Trabajar por la reinserción real de la población reclusa es uno de los grandes objetivos de la asociación Derecho y Justicia. La ONG desarrolla su labor en el centro penitenciario de Tahíche, la cárcel de referencia para la población reclusa de Fuerteventura.

En una carta de apoyo a la asociación, la directora del centro penitenciario, Antonia Chica, señala que al menos 130 internos proceden de Fuerteventura.

La asociación presenta este año su proyecto, por primera vez, a la convocatoria de subvenciones de la Consejería de Políticas Sociales del Cabildo majorero. Derecho y Justicia trabaja en tres grandes frentes: el asesoramiento jurídico gratuito a los familiares e internos del centro penitenciario de Tahíche y del Centro de Inserción Social (CIS) Ángel Guerra, la formación y los programas ocupacionales.

El propósito es alcanzar una integración social y laboral de internos e internas tras el cumplimiento de la condena. Tharais Armas, coordinadora de la asociación y psicopedagoga, señala que el objetivo de aspirar a una ayuda del Cabildo de Fuerteventura es la “necesidad” de que la labor que desarrollan “pueda alcanzar a un mayor número de internos”.

Hasta ahora, el proyecto se ha desarrollado, en buena parte, gracias a una subvención de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote. El desarrollo del proyecto, iniciado allá por 2007 por un grupo de madres y funcionarias del centro penitenciario, se acerca ahora también a los internos majoreros gracias a una nueva sede en Fuerteventura, que se suma al local ya existente en Arrecife, y la atención desarrollada en el centro penitenciario de Tahíche.

Armas destaca que “existe una gran demanda del servicio jurídico, ya que en ocasiones, tal y como se ha podido constatar, los internos se encuentran desamparados, sin apenas medios para hacer valer sus derechos y con mucho desconocimiento sobre su situación legal y sus posibilidades de actuación”, explica.

El objetivo principal de la asociación es ofrecer soporte jurídico a la población reclusa ante el vacío detectado, al tiempo que promueve la reinserción social, y se realiza un estudio y seguimiento de los casos. La asociación destaca también la labor formativa desarrollada, ante el alto porcentaje de carencias en este ámbito entre la población reclusa. “Muchos internos no han concluido la educación secundaria, pero es que es un cupo alto el que ni siquiera alcanza a concluir la enseñanza primaria”, señala Armas.

En cuanto a la intervención psicopedagógica, Tharais Armas explica que “existe mayor reticencia entre la población reclusa y es quizá más costosa la formalización de matrículas en cursos y programas oficiales de enseñanza, debido a la concepción que el preso tiene de sí mismo, de su entorno, en muchos casos marginal, y de su futuro en la calle, bastante pesimista e inflexible. Por ello, es tan importante la posibilidad que ofrece este programa de contar con una figura que los oriente de manera individualizada”.

“Motivamos al interno a entender la formación como una posible y mejor salida sociolaboral, algo que se valora como positivo, siendo cada vez mayor el número de alumnado que termina con buenos resultados, superando los cursos y completando ciclos formativos”, añade.

El voluntariado es una de las armas más efectivas para lograr la reinserción de la población reclusa, si bien con la pandemia descendió su participación y ahora se vuelve a realizar un llamamiento para que se incorporen al proyecto.

“Una de nuestras luchas es que los colectivos sociales puedan también desarrollar su labor en el interior del centro penitenciario, para que la población reclusa tenga acceso a las oportunidades que se ofrecen al resto de la ciudadanía. Lo único que los diferencia es que están pagando la comisión de un delito y están privados de libertad, pero, por lo demás, gozan de los mismos derechos que todos los ciudadanos”, argumenta Tharais Armas.

Área ocupacional

Derecho y Justicia trabaja además para paliar la deficitaria situación que atraviesa la administración para dotar de recursos al centro penitenciario en el desarrollo de una de las grandes patas de este proyecto: el área ocupacional, con el fin último de prevenir e intervenir en materia de adicciones como el mejor camino para alcanzar la reinserción de los internos.

“Cuanto más ocupada esté la persona, menos probabilidad tendrá de caer en una adicción. Un alto porcentaje de la población penitenciaria tiene problemas en adicciones”, sostiene Armas, quien considera que trabajar contra esta lacra ayudaría a que las cifras de criminalidad desciendan.

El proyecto, nacido en 2007, aspira por primera vez a una ayuda del Cabildo

No obstante, la escasez de recursos impide a la asociación desarrollar una mejor labor. “No llegamos al número real de personas que tienen necesidades”, explica la también pedagoga. Pone un ejemplo: en el momento en el que el número de juristas se ve reducido, el nivel de ansiedad entre los internos aumenta de manera exponencial, con lo que menguan las posibilidades de reducir las situaciones estresantes, fin que se persigue con los programas ocupacionales. “Todo influye”, expone.

