El pleno del Parlamento de Canarias ha respaldado de forma unánime que el Ejecutivo regional plantee un conflicto de competencias en el Tribunal Constitucional tras la resolución del Ministerio de Transición Ecológica de caducidad de la concesión administrativa del hotel RIU Oliva Beach, en Fuerteventura.

En la misma iniciativa, promovida por el PP, se expresa el apoyo del Parlamento a la Plataforma Salvar el Oliva Beach, al comité de empresa y a los 400 trabajadores del citado recinto hotelero.

El promotor de la proposición no de ley (PNL), el popular Fernando Enseñat, ha aceptado una enmienda del grupo Socialista que pide que antes de plantear el conflicto de competencias se convoque la comisión bilateral Canarias-Estado, aunque se ha mostrado escéptico.

También ha recordado que el Gobierno de Canarias solicitó esta reunión el pasado noviembre y es Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, quien la tiene que convocar pero "no quiere".

Enseñat ha criticado que los trabajadores del Oliva Beach lleven siendo "perseguidos y amenazados desde hace mucho tiempo" por parte del Ministerio de Transición Ecológica, cuyas resoluciones, ha dicho, no respetan el Estatuto de Autonomía y suponen "un menosprecio" a las competencias de Costas transferidas a Canarias.

El diputado popular ha hecho hincapié en los puestos de trabajo directos e indirectos que están en riesgo, en el impacto del hotel en la economía de Fuerteventura y en el respaldo de la sociedad majorera, y ha opinado que "no es el momento ni debemos caer en la trampa de valorar la legalidad o no" de este hotel y el Tres Islas.

En todo caso, ha proseguido, se deberá tener en cuenta lo que determinen los técnicos del Gobierno de Canarias, porque "si el Ayuntamiento de Alcorcón no puede expedientar, sancionar o decretar el derribo del Oliva Beach porque no es competente, desde enero de 2023 tampoco lo es el ministerio". Enseñat ha achacado a "dejadez" y la "incapacidad" del Gobierno del 'Pacto de las Flores' la actual situación.

El diputado socialista Rafael Nogales ha considerado "parcial" e "incompleto" el relato del PP y ha juzgado "grave" que se acuse "libremente" al Ministerio de Transición Ecológica de "perseguir, amenazar o acosar a no sé quién".

Nogales ha repasado el historial administrativo del Oliva Beach, desde su construcción en 1977 promovido por un fondo de pensiones de Alemania hasta la delimitación de los espacios marítimo-terrestres y el convenio por el que se compensó a la propiedad por la cesión del islote de Lobos con una concesión "transitoria y especial" del hotel.

El parlamentario socialista ha hecho hincapié en que "el problema administrativo" del hotel son "las posibles irregularidades fuera del ámbito concesional".

Jana González, del grupo Nacionalista, ha proclamado que el Gobierno de Canarias "no vacila a la hora de defender a nuestra gente" y ha opinado que a Ángel Víctor Torres "no le quedará otra que convocar la comisión", lo que no ha hecho porque ha querido "ganar tiempo hasta que salieran los expedientes de caducidad".

Natalia Santana, del grupo de Nueva Canarias, ha respaldado la defensa de las competencias de Canarias "hasta donde haga falta", empezando por la convocatoria de la comisión bilateral, y ha aconsejado comenzar a trabajar, poniéndose en el peor de los escenarios, para "reubicar laboralmente" a los trabajadores del hotel.