea la justicia la que diga si se cometieron irregularidades y en cuáles.

“La gestión local exige acuerdos prácticos: 12 iniciativas salieron por unanimidad”

-El Catálogo de Patrimonio ha generado debate, especialmente por la exclusión de los inmuebles de La Cornisa. ¿Qué posición mantiene?

-Reconozco la voluntad, por parte del alcalde, David de Vera, y del concejal David de León, de presentar un Catálogo, que llevaba años pendiente, pero se han evidenciado carencias: ha habido vecinos mayores que han recibido notificaciones sin identificar con precisión el inmueble afectado. Sobre La Cornisa, es necesario negociar y llegar a un acuerdo entre Ayuntamiento y propietarios. Se ha hecho mal desde el principio, desde 2017 [cuando se aprueba el Plan General de Ordenación]. También los propietarios lo han hecho mal presentando un PAMU (Programa de Actuación sobre el Medio Urbano) que sabían que no era acorde con el planeamiento. He pedido que se sienten todas las partes, que no se politice ni se busque rédito electoral, y que no se arriesguen las arcas del Ayuntamiento con pleitos como el de El Matorral. Proteger La Cornisa creo que lo queremos todos, yo el primero, que pienso que es una maravilla. Con la suspensión de licencias que se ha aprobado, hay un año para hacer los deberes y presentar un Catálogo que sea económicamente sostenible y que proteja lo que de verdad importa.

-Uno de los problemas sociales más acuciantes es el de la falta de vivienda a precios asequibles y en Puerto del Rosario se ha exteriorizado el fenómeno de la ocupación, con perfiles diferentes. ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento y en qué falla la política de vivienda?

-El fenómeno de la ocupación se ha agravado y no todo es responsabilidad municipal, pero aquí debemos actuar. Hay promociones paralizadas, como en el entorno de Playa Blanca, donde informes técnicos señalan que lo construido no se ajusta a la licencia y que parte está en ruina, con familias y menores dentro. Eso es un riesgo y genera inseguridad. He pedido actuar con responsabilidad: evaluar cada caso, proteger a quienes realmente están en situación de vulnerabilidad a través de Servicios Sociales y, a la vez, evitar que haya quien se aproveche. Cuando llegas a esa zona te das cuenta de que hay incluso profesionales con sueldos importantes que ocupan porque les es más cómodo que alquilar, mientras que otras personas mucho más humildes tienen más dignidad y pagan su alquiler aunque les cuesta trabajo. Hay que analizar caso por caso, y ayudar a quien no tiene trabajo ni recursos, pero no todos los que ocupan están en la misma situación. Sobre la Sareb, [propietaria de promociones en Playa Blanca] detectamos inmuebles con deudas de IBI, insté a iniciar vía ejecutiva y se han recuperado terrenos. Creo que en materia de vivienda el problema de base es la legislación impulsada por el Gobierno socialista, que no da seguridad a los propietarios para que alquilen sus casas, que en su mayoría se han comprado o construido con esfuerzo y trabajo, o que han heredado.

“En el Partido Popular solo quiero ayudar, veo que se trabaja y mucho”

-Más allá de la vivienda, ¿cuáles son las principales quejas vecinales que recibe?

-El agua es la más repetida: cortes, presión, infraestructuras obsoletas. Hace falta una revisión de todo el esquema hidráulico insular y, en lo que compete al municipio, priorizar inversiones que den estabilidad al servicio. En segundo lugar, la iluminación: hay un contrato importante en marcha, pero la ciudad sigue siendo oscura en muchas zonas y eso genera inseguridad y dificulta el uso de cámaras de apoyo a la seguridad que ya se aprobaron. Puse como ejemplo la calle Jacinto Benavente, que conecta centros educativos y servicios: impulsé la mejora del alumbrado y ya existe informe técnico favorable; he pedido priorizar su ejecución. También hay quejas por falta de mantenimiento de espacios públicos y por la sensación de abandono en determinados barrios.

-A título personal se ha integrado en el Partido Popular, aunque en el Ayuntamiento es edil del Grupo Mixto. ¿Cree posible un cambio de gobierno en lo que resta de mandato?

-Me fui de un partido donde todo se regía por intereses personales. En el PP no sé si formaré ni siquiera parte de ninguna lista electoral, solo quiero ayudar, y lo que veo es que se trabaja y mucho. Estoy convencido de que sería positivo un cambio de gobierno. Cuando ocurrió la pequeña crisis en el PSOE tras el accidente de Juan Jiménez le ofrecí al alcalde buscar una alternativa. Hay fricciones en el grupo de gobierno y según se acerquen las elecciones habrá más.