Cuando en las primeras páginas de Los barrancos del silencio escribe Emilio Silva en su prólogo: “La represión no fue solo asesinato, fue tortura ritualizada, un sadismo institucionalizado, una maquinaria de sufrimiento”, el lector o lectora no es consciente realmente de las atrocidades que se cometieron bajo el yugo del franquismo en el Archipiélago.

Los relatos de Francisco González Tejera han sido calificados como “pornografía” de la memoria, por contar las “aberraciones”. En su nueva obra, que lleva por subtítulo Relatos de la represión franquista en Gran Canaria, la quinta sobre los olvidados de la guerra, se recogen testimonios, relatos y documentos sobre la brutal represión franquista en Gran Canaria tras el golpe de Estado de 1936. Entre ellos los de su propia familia, que forman parte de su nuevo libro. Presenta las fosas comunes donde aún se encuentran sin poder exhumar centenares de canarios, algunos de ellos majoreros.

Paco González quiere dejar claro que no es historiador especialista en la época: “Soy un familiar que escribe, porque tengo un deber moral de investigar y de entrevistar a mucha gente que durante muchos años ha sufrido”. La mayoría de esas personas están vinculadas a uno de sus abuelos, Juan Tejera Pérez, preso político del franquismo durante doce años. Su relato o el de su tía abuela Rosa García, que fue violada, forman parte de las páginas de Los barrancos del silencio.

Tal como describe el autor, “la Isla (de Gran Canaria) se convirtió en un verdadero laboratorio del terror, donde falangistas y franquistas, con el apoyo de los caciques locales, desplegaron una violencia física, moral y simbólica que pretendía no solo eliminar al adversario, sino borrar su memoria”. En su familia se produjeron varios asesinatos, encarcelamientos, persecuciones, violaciones... como la de su tía abuela, a la que estaba muy unido, y que sufrió una violación grupal cuando iba a trabajar por salir a la calle el 18 de julio vestida de rojo, junto a otras mujeres, en la localidad grancanaria de Tamaraceite. “Los hombres murieron, pero las mujeres sufrieron la estigmatización, la persecución, la humillación”, comenta.

Heredar un trauma

Paco González y su prologuista, el periodista Emilio Silva, hablan del trauma heredado. “Las personas, como en mi caso, tenemos trauma. Yo he tenido que ir a terapia, llevo 20 años acudiendo, no me avergüenza decirlo, porque el trauma transgeneracional por violencia política existe. Y eso se hereda”. Expone el sufrimiento vivido en su familia, el hecho de que nunca se haya celebrado la Navidad tras el terrible episodio vivido. En la Nochebuena del 36, un fascista sacó de la cuna a su tío Braulio, un bebé de cuatro meses, y le destrozó la cabeza contra la pared.

“En mi familia se vivió algo tan terrible... A nosotros nos mataron a un bebé, delante de mi padre, de mi tía Rosa, de mi abuela Lola García. A mi abuelo paterno, Francisco González Santana, que se entregó, lo fusilaron el 29 de marzo del 37 tras sufrir torturas terribles”. Son algunas de las muestras personales de la violencia fascista sufrida, algunos retazos de los relatos personales o de investigación que componen Los barrancos del silencio, publicación en la que deseaba “poner nombre y apellido a las víctimas”.

Ley de Memoria

González Tejera realiza un balance muy crítico de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, tanto de la anterior a propuesta del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como de la actual, de otro gobierno socialista. “Con la de Zapatero prácticamente no se consiguió nada. De hecho, después Mariano Rajoy le dejó el presupuesto a cero. Y se vanaglorian de eso, de que no darían un céntimo para la Ley de Memoria. Ahora hay una ley más avanzada, pero sigue careciendo de los elementos fundamentales para que se pueda hacer justicia y se pueda juzgar el franquismo. Una Ley de Memoria Democrática sin que se derogue la Ley de Amnistía no sirve para nada”, sentencia.

“Los gobiernos tendrían que exhumar sin que las familias mendiguemos”

“Es una ley que no sanciona, no persigue. Cualquiera puede decir un ¡Viva Franco! y levantar el brazo sin que pase nada, eso en Alemania te puede costar la cárcel”. Hace hincapié en que el historiador británico Paul Preston califica lo que pasó en España como “un holocausto”. E insiste: “En 2025, con dos leyes de memoria democrática, incluso con leyes autonómicas como la canaria, la vasca o la valenciana, sigue habiendo 150.000 personas en fosas comunes y cunetas”. El escritor e investigador recuerda que, hasta 2022, en el Parlamento español no se había hablado de desaparecidos.

Reprocha que se permitan monumentos que ensalzan al franquismo, como la Cruz de la Plaza de Las Palmas en Arrecife. Sin olvidar el monumento a Su Excelencia el Jefe del Estado o de la Victoria en la Avenida de Anaga de Santa Cruz de Tenerife. Llegando incluso a lo rocambolesco de que en el mismo cementerio, el de Vegueta en Las Palmas de Gran Canaria, donde permanecen un centenar de personas enterradas a la espera de poder exhumar, se erija una cruz donde acuden los fascistas a realizar actos conmemorativos.

En Puerto del Rosario se mantienen recuerdos franquistas con los nombres de las calles Ruiz de Alda, Gobernador García Hernández, y la cruz de los caídos aún están en pie, tanto en la capital majorera como en Antigua.

