La entrada en vigor de la “tímida” Ley de Vivienda Vacacional, cómo la califica Chus Vila, de la Plataforma Artículo 47, sólo ha servido para que se produzca un estancamiento del mercado inmobiliario, sin que se haya visto reflejado efecto alguno sobre el alquiler de larga temporada ni haya venido a solventar la emergencia habitacional de una Isla cada vez más turistificada. Esta es la opinión generalizada de asociaciones, inmobiliarias y del Colegio de Arquitectos de Fuerteventura.

La ansiada reconversión del alquiler vacacional al residencial no se ha producido en estos primeros seis meses de aplicación de la norma, que surgió con la intención de limitar el avance de este segmento turístico. Por el contrario, los precios continúan al alza sin accesibilidad para los residentes, los promotores privados han paralizado sus proyectos ante el temor de ver menguado su negocio, mientras continúan apareciendo nuevas formas de vida alternativa para trabajadores que puedan cubrir los costes de una residencia en una isla cada vez más saturada turísticamente y con dificultades para cubrir los servicios de ese mismo turismo.

“La Ley de Vivienda Vacacional ha motivado que muchos promotores y propietarios particulares se echen para atrás a la de hora de construir vivienda, sin que ello haya repercutido en la reconversión de mayor oferta residencial”, expone el decano del Colegio de Arquitectos de Fuerteventura, Jorge Arribas. 

El precio medio del metro cuadrado en la Isla puede oscilar entre los más de 3.000 euros en localidades del norte y los 1.800 euros del municipio de Tuineje. “Los precios siguen siendo elevados”, tanto para la nueva construcción como para la adquisición de inmuebles en venta. Para construir una vivienda de 100 metros cuadrados en Fuerteventura el valor en el mercado no descenderá de los 250.000 euros. “Una cifra que no está al alcance de todo el mundo, solo para aquellos que ven la posibilidad de gozar de una rentabilidad posterior”, sostiene Arribas. “El error de base es pensar que si no hay oferta vacacional la inversión va a destinarse al residencial. Y no, el dinero va donde hay negocio”.

También se ha visto mermada la inversión en materia de rehabilitación. Explica Jorge Arribas que, hasta ahora, los propietarios se preocupaban de reformar las viviendas para ofertarlas en mejores condiciones para el sector vacacional, y que transcurrido un tiempo estos mismos inmuebles pasaban al alquiler residencial. “Cuando se trata de pequeños propietarios es común que esas casas acaben pasando al convencional. Ahora, la Ley de Vivienda Vacacional va a tener un efecto contradictorio porque ni siquiera habrá interés en rehabilitar inmuebles”.

“No hay que olvidar tampoco que el alquiler vacacional supuso también un beneficio para los residentes locales. Aquellos que disponían de una segunda residencia familiar que tras reformarla se destinaba al turismo vacacional”, expone Arribas. La consecuencia inmediata es que la aplicación de la ley está limitando que los propietarios locales gocen de estos ingresos extras, ganancias que repercuten en la economía familiar y local. “El dinero se queda en Fuerteventura”, sentencia Jorge Arribas, que aboga por luchar contra la especulación y limitar a los grandes tenedores como principal medida para dotar a la Isla de oferta convencional. “Se está aplicando tanta burocracia ante el turismo vacacional que está motivando que solo las empresas solventes puedan acceder a este sector. Y las viviendas del pequeño propietario acaban también en manos de estos grandes tenedores”.

Más allá del freno a la rehabilitación como uno de los efectos nocivos de la aplicación de la norma del Gobierno de Canarias, el decano del Colegio de Arquitectos recuerda que la creación de nuevas promociones no restaba oferta residencial, sino todo lo contrario, “creaba nueva vivienda”. La carestía de los materiales, la falta de mano de obra, la inflación...son un “caldo de cultivo perfecto” para acrecentar el problema de emergencia habitacional de Fuerteventura que obliga a los trabajadores de las zonas turísticas a residir en caravanas.

