La Junta de Personal y el Comité de Empresa del Cabildo de Fuerteventura han expresado su malestar con Intersindical Canaria (IC) por los recursos contra convocatorias de las Ofertas de Empleo Público de la institución, mientras que el sindicato ha rechazado esas críticas y ha defendido que sus actuaciones administrativas y judiciales tienen como objetivo exigir el cumplimiento de la legalidad en los procesos selectivos.

La posición de los representantes de los trabajadores parte de un acuerdo adoptado por la Asamblea de empleados públicos del Cabildo de Fuerteventura, reunida el pasado 8 de junio, según el primero de los comunicados.

En ese documento, la Junta de Personal y el Comité de Empresa manifiestan su "absoluto desconcierto y malestar" por la actuación de Intersindical Canaria en relación con las convocatorias de las ofertas de empleo público.

No obstante, reconocen "la legitimidad y el derecho" de cualquier organización sindical para emprender las acciones judiciales que considere oportunas y señalan que estas están contando con el respaldo de algunos pronunciamientos judiciales.

Los representantes del personal centran sus críticas en el cambio de postura que atribuyen a Intersindical Canaria respecto al sistema de acceso mediante concurso-oposición.

Según su comunicado, este procedimiento ha sido aplicado en el Cabildo durante las últimas dos décadas y ha contado históricamente con el apoyo de Intersindical Canaria.

Los empleados cuestionan por qué un sistema que, según sostienen, "se dio por bueno durante más de 20 años" es ahora objeto "de rechazo y de un bloqueo judicial continuo" por parte de la misma organización.

La Junta de Personal y el Comité de Empresa también denuncian una "flagrante contradicción" entre los criterios que, a su juicio, mantiene Intersindical Canaria dependiendo de la administración.

En concreto, aseguran que las exigencias y el sistema de acceso defendidos por el sindicato en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario son "los opuestos" a los que reclama en el Cabildo de Fuerteventura.

Por estos motivos, los representantes del personal apelan a Intersindical Canaria "a la coherencia y a la responsabilidad sindical".

Intersindical rechaza las acusaciones

Intersindical Canaria ha respondido que "rechaza rotundamente las acusaciones" y niega que la posición expresada en el primer comunicado pueda presentarse como la de toda la Junta de Personal.

El sindicato señala que cuenta con un representante en ese órgano que "respalda plenamente" las actuaciones emprendidas por la organización.

IC sostiene que quien impulsa las declaraciones es SEPCA, organización que identifica como mayoritaria en la Junta de Personal, y le acusa de utilizar la denominación genérica de "Junta de Personal" para trasladar "una imagen de unanimidad que no existe".

Intersindical Canaria también rechaza que sus actuaciones ante los tribunales puedan calificarse de "bloqueo" o "judicialización".

Asegura que todas las acciones emprendidas han tenido "un único objetivo, exigir el cumplimiento de la legalidad en los procesos selectivos de las administraciones públicas de Fuerteventura".

El sindicato afirma que su obligación es velar por que el acceso al empleo público respete "los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia y libre concurrencia".

"No recurrimos convocatorias para paralizarlas, las recurrimos cuando detectamos irregularidades que comprometen esos principios", sostiene Intersindical Canaria en su comunicado.

IC asegura además que los tribunales le han dado la razón "en los procedimientos resueltos hasta la fecha" y atribuye los retrasos a quienes aprueban bases que posteriormente son corregidas judicialmente.

"La verdadera responsabilidad de los retrasos no recae sobre quien denuncia las irregularidades, sino sobre quien aprueba bases que posteriormente son corregidas por la Justicia", señala.

Críticas a SEPCA

En su respuesta, Intersindical Canaria también alude directamente a SEPCA y recuerda su denuncia sobre la actuación de este sindicato en el Ayuntamiento de Betancuria en relación con un sistema de teletrabajo.

IC sostiene que aquella aplicación carecía, a su “entender", de la transparencia necesaria y generaba un trato desigual entre empleados públicos.

Intersindical Canaria anuncia finalmente que continuará ejerciendo las acciones administrativas y judiciales que considere necesarias para garantizar que los procesos selectivos se ajusten a Derecho.

"La diferencia es sencilla, Intersindical Canaria ha acudido a los tribunales para defender la legalidad y los tribunales nos han dado la razón", concluye el comunicado del sindicato.