El 23 de febrero de 1937 se celebra un consejo de guerra en Gran Canaria. Entre los acusados se sienta Vicente Hernández Mesa, un majorero de 23 años natural del pueblo de Tesjuate. Está inculpado de formar parte del intento de asalto al cuartel de La Isleta, en Gran Canaria, a mediados de diciembre de 1936. Finalmente, es condenado a pena de muerte por rebelión militar y fusilado el 3 de marzo en el campo de tiro de La Isleta. Su cuerpo debió acabar en una fosa de utilización común y su nombre en los listados de los cientos de desaparecidos durante la Guerra Civil en Canarias.

Matías López, implicado en la defensa de San Lorenzo, y Vicente Hernández Mesa son los dos únicos majoreros de los que existe constancia que fueran asesinados durante la Guerra Civil. Del primero, fusilado a finales de marzo de 1937, se ha hablado y escrito, incluso un libro de Inmaculada Pérez Gopar que reconstruye su biografía. De Hernández Mesa, apenas nada más allá de su nombre en algún artículo cuando se escribe sobre la represión y la contienda bélica en Fuerteventura.

Una investigación de Diario de Fuerteventura, con la ayuda de historiadores y documentos de la época, reconstruye el puzle biográfico de este majorero nacido en Tesjuate un 19 de febrero de 1914, cuando el reloj marcaba en torno a las tres de la tarde.

Hijo de Francisco Hernández y Encarnación Mesa, fue bautizado el 21 de febrero, dos días después de nacer, en la iglesia de Santa Ana, en Casillas del Ángel, con el nombre de Vicente San Gregorio Gavino. Oficia la ceremonia el párroco de Puerto del Rosario Pedro Pérez Rodríguez, ante la ausencia del cura de Casillas. Actúa como padrino su tío Camilo Mesa.

Francisco Hernández, de profesión labrador, y Encarnación Mesa son naturales de Tetir. En algún momento, debieron mudarse a Casillas del Ángel en cuya parroquia se casan. La partida de bautismo sirve para reconstruir el árbol genealógico de Vicente. Sus abuelos paternos son Gregorio Hernández y Josefa Martín, naturales de Tetir. Los maternos llevan el nombre de Agustín Mesa, de Tuineje, y María Morales, de Betancuria.

Albañil de profesión, el majorero fue asesinado cuando tenía 23 años

La pista de Vicente se pierde hasta que fue reclutado en 1935 en el Regimiento de Infantería Canarias, en Gran Canaria. En los documentos de la época aparece su nombre como albañil de profesión y como vecino de la calle Galileo, sin número, en el barrio grancanario de Guanarteme. Se desconoce en qué momento dejó Fuerteventura para mudarse a Gran Canaria. Si lo hizo con la llamada a filas o fue uno más de los majoreros que se subieron a un barco en busca de un futuro laboral en la vecina isla.

El 18 de julio de 1936 se produce el golpe de Estado contra el Gobierno de la Segunda República que acaba desencadenando una guerra civil. Ese mismo día, comienzan las detenciones en Gran Canaria por parte del ejército sublevado y de patrullas falangistas auxiliares.

La incertidumbre recorre las calles de Las Palmas de Gran Canaria. Cerca de mil trabajadores se manifiestan frente a la Comandancia Militar en la capital grancanaria, siguiendo la consigna de huelga general dispuesta por la Federación Obrera. Los manifestantes acaban disueltos a tiros. Los incidentes se repiten en otros puntos de la ciudad y de la Isla.

El 31 de julio de 1936, trece días después del golpe, el campo de concentración de La Isleta registra 300 detenidos. Un mes después, la cifra se triplica hasta alcanzar los 900 reclusos.

A Vicente, el golpe de Estado le sorprende prestando el servicio militar. A mediados de diciembre de 1936 se produce el intento de asalto al cuartel de La Isleta por parte del teniente Florencio Grande Rubio en colaboración con algunos soldados y civiles y miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas. Entre los asaltantes, se encuentra el majorero.

Sergio Millares es historiador y uno de los mayores especialistas sobre la Guerra Civil en Canarias. Ha investigado las causas que motivaron el intento de asalto al cuartel. En ese momento, mediados de diciembre de 1936, explica  que “aún hay militares republicanos en activo en el cuartel de La Isleta, que no han sido detenidos ni localizados”.

Con el teniente Florencio Grande Rubio, a la cabeza, junto a otros militares republicanos, de graduación media y baja, han hecho planes con paisanos de La Isleta para asaltar el cuartel, ganarlo para la causa republicana y liberar a los detenidos en el campo de concentración de La Isleta.

Los militares, que participan más tarde en el consejo de guerra, hablan de “conspiración republicana”. El 17 de diciembre son detenidas cinco personas, entre ellas el teniente Grande Rubio y los soldados de Infantería Vicente Hernández Mesa y Antonio Hernández Sánchez.  A partir de ahí, aclara Millares, “se inicia una investigación por parte de la Policía y el ejército sobre este supuesto asalto al cuartel de Vegueta”.

Con la detención de los cabecillas, se entiende que se paraliza la confabulación. Sin embargo, “la conspiración continúa adelante y se sigue implicando a paisanos y a miembros militares”, detalla el investigador. El 30 de diciembre hay un nuevo intento de asalto al cuartel de La Isleta. El guardia del cuartel da la voz de alto y los asaltantes salen corriendo.

Los atacantes no abandonan la idea y tres días más tarde, el 2 de enero, se produce el asalto. Unos acuerdan saltar el muro, mientras otros esperan en la puerta del cuartel a que les abran los que saltan. Hay disparos. No se cumple el objetivo y son capturados. En La Isleta y en el resto de ciudad se producen redadas con más de 100 detenciones.