La incertidumbre ante las licencias vacacionales ha frenado las ventas de viviendas

El decano del Colegio de Arquitectos añade otro déficit que agrava la situación. “No se está aplicando el concepto de turismo sostenible” por el que el beneficio del sector debe repercutir en favor de los residentes. “No se debería permitir crecer por encima de la capacidad de los habitantes locales, tanto en lo referente a vivienda como a servicios públicos”. Hecho que se está obviando en comunidades turísticas tales como Canarias y Baleares, donde los trabajadores carecen de posibilidad de residencia. “Se ha generado tanto turismo que arrasa con la capacidad de estos lugares a disponer de medios para dotarlo de los servicios necesarios. Es decir, si se dispone de un centro turístico debería tenerse en cuenta también la existencia de zonas residenciales y de conexiones adecuadas para que los trabajadores puedan acudir a sus lugares de trabajo”.

Menos ventas

Karen, agente inmobiliaria de Carmen Villazán que actúa principalmente en la zona de Caleta de Fuste, destaca que desde la aplicación de la Ley de Vivienda Vacacional de Canarias se ha observado un descenso de las ventas. Los potenciales compradores, tanto extranjeros como españoles, están interesados en adquirir los inmuebles en una zona turística para hacer uso durante el disfrute de sus vacaciones y el resto del tiempo devolverla al mercado en alquiler, sin embargo la incertidumbre sobre si podrán contar con licencia para destinarlos a estos usos ha provocado el descenso de las adquisiciones.

Yoana Garrofé. 

“Los propietarios no acaban de fiarse de los contratos de larga estancia”

La agente inmobiliaria habla de distinguir entre zonas eminentemente residenciales y las turísticas, como Caleta de Fuste. “Nosotros tenemos oferta en un área de influencia turística y es comprensible que esas viviendas se destinen al turismo. Entendemos que los trabajadores tengan también derecho al acceso a una vivienda, pero al igual que en otras ciudades se reside fuera de la zona de trabajo, como en las grandes capitales, no creo que los núcleos turísticos sean el lugar donde ofrecer alquileres de larga temporada, para esos están otras localidades como la propia capital, Puerto del Rosario, donde no deberían otorgarse licencias vacacionales”.

La incertidumbre sobre la posibilidad de conseguir una licencia tras la aprobación de la Ley de Vivienda Vacacional el pasado año ha originado un estancamiento de las ventas. La lógica de mercado sería que se produjera un descenso de los precios o al menos ese es el consejo que la inmobiliaria ofrece a sus clientes, el de abaratar los inmuebles, como las villas de lujo en el Campo de Golf que oscilan entre los 490.000 euros y los 800.000 euros. “Si los propietarios quieren vender las viviendas se tendrán que ver obligados a bajar el valor de las mismas, aunque en su momento la alta demanda hiciera ascender su precio”, sostiene la agente. Por el momento el valor del metro cuadrado sigue al alza.

Alquiler temporal

Desde la inmobiliaria Yoalquilo coinciden en que las dudas sobre la posibilidad de acceder a nuevas licencias de vivienda vacacional no ha motivado que haya aumentado la oferta de alquiler de larga temporada, sino que “esos inmuebles se están ofertando como temporales”. “Los propietarios no acaban de fiarse del contrato de larga estancia”. La responsable de la agencia, Yoana Garrofé, aclara que para que esa oferta se clasifique como “temporal” existen también limitaciones. La ley especifica que debe declararse un motivo justificado, ya sea por motivos de salud, de estudio, o un contrato de trabajo de inicio y fin. De otro manera, esta temporalidad de la renta del inmueble podría servir como subterfugio para el alquiler turístico sin necesidad de disponer de licencia administrativa.

Jorge Arribas, decano del Colegio de Arquitectos de Fuerteventura.

El precio medio ha seguido la escalada ascendente de los últimos meses

“A pesar de la entrada en vigor de la nueva ley aún existe bastante escasez de oferta residencial”, insiste Garrofé. Tampoco se están produciendo inspecciones para verificar la existencia de licencias en regla, con lo que muchos propietarios no temen ser sancionados por la Administración, lo que conlleva que se continúe con la práctica de ofertar su vivienda en el sector vacacional de forma irregular.

El precio medio de la vivienda ha seguido la escalada ascendente de los últimos meses también en materia de alquiler. En Corralejo el precio medio de un piso de dos habitaciones es de 1.000 o 1.200 euros al mes. En Puerto del Rosario el valor medio de la renta fluctúa entre los 700 u 800 euros, media que también se cumple en zonas como Tarajalejo, a pesar de estar en la costa.

