El PSOE de Canarias ha manifestado este miércoles que la acusación de la Fiscalía contra Blas Acosta “no forma parte de los supuestos tasados en el código ético socialista en el ámbito de la corrupción”, pese a que el Consejo General del Poder Judicial califica así el delito de prevaricación por el que se piden tres años de prisión para el nuevo fichaje del Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres.

En un comunicado, el PSOE canario afirma que el código ético del partido “es absolutamente claro al afirmar que un representante público debe dimitir de su cargo en el momento que se le abre juicio oral por el juez en caso de corrupción”.

Acto seguido, el Partido Socialista pretende rebajar la calificación de los delitos de los que se acusa al secretario insular del partido en Fuerteventura, que Torres anunció el lunes por la mañana que sería el nuevo viceconsejero de Economía, sin que lo supiera la todavía titular de la cartera, Almudena Estévez.

Así, el PSOE sostiene que “la petición que ha hecho la Fiscalía de [apertura de] juicio oral a Blas Acosta está pendiente en estos momento de la decisión del juez que instruye la causa y, además, no forma parte de los supuestos tasados en el código ético socialista en el ámbito de la corrupción”.

En cambio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera “delitos relacionados con la corrupción” los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, así como los delitos de prevaricación.

De hecho, el Poder Judicial ha creado una base de datos “sobre procesos por corrupción”, entre los que se encuentran los dos delitos citados, para permitir a los ciudadanos “conocer la acción de la justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción”.

En el caso La Pared, la Fiscalía, que pide una condena de tres años de prisión, inhabilitación durante el mismo tiempo y fianza de 70.000 euros, acusa de forma expresa a Blas Acosta “de un delito de prevaricación urbanística previsto en los artículos 320.2 y 404 [del Código Penal]” por haber otorgado dentro de la Junta de Gobierno de Pájara una licencia con informe técnico y jurídico negativo.

El primer artículo citado por la Fiscalía en su escrito de acusación se encuadra en los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y el segundo, sobre la prevaricación, inicia el Título del Código Penal sobre los delitos contra la Administración pública. Ambos son los primeros delitos que aparecen el listado del Poder Judicial en su base de datos sobre los delitos de corrupción.

Lo que dice el código ético del PSOE

El código ético del PSOE especifica -en su artículo 5.2- que “cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria”. “En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”, añade.

La citada norma interna es más estricta con los cargos públicos y orgánicos –en el caso de Acosta tiene esa doble condición- que con los “militantes”, a los que se suspende cautelarmente de militancia si “se les abriera juicio oral por un delito relacionado con la violencia de género o la libertad e indemnidad sexuales (acoso, abuso o violación) o contra la integridad moral, o aquellos ligados a la corrupción”.

Captura del código ético del PSOE.

En ese sentido, el comunicado hecho público este miércoles para defender la decisión de incluir a Blas Acosta en el Gobierno regional contradice el código ético del PSOE, que se aprobó en octubre de 2014, menos de nueve meses después de que el exconcejal de Urbanismo de Pájara fuese condenado judicialmente “por el delito de conducción sin permiso”.

Una empresa pública afectada

El otro caso por el que está acusado Blas Acosta está vinculado a su gestión de una empresa totalmente pública, Gesturpa, del Ayuntamiento de Pájara, por la que se le imputa un delito de administración desleal y otro delito de insolvencia punible.

Por esta causa, la Fiscalía pide cuatro años y tres meses de prisión e inhabilitación por el mismo periodo: un año y nueve meses por el primer delito, y dos años y seis meses de cárcel por el segundo. Además, “el acusado indemnizará al Ayuntamiento de Pájara, como socio único de la entidad Gesturpa SL en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los perjuicios económicos causados”.

Entre los hechos relatados en el escrito de acusación se encuentra la aprobación de cuentas “aun sabiendo que las mismas contenían constantes y graves irregularidades”, la obtención de un préstamo del Ayuntamiento de Pájara “cono conocimiento” de que Gesturpa “nunca” podría devolverlo o el pago de una factura de 897.270 euros a una empresa por tareas que no correspondían a la empresa pública, sin contabilizar el abono y sin reclamar el pago a “la entidad propietaria donde se desarrollaron los trabajos”.