TRIBUNALES

La Fiscalía se cansa de la parálisis del caso Gesturpa y pide un “impulso inmediato”

El fiscal solicita que se realicen dos diligencias que se pidieron en junio y que se han tramitado de forma incorrecta por el Juzgado número 6 de Puerto del Rosario

Blas Acosta, investigado en el caso Gesturpa. Foto: Fuselli.
Saúl García 0 COMENTARIOS 08/01/2019 - 06:32

La Fiscalía presentó en el Juzgado la denuncia que dio paso al caso Gesturpa en abril de 2015. Tres años y medio después, la instrucción sigue abierta y no ha avanzado mucho. El pasado mes de diciembre, el fiscal de delitos económicos, asignado a Puerto del Rosario, Tomás Fernández de Páiz, registró un escrito en el que pide “que con carácter inmediato se tomen medidas por parte de la letrada de la administración de justicia para que se tramite correctamente y en plazo la ya dilatada instrucción”.

El fiscal recuerda que en abril de 2018, a los tres años de que se iniciara la causa, pidió que se tramitaran dos diligencias y se le diese “inmediata remisión de los autos para valorar su resultado e informar nuevamente sobre el estado de la instrucción”. Sin embargo, esas diligencias no se han tramitado de forma correcta, según el fiscal.

La primera de esas diligencias fue la de pedir el historial registral íntegro del Registro Mercantil de la sociedad Gesturpa, así como las cuentas anuales presentadas desde 2011 hasta la actualidad. El Juzgado pidió esa información al Registro Mercantil central y no al de Fuerteventura, donde está domiciliada la sociedad y donde tiene obligación de presentar las cuentas. Lo que remitieron, dice la Fiscalía, no solo es incompleto sino que no tiene un solo depósito de cuentas.

La segunda diligencia es el Libro de actas, que en lugar de pedirlo directamente al administrador mancomunado de esa sociedad, el investigado en la causa Blas Acosta, vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, se pidió al Juzgado de Paz de Pájara, que seis meses después no ha contestado.

Además, el fiscal añade que se tardó tres años para la simple toma de declaración de Acosta. El pasado mes de junio, la Fiscalía pidió la prórroga de la instrucción, y se acordó esa medida quince días después de su petición, pero el estado procesal es el mismo que hace seis meses.

“Por ello, y contra nuestra voluntad nos vemos obligados a solicitar una nueva prórroga para la correcta y compleja instrucción de la presente causa”, señala el fiscal, que pide que se tomen “medidas inmediatas para que la instrucción se agilice eficaz y urgentemente”.

El caso Gesturpa es una empresa pública, propiedad del Ayuntamiento de Pájara, que está actualmente en fase de liquidación. Se dedicaba a la gestión urbanística y a la promoción de obras en el municipio. El investigado Blas Acosta estaba al frente cuando era concejal de Urbanismo.

Una de las cuestiones que se investiga es la instalación de alumbrado de la urbanización Cañada del Río por un coste de casi 900.000 euros. Según una auditoría, el alumbrado no le correspondía a Gesturpa, sino al Ayuntamiento de Pájara.

Otra de las presuntas irregularidades investigadas es un pago de 100.000 euros que hizo la empresa en abril de 2010. En la auditoría se indica que “existen dudas razonables” sobre la autenticidad de esa transferencia.

Acosta presentó en el Juzgado un escrito de la empresa Transportes Araya Franquiz en el que se “certifica” la existencia de unas supuestas facturas por trabajos de limpieza y desmonte de terrenos en una promoción de viviendas, con las que el investigado sostiene que se acreditaría el desembolso de los 100.000 euros: una del 30 de enero de 2005 por 55.503 euros y otra del “30 de febrero” del mismo año por 44.509,5 euros.

Bankia sigue sin certificar sus operaciones con Gesturpa

El último informe de auditoría sobre Gesturpa realizado por el auditor Miguel Ángel Ramírez sigue destacando algunas de las lagunas de los años anteriores. Así, el auditor destaca que en esta ocasión la entidad bancaria Bankia tampoco ha certificado la información de las operaciones mantenidas con la empresa.

Esta circunstancia se repite. En 2016, el mismo auditor ya mantenía esa salvedad que también destacaba la Fiscalía, que reclama en el procedimiento “una relación de todas las cuentas bancarias” de Gesturpa y que se ordenara a los bancos, “en concreto a la entidad Bankia”, para que aportara los “extractos”.

La Caja Insular de Ahorros de Canarias, ahora Bankia, fue la principal entidad bancaria volcada en el desarrollo urbanístico del sur de la Isla. Hay que recordar que se investiga un saldo deudor de 100.000 euros que corresponde a una transferencia realizada por Gesturpa el 23 de abril de 2010 y el auditor de la empresa advierte de que no había dispuesto de la documentación que acreditara ese movimiento.

En las salvedades de la auditoría de 2017, Ramírez también pone de manifiesto que aparece un saldo acreedor con la sociedad Dehesa de Jandía por más de 766.000 euros y que ese saldo no ha sido confirmado por dicha sociedad, al igual que tampoco se ha podido contactar con algunos de los asesores y abogados que trabajaron con la empresa municipal.

Por otra parte, si en el año 2016 Gesturpa, que decidió disolverse en julio de ese mismo año, contabilizó unos beneficios anuales de 1,2 millones, en 2017 el saldo fue negativo, con pérdidas de 35.551 euros.