Cree asimismo que tampoco favorece la reinserción si la labor formativa de los internos continúa con las limitaciones educativas con las que entraron. “Desde la Asociación Derecho y Justicia creemos firmemente que para conseguir una reinserción total es preciso involucrar a todas las partes que están relacionadas con el posible delito y su cumplimiento, para que no se repitan las conductas y para actuar en el entorno de los internos, ya que con apoyo de familia y amigos es más fácil que no vuelvan a delinquir”, señala.

La ONG ha llevado a cabo talleres como la elaboración de una revista por parte de los propios internos, un programa desarrollado durante tres años consecutivos, o cursos de fotografía impartidos por profesionales de la comunicación, junto a ciclos de teatro, de costura o yoga.

En materia legal, el colectivo se encarga de resolver las dudas jurídicas que familiares e internos presentan, principalmente cuando se trata de primeros ingresos en el centro penitenciario, dando a conocer los derechos de la población interna, como por ejemplo solicitar un permiso o una visita, ya sea íntima o familiar.

En cifras, la asociación ha prestado atención jurídica, desde septiembre de 2020 hasta junio de 2021, a un total de 266 internos del centro penitenciario, 20 de ellos de la unidad terapéutica. En ese periodo se han llevado a cabo 25 consultas jurídicas de familiares y reclusos del CIS Ángel Guerra. Al respecto, desde la asociación explican que en el último año han aumentado las consultas telefónicas con las familias de los internos.

También se han incrementado las actuaciones tendentes al cumplimiento de la pena directamente en tercer grado, para los condenados que cumplen determinados requisitos.

Balance positivo

Entre las acciones desarrolladas destacan la redacción de recursos y escritos en torno a acumulación de condenas, alegaciones a propuestas de sanciones de expulsión del país, permisos de salida, revisiones de grado, solicitudes de abogado de oficio o escritos ante el juez de Vigilancia Penitenciaria o el Colegio de Abogados o trámites ante la Seguridad Social.

El trabajo llevado a cabo por los miembros del colectivo complementa el realizado por el propio centro penitenciario, que “en un gran número de ocasiones se ve superado por la alta demanda y los escasos medios”, señala la coordinadora de Derecho y Justicia. Un ejemplo: durante el desarrollo del programa, el centro ha llegado a estar más de un mes sin ningún jurista o sin maestro, mientras se cubrían las plazas. “Este hecho ha convertido en más importante y vital, si cabe, el servicio realizado mediante voluntarios y contratados por parte de la asociación Derecho y Justicia”, puntualiza Armas.

“El propósito es alcanzar una integración social y laboral de los internos”

Aun así, la asociación realiza un balance positivo de su actuación que, en ocasiones, viene a suplir la carencia de estos recursos. “El desarrollo de los programas desarrollados se ha acogido con gratitud por parte de los usuarios del servicio y se ha valorado como muy necesario, lo que se demuestra con el incremento de las peticiones de consultas, de gestiones y de recursos”, señala.

“A ello se le une el hecho de que una importante parte de los escritos jurídicos han sido estimados por los Juzgados e instituciones o continúan en tramitación. En el área de formación, un alto número de internos ha sido matriculado con éxito en distintos cursos y programas”, destaca el informe de la ONG.

Asimismo, destaca el alto porcentaje de escolarización de alumnos desde el comienzo del proyecto. “Se puede apreciar que un buen porcentaje de ellos finalizan el curso escolar con éxito, datos que corroboran el gran interés que los mismos tienen ante este programa”, que desde la ONG consideran “esencial para la reinserción, tanto social como laboral”.

Derecho y Justicia destaca el funcionamiento del Módulo Terapéutico de la prisión, “considerado como un logro, dejando de ser penitenciario en sí mismo, para ser terapéutico y reinsertador. En esta unidad, la ocupación terapéutica y formativa es esencial para la eliminación de actividades dañinas, en muchos casos causa directa de su ingreso en prisión”, añade el informe de la asociación.

Extranjería

Desde la asociación destacan también las actuaciones en materia de extranjería. “Son numerosos los presos extranjeros que se encuentran cumpliendo condena en el centro penitenciario de Tahíche. En su gran mayoría, cuentan con amplio arraigo en la sociedad de Lanzarote o de Fuerteventura, tienen familia en las Islas y llevan muchos años viviendo y trabajando en España”, señala. “Para ellos, la situación en prisión en muchas ocasiones se agrava con la apertura por parte del Gobierno de expedientes de expulsión”, expone la coordinadora de Derecho y Justicia.

A estos internos se les asesora para justificar su arraigo en el país frente a órdenes de expulsión. Por otro lado, también en los últimos años se ha producido un incremento de los internos que ingresan sin conocer ni siquiera el idioma, principalmente de origen magrebí y subsahariano. “Desconocen el idioma, sus derechos y la situación penitenciaria”, matiza Armas.