La pandemia por la COVID visibilizó la realidad de los menores en situación de riesgo y aumentó el número de niños y niñas a los que los equipos de los servicios sociales de los ayuntamientos de Fuerteventura hacen seguimiento debido a las situaciones y entornos de vulnerabilidad en los que viven. También el coronavirus destapó y produjo episodios límite que agravaron el estado emocional de los menores.

La psicóloga María José Cabrera y la trabajadora social Jéssica Brito son dos de las profesionales del Equipo Especializado en Atención a la Infancia y la Familia de la Mancomunidad Centro Sur de Fuerteventura. Ellas se encargan de los expedientes de los menores en situación de riesgo de los municipios de Antigua, Tuineje, Pájara y Betancuria. La Oliva y la capital, Puerto del Rosario, tienen sus propios equipos de menores.

Pero, ¿qué se entiende por menores en situación de riesgo? María José aclara que se trata de aquellos menores que “a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, se ven perjudicados en su desarrollo personal, familiar, social o educativo”. Y a partir de ahí enumera episodios de maltrato físico o emocional, con menores expuestos a situaciones de violencia intrafamiliar, negligencias en el cuidado, carencia de recursos para conectarse a internet para seguir un ritmo escolar adecuado, dificultades para cubrir de manera adecuada las necesidades básicas de las familias...

“Hay veces en las que el menor puede tener todas las necesidades cubiertas a nivel escolar y familiar, pero el conflicto es tan grave que en lo emocional tienen situaciones de desprotección debido a que no se desarrollan en un ámbito estable”, explica.

La crisis sanitaria y el confinamiento como remedio para parar los pies al virus desataron un parón económico que arrastró a muchos al desempleo, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) e, incluso, a las colas del hambre a las puertas de los servicios sociales municipales, ONG y grupos improvisados de ayuda para paliar los efectos de la miseria. La pandemia retrató aún más la vulnerabilidad a la que están expuestos los menores en situación de riesgo.

“Las familias en situación de riesgo requieren de muchos apoyos externos. Se les ofrecen actividades extraescolares, centros de día y apoyo familiar para eliminar los factores de riesgo. Con la pandemia, todos esos factores de protección externos e, incluso, el apoyo familiar, como el abuelo o el tío, que cumplían una función en ese hogar, se eliminaron por el confinamiento”, explica la psicóloga.

Ese apoyo externo, continúa explicando, “hacía que muchas familias no fueran conscientes de la problemática que tenían. En el confinamiento, se destapó la realidad familiar. Los recursos de apoyo desaparecieron y, de repente, las familias fueron conscientes de dificultades en las habilidades marentales y parentales”.

Fuerteventura cerró 2020 con 342 menores en riesgo, sin contar con los datos de La Oliva, que se ha negado a informar a este periódico. Durante estos primeros cinco meses de 2021, el número es de 335, también sin contar La Oliva. Por municipios, la capital suma 268 y la Mancomunidad de Municipios Centro Sur de Fuerteventura 67, de los que 15 se encuentran en Antigua, 19 en Pájara y 33 en Tuineje. En Betancuria, un lugar con una población muy envejecida, no se registran casos, en el momento actual. Los especialistas en menores aclaran que la diferencia entre unos municipios y otros no es sólo por su realidad social, sino también por la falta de profesionales para detectar casos de menores en situación de riesgo.

María José y Jéssica están convencidas de que las cifras de 2020 fueron mucho mayores, pero con unos servicios sociales centrados en atender las necesidades básicas, “apenas se derivaron menores a los servicios de riesgo. Los técnicos de los equipos municipales en la Atención de Infancia y Familia de los ayuntamientos fueron reubicados para la atención y gestión de ayudas económicas”, explican.

Las dos coinciden en que el confinamiento y la situación de pandemia ha aumentado el número de menores en situación de riesgo y también su gravedad. “En los municipios que engloba la Mancomunidad Centro Sur de Fuerteventura nos hemos encontrado con un aumento de casos que presentan indicadores de desprotección infantil. La intensidad de los casos está requiriendo mucha atención por parte del equipo técnico”, explica Jéssica.

Los profesionales piden más ayudas para atender los efectos de la pandemia

En los casos de desamparo, es la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias quien adopta las oportunas medidas de protección en los menores. Es ahí cuando la administración se hace cargo de su tutela y pasa a ser acogido en un centro de protección o en una familia de acogida, que puede ser familia extensa o familia ajena. El número de menores en protección por parte del Gobierno de Canarias en diciembre de 2020 era de 84, de los que 49 estaban en acogimiento familiar y 35 en acogimiento residencial.

En el aspecto emocional, la psicóloga del equipo municipal especializado en la Atención de Infancia y Familia de la Mancomunidad Centro Sur asegura que la afectación fue “evidente” y se detectaron indicadores que “no eran visibles por parte de nuestro equipo técnico ni a nivel comunitario, tales como casos de violencia filio parental en los hogares; problemas de pareja que afectaban a los hijos y, en general, mucho problema convivencial”.

Muchas de estas familias viven con escasos recursos, en pisos pequeños en donde el confinamiento produjo situaciones de hacinamiento que servían de pólvora para desatar discusiones y episodios de violencia que afectaban al estado emocional del menor. La falta de libertad para poder salir a la calle también produjo situaciones complicadas.

María José aclara que no existe un perfil en los menores en situaciones de riesgo y rompe con clichés como la pobreza unida a este tipo de situaciones. “Tenemos menores en cuyo hogar hay un nivel adquisitivo alto, pero existe un desarraigo emocional con el niño”, sostiene. La diversidad cultural de los municipios que componen la mancomunidad también es un aspecto a tener en cuenta.

Sin apoyo emocional

La pandemia obligó a los servicios sociales municipales a habilitar partidas económicas de emergencia y una red de apoyo para paliar la miseria a la que arrastró el confinamiento. A juicio de este equipo de profesionales, “se han sabido cubrir las necesidades a nivel económico con medidas como el Ingreso Mínimo Vital, mejoras de la Prestación Canaria de Inserción o la creación de partidas de emergencia por parte de los ayuntamientos, pero no se supo cubrir a nivel emocional”.

María José explica cómo “el sistema se preparó para atender la emergencia económica, pero, en ningún momento se hizo una ley específica o se creó una ayuda para atender a nivel emocional y hoy en día sigue sin crearse, a pesar de que las exigencias emocionales aumentaron mucho”. Ese olvido ha traído aparejados muchos problemas convivenciales, violencia, depresiones, agresiones intrafamiliares, una serie de situaciones que, según señala Jéssica, “nos preocupan bastante porque, si la parte emocional no está cubierta, al final se producen situaciones de desamparo” y apostilla que “si un padre y una madre no están bien, cómo van a cuidar a los niños”. Esta trabajadora social insiste en que, a nivel emocional, haría falta sumar más profesionales.