La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ha analizado 259 expedientes en Fuerteventura en lo que va de 2026, frente a los 160 de 2025, los 110 de 2024 y los 120 de 2023, según los datos expuestos este miércoles durante una reunión de coordinación entre administraciones celebrada en el Cabildo insular.

En total, entre 2023 y 2026 se han analizado 649 expedientes en la isla, de los que los correspondientes a este año representan el 40 por ciento.

Gobierno de Canarias, Cabildo de Fuerteventura, ayuntamientos, policías locales y Guardia Civil han reforzado su coordinación para intensificar la vigilancia y protección del territorio ante el incremento de la actividad inspectora registrado en los últimos años.

Las distintas administraciones han mantenido una reunión con los municipios afectados para poner en común las actuaciones que se desarrollan en suelo rústico destinadas a detectar, tramitar y corregir situaciones que incumplan la legalidad.

En el encuentro participaron la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García; el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda; la directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Montserrat Ortega, y el comandante de la Guardia Civil José Manuel Lebrón Moreno.

Lola García destacó que Fuerteventura tiene en su territorio “uno de sus principales valores” y señaló que su protección es una responsabilidad compartida.

“Frente a una presión que requiere una vigilancia constante, las administraciones estamos trabajando juntas”, afirmó la presidenta del Cabildo.

Por su parte, Manuel Miranda explicó que las principales actuaciones detectadas están relacionadas con la ocupación y transformación del suelo.

Las instalaciones, contenedores, explanaciones, vallados o casas prefabricadas representan el 35,7 % de los expedientes; las obras sin licencia, ampliaciones, viviendas y otras estructuras suponen el 30 %, mientras que los vertidos, residuos, acopios y abandono de materiales representan otro 14,1 %.

Estas tres tipologías concentran más del 70 % de los expedientes analizados entre 2023 y 2026.

Por municipios, Puerto del Rosario, La Oliva y Tuineje concentran más del 85 % de la actividad inspectora registrada durante ese periodo.

Un operativo conjunto realizado el 15 de septiembre permitió efectuar 64 inspecciones con indicios de infracción en cuatro municipios de la Isla

Las administraciones expusieron también los resultados de un operativo extraordinario desarrollado el pasado 15 de septiembre de manera simultánea en La Oliva, Puerto del Rosario, Antigua y Tuineje.

La actuación fue coordinada por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y contó con técnicos de la Agencia, agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura, efectivos del Seprona y policías locales de los cuatro municipios.

El operativo permitió realizar 64 inspecciones con indicios de infracción. Las correspondientes denuncias están pendientes de emisión por parte de los cuerpos actuantes y de su posterior tramitación.

La directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Montserrat Ortega, explicó que de los 649 expedientes analizados entre 2023 y 2026, 549 se encuentran en curso y 100 han sido archivados.

Ortega precisó que el archivo de un expediente no significa necesariamente que haya desaparecido la situación que motivó la actuación, ya que en parte de los casos la Agencia carece de competencia material y remite la actuación a la administración competente.

Los servicios de Actuaciones Previas y Disciplina Urbanística de la Agencia han identificado y documentado 26 restablecimientos voluntarios entre 2023 y 2026: 15 en Puerto del Rosario, siete en La Oliva, dos en Pájara, uno en Tuineje y uno en Antigua.

Por parte de la Guardia Civil, José Manuel Lebrón destacó la colaboración entre los distintos organismos que participan en la vigilancia y protección del territorio y señaló el operativo del 15 de septiembre como ejemplo de esa coordinación.

Las administraciones participantes hicieron también un llamamiento a la ciudadanía para contribuir a la protección del territorio y evitar actuaciones que puedan deteriorarlo o incumplir la normativa.

Lola García cerró la comparecencia afirmando que “proteger el territorio requiere inspección, coordinación y actuación” y señaló que el objetivo es seguir mejorando la vigilancia, reforzar la coordinación y avanzar en el restablecimiento de la legalidad cuando corresponda.