Se cumplen ahora diez años desde que el Cabildo de Fuerteventura retiró al dictador Francisco Franco los honores y distinciones que había recibido de la institución en 1945 -la presidencia de honor- y en 1964 -la Medalla de Oro-. En 2015, por fin, el Cabildo hizo borrón y cuenta nueva sobre esas concesiones que suponían dos páginas muy grises para la historia de la Isla y de la dignidad histórica majorera.

Podemos entender que las circunstancias políticas adscritas a la Dictadura y el contexto histórico en el que se produjeron sendas decisiones podían estar condicionadas por las servidumbres acostumbradas hacia Franco en ese largo y oscuro periodo que supuso su mando con puño de hierro incondicionalmente hacia personas e instituciones, que habían de rendirle pleitesía sin ambages, ante lo que el miedo podía empujar a cerrar los ojos para adquirir una engañosa tranquilidad y distancia ante el sátrapa. Desde el Cabildo, justificamos la decisión de retirar esas distinciones sobre el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, que autorizaba a las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, a la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o mencionas conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.

El Cabildo de Fuerteventura hizo bien en descolgarle a Francisco Franco la Medalla de Oro de la Isla, así como en despojarle de la presidencia de honor, dádivas que le concedió un entregado gobierno insular que seguramente esperaba con esa genuflexión un especial trato de favor desde el Palacio del Pardo a las grandes necesidades de la Isla. Esa medalla, que hoy se nos muestra extraña y oscura, fue la primera de ese tipo que concedió el Cabildo, para lo cual se desplazó a Madrid, presta y dispuesta, la corporación en pleno.

La Medalla de Oro de Fuerteventura debe resplandecer y hacer honor a su símbolo y valor, desde la conciencia de que la posteridad puede y debe reconocerla con orgullo, pues su concesión engrandece no sólo a quien la recibe, sino a la propia isla, que también crece con ese gesto de generosidad, con la convicción de que la decisión es justa. El espíritu y el ímpetu de la Ley de Memoria Democrática contemplan claramente los principios de Verdad, Justicia y Reparación, estableciendo las garantías precisas de que no se repitan errores que pudieran encadenar el futuro, un futuro que siempre queremos democráticamente limpio, recursos fundamentales para la construcción del acuerdo y el consenso que debe marcar el devenir histórico hacia la convivencia y la superación de las heridas abiertas por la Guerra Civil y la Dictadura de Franco, en la búsqueda de una permanente cultura democrática.

Me resultó realmente sorprendente que la Fundación Francisco Franco afirmara, al respecto, que “el Cabildo de Fuerteventura ha llegado al acuerdo de retirarle (…) los honores que se le concedieron hace setenta años, en 1945, como es el título de Presidente de Honor del Cabildo Insular de Fuerteventura y están en proceso de retirar también la Medalla de Oro (…). Seguimos afirmando que la creación de la Ley de Memoria Histórica solo está trayendo odio y destrucción de la Historia de España, para que unos cuantos puedan transformar los hechos que ocurrieron a su gusto (…)”, pues así esta Fundación da carta de naturaleza a lo que entienden como normal en relación a los honores y distinciones que, según ella, merece el dictador. Afortunadamente, se ha aprobado recientemente la ley que hoy ya impide que esa Fundación se convierta en asociación para poder mantenerse, de manera que acabe disolviéndose definitivamente, con la que se da cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática.

Nuestra joven democracia tiene que aspirar a que ningún partido político mantenga un cordón umbilical que le una al dictador Francisco Franco, puesto que la democracia debe parecerlo, además de serlo. Esas opciones políticas harían muy bien en asumirlo antes de defender, aunque sea de forma indirecta, al anterior régimen, que nada tuvo que ver con la voluntad de los españoles.

Ponerle condiciones a esas cuestiones es poner en jaque el actual sistema de libertades que disfrutamos desde hace más de cuatro décadas. Si es lo que pretende alguna fuerza política, adelante; nos encontrará a los demócratas enfrente defendiendo el deseable clima de concordia que todos, en el fondo, buscamos para seguir edificando el futuro de nuestro país.