Millares trabaja, desde hace tiempo, en una hipótesis que ahora cuenta a este periódico: “A mediados de diciembre, pudo haber una conspiración. Una vez detenidos los implicados, la conspiración siguió adelante. Pienso que fue impulsada por determinados delatores puestos por los militares y policías con el objetivo de que entusiasmaran a los otros”. El historiador considera que se trata de una acción “orquestada por los militares y políticos con el fin de detener a todo el que se puede y acabar con lo que ellos consideran resistencia”. Aún podía haber gente de las juventudes comunistas y socialistas que no habían sido capturados y eso pudo dar pie, plantea, a “organizar una gran redada, un gran aquelarre judicial para sembrar el miedo en la población”.

Víctor Martínez Perera. Foto: Carlos de Saá.

El Ministerio financiará catas donde podrían estar los restos de Vicente

El 23 de febrero de 1937 se produce el Consejo de Guerra para enjuiciar la causa 625/36. Vicente Hernández Mesa, ayudante del teniente Francisco Grande Rubio, es acusado de ser el enlace entre la parte militar y la civil. Al parecer, Vicente estaba encomendado a conectar el cuartel: dar información desde dentro a los civiles sobre las ubicaciones de barracones, cuartel de Infantería...

Hay una solicitud fiscal de 16 penas de muerte, pero en la sentencia queda reducida a 10. Entre ellos, Vicente, que es condenado por rebelión militar con pena de muerte. El 3 de marzo de 1937 es fusilado.

La búsqueda

Tras años de espera, silencios y decepciones, la Agrupación de Familiares de la Fosa Común del Cementerio de Vegueta ha conseguido arrancar el compromiso del Ministerio de Memoria Democrática, de Ángel Víctor Torres, para que se exhumen los cuarteles cinco y seis de Vegueta donde, aseguran, hay enterrados un centenar de demócratas fusilados durante la Guerra Civil.

David Ojeda, periodista de Canarias 7, lleva años siguiendo el tema. En uno de sus reportajes recuerda que en 2022 los familiares encargaron un proyecto de prospección para la localización de víctimas del franquismo inhumadas en las fosas del cementerio de Vegueta a la asociación científica ArqueoAntro. Ese informe estima que, al menos, 60 personas se encuentran allí enterradas, información que en 2025 registraron ante el Ministerio de Memoria Democrática. Ahora, el Gobierno ha autorizado a realizar catas.

Un historiador busca familiares dispuestos a hacerse las pruebas de ADN

Los familiares han encontrado un nuevo aliado en su lucha: el historiador Víctor Martínez Perera, familiar de Pedro Perdomo Pérez, conocido como el Topo de La Isleta.

Su trabajo de Fin de Grado estudia el enfrentamiento entre sindicalistas del puerto y soldados del cuartel de La Isleta, un suceso más de la Guerra Civil en Canarias en el que los militares toman una represalia contra obreros, que son detenidos en la Casa del Pueblo. Tras un juicio sumarísimo cinco de ellos, los conocidos como Los Cinco de La Isleta, son fusilados.

Durante la investigación, se fue tropezando con documentación de la época. Entre ella los registros del cementerio de Vegueta, en los que se recoge que allí “han sido enterrados soldados que fueron fusilados”.

Víctor, sobrino-bisnieto de Pedro Perdomo Pérez, ha redactado un extenso informe que se suma a las pruebas y testimonios que la asociación de familiares ha ido recopilando durante estos años. En el estudio, llega a la conclusión de que estos represaliados fueron enterrados en las fosas comunes de los cuarteles cinco y seis del camposanto de Vegueta.

Actual base militar General Alemán Ramírez, en La Isleta, Gran Canaria.

Entre septiembre de 1936 y 1938 se pudo haber enterrado a un centenar de personas en los cuarteles cinco y seis. El nuevo informe plantea que la gran mayoría de los asesinados, entre septiembre de 1936 y principios de 1937, fueron sepultados de forma secuencial en el cuartel número 5 y esto incluye además a los cinco de La Isleta, los cinco de San Lorenzo, grupos de militares destacados en Sidi Ifni y Cabo Juby y a los cuatro de Telde, los acusados por una explosión en el hospital de San Martín, que una vez en comisaría fueron llevados a la Mar Fea y arrojados al mar. “Cuando los cuerpos regresaban eran depositados sin identificar en Vegueta”, indica Víctor Martínez. También los fusilados por el intento de asalto al cuartel de La Isleta. Entre ellos, los restos de Vicente Hernández Mesa, que aparecen anotados en la fosa 28 del cuartel cinco.

Aunque natural de Gran Canaria, Víctor reside desde hace años en Fuerteventura. Ahora, hace un llamamiento en busca de familiares de Vicente Hernández Mesa en la Isla majorera. “Del 70 por ciento de las personas que podrían estar en esas fosas comunes no tenemos pruebas de ADN. Eso significa un problema porque se van a exhumar cuerpos y no vamos a saber de quiénes son por lo que acabarían descartándose y volviéndose a enterrar en el cementerio”, advierte.

“Esperamos que uno de los cuerpos que aparezca sea el de Vicente, pero para poder cotejarlo es indispensable dar con familiares que se sometan a pruebas genéticas de ADN. Para ellos, no va a suponer ningún coste”, aclara. Además, asegura que cualquier información, carta o fotografía que puedan aportar los familiares o si, por ejemplo, llevaba gafas u otro tipo de elementos metálicos “serviría de gran ayuda para la arqueología a la hora de llevar la exhumación y el reconocimiento”.