En Canarias hacía falta poner orden en la vivienda vacacional. Eso es evidente. El crecimiento rápido de este tipo de alojamientos generó tensiones en algunos barrios y creó la necesidad de reglas claras. Pero ordenar no es lo mismo que restringir hasta casi eliminar, que es lo que finalmente ocurrirá presumiblemente con la nueva ley aprobada por el Gobierno de Canarias.

El mensaje que se transmite es sencillo: si frenamos la vivienda vacacional, aparecerán más viviendas para alquilar a largo plazo y así bajarán los precios. Suena bien… pero no funciona así. En la práctica, muchas de las viviendas que ya no podrán alquilarse como vacacionales no se convertirán en alquiler tradicional, sino que acabarán vendidas o cerradas en gran parte compradas por capital extranjero contra el que la Economía media canaria no puede competir, porque los propietarios no quieren arriesgarse a un mercado donde sienten que no hay suficiente seguridad jurídica.

Además, el gran problema no está ahí. El archipiélago tiene, según diversas estimaciones, más de 200.000 viviendas vacías, mientras que la demanda oficial de vivienda ronda las 30.000 personas. Si el objetivo es solucionar la falta de vivienda, ¿por qué no se ha conseguido movilizar ese enorme parque vacío? El propio Gobierno creó un programa para ponerlas en uso y ha sido un fracaso. Sin garantías, sin incentivos reales y sin un marco estable, los propietarios no participan. Y ahora, en vez de mejorar esa política, se señala a la vivienda vacacional como si fuera la causa principal del problema.

El resultado es una especie de trampa de prestidigitación política: se distrae a la opinión pública culpando a un sector visible, mientras se deja de lado el verdadero reto. Y lo más preocupante es que esta regulación tan estricta deja en manos del lobby hotelero buena parte del turismo que hasta ahora estaba más repartido entre familias y pequeños propietarios. La vivienda vacacional democratizó el turismo: permitió que zonas no turísticas recibieran visitantes, diversificó la economía local y ayudó a muchas familias a obtener ingresos extras. Las grandes cadenas hoteleras nunca vieron con buenos ojos esa competencia. Ahora muchas familias verán desparecer esos ingresos y muchas seguirán enfrentándose a gastos hipotecarios sin las entradas que  que tenían lo que les puede abocar a una situación de indefensión tras haber recibido el visto bueno para su actividad con anterioridad.

Regular la vivienda vacacional es necesario, claro que sí. Pero regular no significa prohibir, ni convertirlo en una actividad casi imposible fuera de zonas muy concretas. Canarias necesita equilibrio: proteger el acceso a la vivienda sin destruir una actividad que ha generado empleo, ingresos y oportunidades para miles de personas.

La nueva ley, tal y como está planteada, no solucionará la crisis habitacional. Y lo que es peor: puede empeorarla, porque expulsa viviendas del mercado sin garantizar que pasen al alquiler de larga duración. Si de verdad queremos resolver el problema, hay que mirar donde de verdad está: en la vivienda vacía, en la falta de seguridad jurídica, en la escasez de vivienda pública y en la necesidad de reglas claras pero razonables.

Ordenar sí.

Culpar a la vivienda vacacional de todo, no.

* Secretario de SOS Fuerteventura