Las zonas con mayor oferta de alquiler de larga temporada siguen estando en Puerto del Rosario. “En las zonas turísticas es muy raro que un propietario ponga en el mercado su vivienda, solo para conocidos. La demanda sigue siendo muy alta todo el año, sin que se produzca una temporalidad en la misma, la ausencia de vivienda residencial hace que en cuanto se pone a la venta o alquiler un inmueble este se adjudica”, añade Yoana Garrofé.

Los altos precios del alquiler también han motivado que muchos jóvenes opten por la compra en cuanto ven que tienen posibilidades económicas. Alentados ante el programa Hipoteca Joven de Canarias que facilita el acceso a la primera vivienda permitiendo financiar hasta el 95 por ciento del valor del inmueble y que también se hace cargo de los costes de notaría.

Junto a los jóvenes que se lanzan a la adquisición de su vivienda motivados por el programa de ayudas gubernamentales, otro perfil de comprador en Fuerteventura es el extranjero, capaz de aportar el cien por cien del capital para la adquisición del inmueble, principalmente en zonas turísticas. Mientras que el sector del funcionariado está pudiendo acceder más fácilmente a la compra de una residencia ante la benevolencia de las entidades bancarias, ofreciendo del noventa a la totalidad del valor del inmueble, y que optan por las adquisiciones preferentemente en su área de trabajo, señalan desde las inmobiliarias.

Vida alternativa

Chus Vila, de la plataforma Artículo 47, comparte la visión de los agentes: “Se ha producido un freno en la concesión de licencias vacacionales, pero no ha significado una reconversión al alquiler residencial”. La activista aboga por una legislación “más contundente y práctica”.

Chus Vila, portavoz de la Plataforma Artículo 47 de Fuerteventura.

Familias trabajadoras están durmiendo en caravanas o en el coche

Por el contrario, el problema habitacional se ha dimensionado. Trabajadores viviendo en caravanas, familias dormitando en vehículos... “Cada vez es más la gente que busca alternativas habitacionales fuera de la vivienda clásica. Se están viendo situaciones dramáticas”. Y es que la escasez de inmuebles a precios asequibles y la imposición de mayores requisitos por parte de los propietarios está impidiendo el acceso incluso a la población trabajadora que antaño podía contar con esta opción. “Ya no basta ni con tener un contrato indefinido, sino que es necesario contar con una solvencia económica y salarios en torno a los 2.000 euros para adquirir una residencia y salir adelante. Las personas trabajadoras están precarizadas en el aspecto de la vivienda. Aquellas que no hayan tenido la oportunidad de adquirir un hogar antes de la escalada de precios se encuentran ahora con este gran problema para poder vivir de alquiler”.

También habla Chus Vila de la “violencia emocional” ante las imposiciones y exigencias de los propietarios que optan por ofrecer sus inmuebles en el mercado del alquiler de larga temporada. La gran mayoría son reacios a alquilar sus viviendas a familias con menores o animales domésticos, además de la alta capacidad de solvencia económica que debe demostrar el inquilino.

Tampoco las formas de vida alternativa para la población que no puede acceder a una vivienda está mitigando el problema. Como es el caso de caravanas, autocaravanas o contenedores que, sin embargo, por normativa urbanística deben establecerse en terrenos urbanizables. Aquella población que compró estas infraestructuras para ubicarlas en terrenos rústicos ha tenido que prescindir de las mismas tras la intervención de la Administración al estar prohibidos estos emplazamientos.

“Nos encontramos ante una paradoja”, dice Chus Vila. “Hasta ahora cuando había problema de vivienda surgían barrios chabolistas en la periferia de las ciudades con la vista gorda de las administraciones, sin embargo ahora está actuando. La Administración es el perro del hortelano, ni come ni deja comer”.

La dramática situación a la que ha llevado la emergencia habitacional que sufre la Isla obliga a algunas familias a tener que acabar durmiendo con sus hijos en su vehículo, según comenta Chus Vila. “Estas son las situaciones que está provocando la política urbanística de las administraciones. Como la de un padre que se ha visto obligado a vivir con sus dos hijas en el coche. Ni las personas trabajadores con un salario digno pueden acceder a una vivienda. La Ley de Vivienda Vacacional es solo fachada, nada más”.