La patronal turística ha pedido este lunes test en origen y en destino para los visitantes, corredores seguros, apoyo a las empresas y sus trabajadores y ERTE flexibles hasta final de año, peticiones todas ellas que deberían aplicarse cuanto antes para evitar el cierre del sector y que, han recordado, mantienen desde el comienzo de la pandemia.

Así lo han dicho durante la comisión parlamentaria del área el presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos (Asofuer), Antonio Hormiga, el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FHT) de Las Palmas, José María Mañaricúa, el presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal, y la presidenta de la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (Asolan), Susana Pérez.

Dichas medidas podrían comenzar a resolver una situación que para el sector se complica “cada día más”, según Marichal, y cuyo peor escenario provocaría despidos objetivos y el cierre de los hoteles hasta que el panorama socioeconómico cambie.

“A ver cuál será el plan B de ustedes con un 40 por ciento de paro en Canarias. Y por eso estamos aquí, porque no queremos ese plan B”, ha contestado Marichal a la portavoz de Nueva Canarias Esther González, quien antes le había afeado sus declaraciones a mediados de este mes en las que, en su opinión, dejaba entrever que los diputados eran unos inconscientes por estar entonces de vacaciones.

Hormiga ha subrayado que el sector pide test para los visitantes, cuya parte correspondiente del coste están dispuestos a asumir, y la garantía de los ERTE para salvar lo que resta de año.

“Tendrá que haber más ayudas al sector si no queremos el caos. Debemos actuar. Si podemos establecer un corredor sanitario y test, podremos dar a los turoperadores ciertas garantías. Porque si cierran las fronteras, tendremos que ir cerrando nuestros negocios”, ha avisado Hormiga.

Mañaricúa, además, ha recalcado que el Gobierno de Canarias debería de pedir al Ministerio de Trabajo que sea la Autoridad Laboral Canaria la que decida los casos de ERTE por fuerza mayor.

Susana Pérez ha señalado por su parte que el Plan Fortaleza Canarias establecía a los test en origen como garantes de que el archipiélago era un destino seguro, fuera en aeropuertos o puertos, y que fueron reclamados por el Gobierno de Canarias con el apoyo de las patronales turísticas.

“Lamentablemente esta medida no tuvo el respaldo del Gobierno central, y perdimos la oportunidad de que se elevase a la Unión Europea. Y ahora vemos cómo otros países en Europa y destinos turísticos la están implementando”, ha lamentado.

Y ha citado a Chipre, Grecia o Portugal, especialmente el archipiélago de Madeira, como ejemplos de destinos que aplican los test y sobrellevan así mejor los niveles de visitas.

Todos han coincidido en que la actual incidencia de la pandemia en las islas es peor que hace un mes, cuando estaba más controlada, y Pérez entiende en esa línea que delegar en la responsabilidad individual de los ciudadanos no ha sido una herramienta “idónea” para combatir la propagación de la COVID-19.

La presidenta de Asolan ha reclamado asimismo un plan específico para el sector, de aplicación inmediata y a corto y medio plazo, porque las medidas actuales ya se están agotando, como los ERTE, que a partir de septiembre solo cubrirán un 25 por ciento de los empleos, cuando las pequeñas empresas, en su opinión, requerirían un 100 por ciento.

Grupos parlamentarios

Los portavoces del grupo mixto y de la Agrupación Socialista Gomera se han mostrado de acuerdo con los representantes de la patronal turística, y han recordado la importancia del turismo en la economía canaria

Sin embargo, el portavoz de Sí Podemos Canarias, Francisco Déniz, ha afirmado que el modelo turístico de masas ya daba muestras de agotamiento desde antes de la pandemia, como mostró por ejemplo la quiebra del turoperador británico Thomas Cook a finales del año pasado.

Déniz ha pedido por ello una reconversión estructural del sector, porque entiende que la “raíz” del problema es “estructural” y que no son sostenibles ni las cifras récord de visitantes ni la distribución poco equitativa de la riqueza entre los ciudadanos.

Además, ha achacado a los grupos de presión turísticos en Bruselas el hecho de que la Unión Europea todavía no haya declarado como obligatorios los test en origen, sobre todo turoperadores y líneas aéreas, una petición que sí ha reclamado el Gobierno regional.

Y sobre los ERTE, Déniz ha hecho hincapié en la “ingente” cantidad de dinero público mensual y diario que se está aplicando para proteger los puestos de trabajo y la supervivencia de las empresas.

Esther González (Nueva Canarias) ha incidido en que las medidas que se puedan tomar a partir de ahora deben ser complementarias con las ya existentes y aplicadas, y deben igualmente cumplir con las capacidades competenciales atribuidas a la autonomía en materia de sanidad pública.

“Primero se pedía desde la propia patronal que no se impusiera la obligación de hacerse las pruebas porque ahuyentarían a los turistas, y ahora pasamos a que sí se realicen las PCR (…) Espero que no se limiten a exigir ayudas públicas. Siempre han sido un sector históricamente muy ayudado. ¿Cuál es su plan B?”, ha reprochado González.

Ha defendido también las distintas medidas tomadas en estos meses por el Gobierno de Canarias y consensuadas, de hecho, con las patronales del sector en mesas de concertación.