El escrito de más de 300 páginas de la jueza instructora María Ángeles Lorenzo-Cáceres que pone fin a la instrucción del caso Mediador, atribuye al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo el uso de un catálogo de mujeres prostituidas como parte de la retribución en especie por sus gestiones, según consta en la resolución previa a la apertura de juicio oral.

Según el diario ABC, la magistrada acuerda el envío a juicio del exdiputado majorero y otras 22 personas investigadas por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y estafa. La resolución judicial señala que empresarios que buscaban un trato favorable por parte de la administración asumían el pago de servicios sexuales, comidas y otros gastos.

Estas actuaciones se realizaban con la intermediación del también investigado Marco Antonio Navarro Tacoronte, quien ponía en contacto a los empresarios con el exdiputado. El escrito recoge la existencia de fotografías en las que ambos aparecen con mujeres de pago y restos de estupefacientes sobre la mesa, tomadas en un establecimiento próximo al Congreso de los Diputados durante el periodo de cierre perimetral por la pandemia.

El documento describe que los encuentros se iniciaban con contactos previos del mediador y continuaban con comidas o cenas en restaurantes, cuyo coste era asumido por los empresarios en función del favor solicitado. En ocasiones, incluían visitas al Congreso. La magistrada detalla una cena en un reservado de un restaurante de Madrid con una factura de 11.800 euros, abonada por el empresario investigado Maximiliano Poveda.

El auto recoge pagos de empresarios mediante servicios sexuales, comidas y otros gastos, en el marco de presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y estafa

Durante ese encuentro, se solicitó la presencia de siete mujeres de compañía, elegidas mediante un catálogo, con un coste de 300 euros por hora cada una, lo que sumaba 2.100 euros por hora. En el escrito se recoge la petición de Navarro Tacoronte: "un grupo de chicas que sea de lo mejor y que simulen ser misses". La jueza indica que, cuando los encuentros tenían lugar por la noche, era habitual el recurso a la prostitución.

La resolución incorpora la declaración del encargado del establecimiento, quien relató el consumo de "botellas de champán francés de alta gama" y "caros destilados que pedía el exdiputado". También recoge la presencia de las mujeres en el reservado y la invitación realizada por Fuentes Curbelo al empresario "en agradecimiento a su regalo". El empresario declaró ante la magistrada que "sabía que debía de antemano pagar por obtener el respaldo del diputado Curbelo y por la información privilegiada y gestiones en Canarias".

Las partes ya disponen del escrito para formular sus escritos de acusación y defensa. En una pieza separada del caso, relativa a sobornos, ya se han dictado condenas de prisión contra el mediador, el general retirado Francisco Espinosa y el empresario Antonio Bautista.

El escrito recoge una petición de Navarro Tacoronte: "un grupo de chicas que sea de lo mejor y que simulen ser misses"

El escrito identifica como principales responsables de la trama a Fuentes Curbelo; su sobrino Taishet Fuentes, entonces director general de Ganadería del Gobierno de Canarias; y el citado Espinosa. La magistrada les sitúa como cabecillas de un entramado que contaba con la intermediación de Navarro Tacoronte para contactar con empresarios interesados en obtener un trato favorable por parte de la administración autonómica o de la Guardia Civil.

Asimismo, el documento describe un funcionamiento similar en Canarias, donde Taishet Fuentes habría utilizado también un catálogo de mujeres a través del mediador. La investigación recoge mensajes y grabaciones intervenidas en las que ambos organizaban encuentros en hoteles de Las Palmas. Estas comunicaciones coinciden con movimientos de efectivo en cuentas de un presunto testaferro, Miguel Ángel Robayna, dinero que, según la investigación, se habría destinado al pago de servicios sexuales.