Tras la reunión celebrada entre el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y los trabajadores afectados por los expedientes que amenazan la supervivencia de los hoteles Oliva Beach y Tres Islas en La Oliva, Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) ha querido instar al presidente a que, "de manera urgente" lleve a término la celebración de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado, en la que se integra la Comisión Mixta de Transferencias, por medio de la cual se debe llevar a término la transmisión de las competencias en materia de Costas al Ejecutivo canario, tal y como se recoge en el Estatuto de Autonomía aprobado en noviembre de 2018.

Esta transmisión de competencias, que "acumula ya un retraso de más de tres años" desde la aprobación del Estatuto y cuya fecha límite se había señalado para junio del pasado año 2021, "es clave para alcanzar una solución definitiva para estos negocios tan importantes para la economía de nuestra isla", ha reclamado Pedro Armas, Presidente de AMF, recordando que su partido, a través de la representación de Sergio Lloret como presidente del Cabildo, ha presentado ya dos mociones al Ministerio de Transición Ecológica relativas a la situación que padecen estos complejos hoteleros y en ambas se ha insistido en la "urgencia" de la trasmisión de las competencias a Canarias.

El encuentro entre Torres y los afectados se produce después de que varios cientos de personas se congregaran ayer, entre trabajadores, empresarios e instituciones majoreras, al grito de 'salvar a 700 familias', en una manifestación convocada para protestar por la amenaza de cierre y derribo que sufren estos complejos turísticos, ante los expedientes iniciados por el Ministerio de Transición Ecológica a través de Costas, del Gobierno Estatal, que pretenden anular las concesiones administrativas que les permiten seguir operando y manteniendo los más de 930 puestos de trabajo directos que dependen de las mismas.  

Entre los manifestantes, acompañada por varios de los principales representantes de AMF en la isla, se encontraba Carmen Betancor, coordinadora del partido en el municipio de La Oliva y, a su vez, una de las trabajadoras afectadas, para quien "el Gobierno de Canarias debe escuchar el clamor de los trabajadores y de toda la sociedad de La Oliva y de Fuerteventura en general, que le están pidiendo a gritos 'salvar a 700 familias' y para hacerlo únicamente tiene que asumir las competencias que les corresponden y adoptar una actitud firme y contundente ante el Estado en defensa de los ciudadanos a los que representa, que somos los canarios".  

Betancor ha recordado que "costó mucho en su día llegar a los acuerdos necesarios para que se firmaran las concesiones administrativas que permitieran la continuidad de los negocios", por lo que considera que "no es de recibo que se tire por tierra ahora todo ese esfuerzo y se propicie la ruina económica de más de 900 personas y sus familias".

La representante de AMF y trabajadora de uno de los complejos afectados recalca que "todos los trabajadores y la empresa sabemos que hay una fecha de caducidad y límite temporal que finalizará, pero contábamos con el tiempo concedido para encontrar soluciones que no supusieran un drama económico y social para el municipio y para la isla".

Es por ello que AMF es contundente en su reclamación tanto al Gobierno Estatal como al Ejecutivo Regional, exigiendo "que se paralicen estos expedientes" y que la resolución se dirima "en Canarias", con el fin de "garantizar el empleo" que da sustento a más de 700 familias que se verían afectadas por el cierre de estos complejos hoteleros, que suponen además cerca del 27% de las plazas alojativas del municipio y unos 45 millones de euros anuales en beneficios que se quedan en la isla. 

Respaldo del Cabildo

En este sentido discurrieron las palabras pronunciadas durante la protesta por Sergio Lloret, presidente del Cabildo de Fuerteventura por AMF, quien recalcó en que "tenemos que manifestarnos todas las instituciones, con la firmeza y contundencia necesaria, para exigir al Gobierno del Estado y al Ministerio de Medio Ambiente que cese las acciones que ha estado emprendiendo contra el Oliva Beach y el Tres Islas por 'incompetentes', pues, en términos legales, las competencias en esta materia están reconocidas por el nuevo Estatuto de Autonomía desde 2018 al Gobierno de Canarias".

A lo que quiso añadir que "con la misma exigencia y contundencia" es el momento de reclamar al Ejecutivo autonómico "que haga valer nuestras competencias y exija que esta cuestión se paralice de inmediato a nivel estatal" con el fin de que su resolución se lleve a término de forma conjunta entre la empresa afectada, los trabajadores y las instituciones públicas del Archipiélago, pues solo así "vamos a llegar a la mejor solución para todos".

Lloret hizo hincapié en la "difícil situación económica" en la que se encuentra la isla de Fuerteventura, "una de las más castigadas económicamente por los efectos de la pandemia", aseguró, para señalar que "este no es el momento de abrir este tipo de debates ni de realizar acciones que supongan la destrucción de más puestos de trabajo, sino de trabajar juntos para potenciar nuestra economía y salir adelante".

Además de Sergio Lloret y Carmen Betancor, la protesta realizada ayer por los trabajadores en La Oliva contó con la presencia de Yurena Vera, vicepresidenta 2ª de Comité de Dirección del partido y concejal por AMF en el municipio de Tuineje, Mayra Marichal, Coordinadora Insular y concejala por AMF en Puerto del Rosario; Elisabeth Martín, secretaria de Juventud del partido; Juan Manuel Roger, coordinadora insular del partido y concejal de AMF en Tuineje; Juan Déniz, edil de la formación en el municipio de Pájara o el alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña, entre otros.