El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado el abono de más de 7,1 millones de euros a varias empresas agrupadas en dos UTE por retrasos, tanto en la ejecución de las obras como en las revisiones de precios que recoge la ley por parte de la Administración regional, por trabajos realizados y terminados en los años 2017 y 2018, por tanto, bajo la responsabilidad del anterior equipo del Ejecutivo canario.

Los pagos se corresponden a las obras Nueva Carretera Adeje-Santiago del Teide, en Tenerife, a cuya UTE se le reconoce un pago de 3.562.659 euros, y a las del Corredor Aeropuerto-Tarajalejo-Morro Jable. Tramo Costa Calma-Pecenescal, en Fuerteventura, a cuya UTE se indemnizará con 4.126.811 euros.

La actual Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda hace frente a estos pagos por incumplimientos del anterior equipo, al demorarse de manera sustancial en las revisiones de precios que estipula la ley para estas obras y en los plazos de ejecución de ellas.

Es el caso de la obra de Fuerteventura, cuya UTE presentó reclamación al pasar la ejecución de la obra prevista inicialmente en 36 meses a 110 meses.

Esta obra, que se empezó en 2010 y se acabó ocho años después, se vio afectada por los recortes que el Gobierno central aplicó al Convenio de Carreteras en 2012 y por los retrasos en la gestión de varias modificaciones del proyecto. La ejecución de la obra de este tramo, que se abrió al tráfico en 2018, costó finalmente 44 millones de euros.