“Tenemos que actuar en el marco de la legalidad, no saltárnoslo”. Así lo ha destacado este martes en el Congreso el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que fue cuestionado por la licencia de obras solicitada hace tres años por RIU para reformar el hotel y los apartamentos Oliva Beach, en las Dunas de Corralejo.

Morán defendió que se estaba revisando la concesión del dominio público, en un procedimiento que se inició a finales de septiembre y que, señaló, tiene que estar concluido en un plazo se seis meses. El secretario de Estado evitó contestar a si el Ministerio para la Transición Ecológica tenía pensado otorgar la licencia solicitada por RIU.

Según Morán, hay que “atender a la seguridad jurídica en toda su extensión”. Y, en respuesta a la diputada Ana Zurita (PP), que hizo hincapié en los más de 500 empleos “directos e indirectos” que se verían afectados si el Oliva Beach cerrase de forma definitiva sus puertas.

“Le garantizo que actuaremos escrupulosamente en el procedimiento, de tal manera que evitaremos, en la medida de nuestras posibilidades, cualquier daño colateral que no estuviese plenamente justificado en relación a la aplicación de la norma [de Costas]”, destacó el secretario de Estado.

En su intervención, Morán también desveló un aspecto que se desconocía: el pasado 5 de noviembre, tras una denuncia presentada por una ONG por supuestos incumplimientos, agentes de Costas acudieron a la zona para levantar un acta de inspección sobre la situación física de las instalaciones con respecto a las condiciones de la concesión del dominio público.

“Datos objetivos”

Morán eludió pronunciarse con detalle sobre las intenciones del Ministerio para la Transición Ecológica, escudándose en que no quería “prejuzgar” el resultado de los expedientes que están en marcha, entre ellos el que persigue anular la concesión para ocupar el dominio público. “No me compete hacerlo”, dijo.

Por ello, se limitó a aportar “datos objetivos” y resaltó que, desde la Ley de Costas de 1988, las dunas se consideran dominio público marítimo terrestre. Explicó que  la citada legislación establecía un “régimen compensatorio”, el de la concesión, siempre que se cumpliesen dos requisitos: los usos de las edificaciones no se podían modificar y la entidad que pide la autorización debe ser “titular registral de los terrenos en el momento del otorgamiento”.

Con respecto a la zona costera donde se asienta el Oliva Beach, el secretario de Estado destacó que en 1989 se inició un nuevo expediente para adaptar el deslinde a la Ley de Costas de 1988. En aquel momento, dijo, “se habían empezado a construir los apartamentos pero no estaban terminados”. El hotel sí existía desde los años 70.

La Demarcación de Costas ordenó paralizar las obras de los apartamentos, “por estarse construyendo en dunas que formaban parte del dominio público marítimo terrestre”. En marzo de 1992 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias estimó un recurso de Geafond, la empresa que luego adquirió RIU, “y las obras se reanudaron”. En mayo de aquel año se aprobó el deslinde, que sigue vigente.

Años más tarde, en 1999, el Tribunal Supremo aceptó el recurso del Estado y decretó que la paralización de las obras de los apartamentos había sido “conforme a Derecho”. Sin embargo, destacó Morán, “las obras ya habían terminado y los apartamentos estaban en explotación”.

En 2002, la empresa solicitó una concesión “como propietaria registral del hotel y de los apartamentos”, que constaban de 10 locales y 432 unidades. Para ello, aportó “como prueba de ser propietaria legal” una certificación registral de la finca del hotel y “una historia registral de la finca matriz donde está el complejo de apartamentos inscrita a favor de Geafond”.

Sin embargo, Morán subrayó que “no aportó” las certificaciones de las 442 fincas en que estaba divididas el complejo Oliva Beach, ni “prueba de que los apartamentos estaban en uso en 1988”, cuando entra en vigor la Ley de Costas. Algo que, recalcó, “era imposible”, puesto se había instado la paralización de las obras por la Demarcación de Costas un año después y no estaban concluidas.

“Sorprendentemente” se dio la concesión

Morán también relató que en julio de 2003 el entonces Ministerio de Medio Ambiente otorgó la concesión para el hotel y los apartamentos por 30 años más una posible prórroga por otros 30 años, sin abono de canon. Una concesión que se hubiese alargado hasta el año 2052.

En cambio, subrayó el secretario de Estado, en 2007 la empresa renuncia al plazo que le quedaba de aquella concesión “libre de canon” en el marco de “un acuerdo con el Ministerio, que incluía la donación del islote de Lobos y el compromiso de demolición en 2017” del Oliva Beach, a cambio de la concesión para el cercano RIU Palace Tres Islas, también en las Dunas de Corralejo.

No obstante, ante la modificación de la Ley de Costas en 2013, impulsada por el Gobierno del PP, “cuando se introdujeron las prórrogas extraordinarias” de hasta 75 años, en el año 2014 la empresa solicitó que se le otorgara una por ese plazo o que se revocara la renuncia que había aceptado en 2007.

Según Morán, “se consultó a la Abogacía del Estado si era posible revocar la renuncia y la Abogacía consideró que no”. “Sorprendentemente, sin embargo, la prórroga se concedió” y en 2016 se otorgó a RIU una concesión durante 75 años “a contar desde 2014”, detalló.

El secretario de Estado aseguró que tras pedir RIU la licencia de obras del Oliva Beach en diciembre de 2017, el Ministerio tiene conocimiento de consultas un par de propietarios en el complejo de apartamentos y, con posterioridad, se comprueba que hay 20 unidades “a nombre de terceros” distintos a la empresa que había obtenido la concesión de Costas.

Así, “puesto que hay indicios de que tanto la concesión como la prórroga pueden ser actos nulos, sin que Geafond cumpliera con los requisitos exigidos, se remitió el expediente a la Secretaría General Técnica del Ministerio para incoar la revisión de oficio”, añadió Morán.

Requerimientos por la licencia

En cuanto a la solicitud específica de la licencia de obras de reforma del Oliva Beach, el secretario de Estado afirmó que los documentos remitidos por RIU de marzo a junio pasado “no cumplen con lo requerido”, por lo que el pasado 31 de agosto se remitió un nuevo escrito para que procediera a una “nueva subsanación”.

Morán esquivó la pregunta de la diputada del PP acerca de si el Ministerio finalmente otorgaría la licencia de obras. Un grupo de trabajadores del Oliva Beach acudieron a Madrid para un acto de protesta a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y frente al Congreso de los diputados.