Fuerteventura vuelve a ser testigo de cómo se permite, sin oposición real, que nuestro patrimonio histórico sea borrado en silencio. La Cornisa —un conjunto de 16 viviendas que representa el origen mismo de Puerto del Rosario— está siendo empujada hacia la demolición por intereses especulativos, mientras las instituciones que deberían defenderla miran hacia otro lado.

El Cabildo Insular de Fuerteventura afirma que no puede proteger La Cornisa porque no dispone de un catálogo arquitectónico insular. Pero esta excusa es insostenible: el artículo 12 de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias 11/2019 obliga a los cabildos a elaborar y mantener actualizado ese catálogo. El artículo 16, además, les otorga competencias plenas en materia de protección del patrimonio. No haber cumplido con la ley durante años no puede servir ahora como coartada para justificar la pasividad.

Para mayor gravedad, el propio Servicio de Patrimonio del Cabildo ha reconocido en diversos informes que La Cornisa posee valores culturales y arquitectónicos suficientes para su protección. Aun así, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha decidido eliminarla del nuevo catálogo municipal, dejándola fuera incluso de la aprobación inicial, abriendo así la puerta a la especulación más descarada.

La Oficina Técnica municipal también ha fallado  a favor de los intereses urbanísticos privados y en contra del interés general y de la protección del patrimonio. El Ayuntamiento, en lugar de defender su historia, ha actuado pasivamente ante la especulación.

Y mientras puede perderse la joya de la corona del patrimonio de Puerto del Rosario, su consejero insular de Patrimonio, Rayco de León, se pone de perfil de forma injustificable, renunciando a ejercer las competencias que la ley le otorga.

Por si fuera poco, la consejera de Hacienda, Nuria Cabrera, ha publicado recientemente un artículo de opinión en el que afirmaba que el Cabildo protegería La Cornisa excepto 16 inmuebles.

Precisamente La Cornisa está compuesta por 16 inmuebles, lo que significa que, según sus propias palabras, no protegerían nada. Este nivel de confusión y desinformación institucional resulta indignante.

Este comportamiento choca de frente con el deber legal de proteger y conservar el patrimonio, incluso cuando los bienes no estén catalogados oficialmente. La ley exige evitar su deterioro y obliga a la cooperación institucional. Aquí, en cambio, asistimos a una carrera por desentenderse de responsabilidades.

La Cornisa cumple con creces  los requisitos para  estar protegida de oficio. No lo está, sencillamente, porque no interesa.

El Cabildo tiene la potestad de suspender intervenciones urbanísticas que amenacen el patrimonio y adoptar medidas cautelares inmediatas (arts. 16 y 59).

¿Por qué no actúa? ¿Por qué renuncia a ejercer sus competencias? ¿Por qué se limita a emitir informes que sabe que el Ayuntamiento desoye?

Esta inacción ya no es simple descoordinación: es dejación de funciones.

Los inmuebles que representan la memoria histórica o la identidad colectiva —como establecen los artículos 2 y 9 de la ley— deben ser defendidos, no entregados a la piqueta. .La ley es inequívoca. La realidad institucional, vergonzosamente, no.

La Cornisa no es un obstáculo para el desarrollo: es una parte irremplazable de nuestra historia. Permitir su destrucción es permitir que se borre la identidad de Puerto del Rosario. Es aceptar que la especulación vale más que la memoria de nuestro pueblo.

¿Vamos a permitirlo? ¿Van a seguir el Cabildo y el Ayuntamiento escondiéndose detrás de la burocracia mientras las excavadoras se preparan para hacer su trabajo?

Desde la Plataforma “Salvar La Cornisa” denunciamos públicamente esta complicidad institucional y exigimos una actuación inmediata: suspensión de cualquier intervención sobre La Cornisa y activación urgente de su protección efectiva.
No vamos a quedarnos callados mientras destruyen nuestras raíces.

La Cornisa se defiende. La identidad de un pueblo no se negocia.

* Portavoz de la Plataforma “Salvar La Cornisa”