Imagen de la familia materna del escritor en los años treinta. La abuela y viuda Frasquita, sus tíos y su madre Lola Tejera. 

Fosas comunes

España es el segundo país del mundo, después de Camboya, con más fosas comunes y personas desaparecidas por motivos políticos, según explica González. “Es un tema tabú, incluso para los políticos actuales. De izquierdas o de derechas, yo ahí no hago diferenciación”.

Con respecto a la fosa común del cementerio de Vegueta, donde se encuentra enterrado el abuelo de Francisco González, el escritor recuerda que el Cabildo de Gran Canaria hizo una “minicata” en 2018, de ridículas dimensiones, en comparación con las realizadas en otras zonas como Paterna, y que no fue suficiente para iniciar los trabajos de exhumación reclamados por la asociación de familiares, a pesar de los restos encontrados: los de una niña con una botella entre las piernas, “un indicio claro de un enterramiento franquista”, tal y como les explicó Paco Echeverría, antropólogo forense y arqueólogo forense, “una eminencia a nivel mundial que está trabajando en el Ministerio de Transición Democrática como asesor. Fue el que logró exhumar los restos de Víctor Jara, Salvador Allende, Pablo Neruda o el Che Guevara. No lo consideraron suficiente para continuar con la intervención y volvió a taparse. Así continúa hasta ahora”, se lamenta.

“La mayor fosa común está en el mar, mediante la técnica del apotalamiento”

Ante la respuesta negativa de las autoridades han tenido que acudir a los tribunales, a través de la Agrupación de Familiares Fuerza Común San Antonio de Vegueta, presentando una denuncia en la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Al respecto, reprocha que las familias tengan que unirse en agrupación para poder iniciar cualquier trámite para exhumar a sus familiares. “Yo tengo 65 años, mis padres murieron los dos, en 2018 y 2020, esperando por las instituciones públicas. Se han reído de nosotros”.

Paco González recuerda que a pesar de la falsa sensación de que los crímenes franquistas no alcanzaron a islas no capitalinas, como Lanzarote, existen 176 personas lanzaroteñas que fueron represaliadas. “Con mi abuelo, hay un periodista lanzaroteño enterrado en la misma fosa común, Manuel Fernández. Lo mataron a palos, hay testigos, mis propios abuelos lo fueron”. Una fosa común en el mismo lugar donde se encuentran enterrados familiares de los genocidas, como los panteones de Eufemiano Fuentes o de Los Betancores. 

“Los gobiernos tendrían que exhumar sin que las familias tengamos que estar mendigando. Y añade: “Las familias tenemos derecho. Como se hizo en Polonia, en Alemania, o Chile y Argentina. El proceso de memoria no se ha parado, el proceso de justicia y reparación no se ha parado a nivel judicial. Es un deber moral con la gente asesinada”.

En el cementerio de Vegueta, una cruz preside el lugar donde se encuentra la fosa común. Fotos: Cedidas.

Apotalamiento

En los libros de Paco González se expone la estigmatización de las mujeres tras el fallecimiento de los hombres, algunos de ellos con el método del apotalamiento. “La mayor fosa común está en el mar de Canarias. Hay miles de desaparecidos”. El poeta Pedro García Cabrera dice que en seis meses vio fusilar a 2.000 personas en la empresa Fyffes de Tenerife, de donde procedían buena parte de los sacos que se usaban para llevar a cabo esta cruel tortura. “El método de apotalar consiste en meterte en un saco de papas o de plátanos, atado de pies y manos. Llevarte mar adentro, en un barco, a ti y a más gente. Y con una piedra dentro del saco tirarte vivo al agua”, explica González.

También habla en su libro de campos de concentración una vez que el fascismo se impone en España, hasta tres en Gran Canaria: Gando, La Isleta y Las Torres, que pertenecía al antiguo municipio de San Lorenzo anexionado por Las Palmas de Gran Canaria, antes incluso de que se creara la colonia agrícola de Tefía, un campo de concentración que permaneció activo entre 1954 y 1966 para “vagos y maleantes”, incluyendo personas por su orientación sexual, un claro ejemplo de la represión franquista.

De los relatos de los represaliados y también de los propios fascistas pudo conocer que se sacaban de estos campos de concentración, como el de Gando, a una treintena de personas y les pegaban un tiro en la nuca. Habla en su libro de la Brigada del Amanecer, dirigida por el empresario y falangista Eufemiano Fuentes, e integrada por “gente de dinero”.

La forma que tiene Paco de superar su trauma es publicar relatos como estos e investigar sobre la instauración del régimen franquista en las Islas. Porque, “aunque hasta aquí no llegara la guerra, su consecuencias se vivieron con represión”.

Otra de sus luchas es lograr que el callejón de Tamaraceite, donde residía su familia durante la represión franquista, lleve el nombre del niño Braulio. Que el lugar donde se produjo el violento asesinato de su tío cuando era un bebé de meses pueda ser un lugar del recuerdo del horror fascista. Un reconocimiento que ya ha sido rechazado en diversas ocasiones. La Administración le pide el certificado de nacimiento y fallecimiento de Braulio González García, asesinado con cuatro meses y nacido en una época en la que la inscripción en los registros civiles se realizaba mucho más tarde de que las madres dieran a luz a sus hijos, ante la alta tasa de mortalidad infantil. Con respecto a la posibilidad de encontrar un certificado de fallecimiento se pregunta con la rabia contenida: “¿Cómo iban a certificar los fascistas el asesinato de un bebé?”.