Los vertidos de aguas residuales en las Dunas tocan en la puerta de la Fiscalía
La Agencia de Protección del Medio tarda dos meses en visitar el Hotel Oliva Beach después de un episodio de contaminación de la playa, reconocido por los trabajadores, pero no abre expediente
Las imágenes de vertidos de aguas residuales en las Dunas de Corralejo se han convertido en una postal habitual. Los grupos ecologistas denuncian un nuevo vertido este verano y preparan llevar el caso a la Fiscalía de Medio Ambiente. Consideran que tanto el Ayuntamiento de La Oliva como el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias miran para otro lado.
“Están metiendo debajo de la alfombra los vertidos de aguas fecales a las Dunas que salen de los complejos de RIU, mientras se ponen una venda en los ojos para no ver las demás irregularidades del Tres Islas y del Oliva Beach”, afirma Eugenio Reyes, portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción.
Las quejas por vertidos no son nuevas. En enero se produjo uno muy llamativo, cuyas imágenes se viralizaron en redes sociales, y se denunció ante la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN). La respuesta del organismo público fue, para el denunciante, “una tomadura de pelo”.
La comunicación a la Agencia se efectuó el 18 de enero, pero los agentes de Medio Ambiente no se personaron en el Oliva Beach hasta la mañana del 17 de marzo. Según su informe, le comunican a los empleados del hotel que iban a realizar una inspección de las instalaciones de la planta desaladora de agua de mar y de la estación depuradora de aguas residuales, así como de “los lugares de vertido que se generen de salmuera y excedentes de la depuradora”.
La desaladora, la depuradora y los vertidos al dominio público marítimo terrestre mediante emisario “se encuentran en trámite de regularización”, pero según el informe de la Agencia, aún no lo están.
En esa visita, desde el hotel se les dice a los agentes que “las aguas residuales son microfiltradas y una vez tratadas se utilizan como agua de riego” o “se vierten al emisario submarino” que sale del establecimiento hacia el mar. Les enseñan las fotos de los vertidos, “que no aparentan ser aguas microfiltradas”, y les contestan que “podrían ser restos existentes en la conducción en que se produjo la avería y afloraron de esa forma a la arena de la playa”.
En otra visita, preguntan por una arqueta del emisario submarino y los operarios les confirman “que se produjo una avería” en ese mismo lugar. Cuando la Agencia emitió su informe, mes y medio después de la primera visita, el Oliva Beach no había entregado la documentación que se le había requerido.
El organismo público señala que el hotel debe contar con analíticas de aguas de los vertidos al mar, la comunicación a la Viceconsejería regional de Medio Ambiente acerca del vertido a la playa de las aguas residuales, estudios biológicos de la zona afectada y un programa de vigilancia y control de los vertidos.
La conclusión de la Agencia ha despertado la crítica de los ecologistas: “El vertido que se produjo a la zona de playa no se aprecia, por lo que no se tienen fundamentos para levantar acta de denuncia”.
Los operarios del hotel habían confirmado el vertido de aguas residuales, del que había constancia gráfica, pero al haber pasado varios meses desde el mismo no quedaba rastro en la arena y la Agencia decide no expedientar.
Es “surrealista” que Medio Ambiente use su demora para no expedientar
En Ecologistas en Acción consideran “surrealista” que la Agencia dé total credibilidad a la versión del presunto infractor y que su demora en intervenir la utilice como justificación para no abrir un expediente por vertidos a un espacio de la Red Natura 2000, una figura de conservación de la Unión Europea.
Este verano se han vuelto a producir nuevos vertidos de aguas fecales, que han vuelto a viralizarse en redes sociales y los ecologistas también han denunciado la contaminación de la playa de las Dunas de Corralejo. Defienden que no se trata de hechos aislados, sino que son recurrentes los vertidos, por lo que entienden que supuestamente se estaría cometiendo un delito ecológico por contaminar un espacio protegido y por daños al medio ambiente.
Hasta que no sea “efectivo” el traspaso de las competencias de Costas a la comunidad autónoma, anunciado para el 1 de enero de 2023, el Gobierno central “debe seguir ejerciendo” sus “funciones”, “velando por la aplicación y respeto de la normativa de Costas”, señala el Ministerio de Transición Ecológica en un escrito dirigido al Cabildo de Fuerteventura, que cuestionó el expediente de caducidad de la concesión del dominio público al Hotel Tres Islas.
Añade que el expediente no puede ser calificado de “sorprendente”, ya que “obedece al incumplimiento reiterado de las condiciones de la concesión”. RIU fue multada por aumentar el volumen ilegalmente. Este expediente de caducidad tiene que estar resuelto en febrero de 2023.
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