Audiencia Provincial de Las Palmas comenzará el próximo 6 de octubre el juicio contra tres acusados de integrar una presunta trama que, según la Fiscalía, utilizó contratos de compraventa con información falsa para alterar la titularidad catastral de propiedades en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria entre 2011 y 2016.

El juicio tiene sesiones señaladas hasta el 22 de octubre, con 88 testigos y nueve peritos. En el banquillo se sentarán el empresario Santiago Ramón M.M., vinculado a la mercantil Lancalan; José María C.F., responsable de la gestoría Carbonell & Fernández Gestión Catastral, y Jesús O.M., funcionario de la Gerencia Territorial del Catastro de Las Palmas.

Otros dos hombres a los que la Fiscalía atribuye participación en los hechos, Gustavo Adolfo G.G.R. y Roque M.M., fallecieron durante el periodo relacionado con el procedimiento.

El escrito de acusación sostiene que los cinco actuaron "todos juntos, de común acuerdo" con la finalidad de localizar fincas rústicas en las tres islas y realizar "cambios ilícitos en sus inscripciones de titularidad catastral".

Fiscalía los vincula a 141 expedientes de alteración de titularidad catastral en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria y solicita penas de hasta 17 años de prisión

Según la Fiscalía, varios de los integrantes obtenían información sobre la ubicación y titularidad de las propiedades y posteriormente elaboraban documentación privada de compraventa que se presentaba en el Catastro.

Al funcionario acusado, Jesús O.M., el Ministerio Público le atribuye haber realizado alteraciones de titularidad mediante la aceptación de documentos "a sabiendas" de que contenían información falsa y haber omitido distintos trámites del procedimiento.

141 expedientes

La acusación sostiene que el funcionario intervino de forma prioritaria en 141 expedientes de alteración de titularidad.

El Ministerio Fiscal sostiene que la trama localizaba fincas, elaboraba contratos de compraventa con datos falsos y lograba cambios de titularidad en el Catastro

En 137, según el escrito fiscal, no se dio audiencia a los interesados; en 139 no se notificó el cambio al titular anterior, y en ninguno se comunicó la resolución a los propietarios de parcelas colindantes.

La Fiscalía añade que 85 expedientes se tramitaron el mismo día y 131 en menos de nueve días.

El Ministerio Público sostiene que el resultado de esas actuaciones permitió poner fincas a nombre de terceras personas y que los beneficios obtenidos se incorporaron posteriormente al mercado mediante la adquisición de vehículos, joyas y bienes inmuebles.

Fincas en Fuerteventura

Una parte relevante del escrito de acusación se refiere a propiedades de Fuerteventura y recoge actuaciones en Puerto del Rosario, La Oliva, Antigua y Tuineje.

Según la acusación, su objetivo era poner los inmuebles a nombre de terceros y obtener después beneficios económicos

Entre los primeros afectados identificados figura una familia vinculada a una parcela de Casillas de Morales, en Antigua, cuya titularidad catastral fue inscrita en 2013 a nombre del ya fallecido Roque M.M., según la Fiscalía.

La acusación describe también el intento de modificar la titularidad de otra finca cuyo propietario, según el Ministerio Público, nunca la había vendido. El cambio no llegó a materializarse en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario porque el afectado tuvo conocimiento del procedimiento y se opuso.

Otro de los expedientes afectó a una propiedad de la Diócesis de Canarias que se pretendía inscribir a nombre de la mercantil Gavías Nuevo Sol, vinculada a Roque M.M. Tampoco en este caso llegó a culminarse la operación, después de que el legítimo titular presentara oposición, según el escrito fiscal.

La Fiscalía menciona asimismo fincas en Barranco de la Herradura, La Matilla, El Time y El Viso, en Puerto del Rosario; Casa de Arriba, Las Cachimbas, Culata del Roque, Vallebrón y Rosa Las Torres, en La Oliva; una propiedad en Antigua y otra en el Cruce de Juan Gopar, en Tuineje.

"Personas de paja"

En varias operaciones atribuidas a Santiago Ramón M.M., la Fiscalía sostiene que se utilizaron firmas de personas del entorno de los investigados a las que califica como "personas de paja", que "no estaban al corriente" del alcance de las operaciones.

Entre las operaciones que recoge el escrito de acusación figuran fincas de Puerto del Rosario, La Oliva, Antigua y Tuineje

El escrito señala que esas firmas servían para "dar una apariencia de veracidad a contratos de compraventa que nunca se hicieron y en los que aparecen como vendedores personas que no eran propietarias de dichos bienes inmuebles".

Entre los casos descritos figura una finca de El Viso, en Puerto del Rosario, que Santiago Ramón M.M. vendió en 2015 a través de Lancalan por 19.000 euros, pese a que la Fiscalía sostiene que pertenecía a otros propietarios.

El pago se articuló inicialmente mediante la entrega de un BMW y dos cantidades en metálico y terminó saldándose con la entrega de un Toyota Corolla, según el escrito de acusación. La Fiscalía reclama para el comprador una indemnización de 19.000 euros.

Hasta 17 años

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de delitos de falsedad continuada en documento público en concurso con prevaricación, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, aunque no atribuye todos ellos a los tres procesados.

La Fiscalía atribuye a los acusados delitos de falsedad continuada en documento público en concurso con prevaricación, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal

Para Santiago Ramón M.M. solicita un total de 17 años de prisión: seis por falsedad en documento público en concurso con prevaricación, cuatro por estafa, cinco por blanqueo de capitales y dos por pertenencia a grupo criminal.

Para el funcionario Jesús O.M. reclama 13 años de cárcel por falsedad en concurso con prevaricación, blanqueo y pertenencia a grupo criminal.

En el caso de José María C.F., al que atribuye la condición de cómplice en la falsedad y la prevaricación, la petición asciende a nueve años y once meses de prisión: dos años y once meses por esos delitos, cinco por blanqueo y dos por pertenencia a grupo criminal.

La Fiscalía interesa además el decomiso de los objetos intervenidos durante la investigación y que se declare la nulidad de las resoluciones catastrales incluidas en su escrito, con su adecuación a la realidad registral.

Juicio aplazado en 2025

El proceso ya estuvo señalado en marzo de 2025 para intentar alcanzar una conformidad que evitara la celebración del juicio, pero aquella vista terminó sin acuerdo y el procedimiento quedó aplazado sin fecha.

La Audiencia ha fijado ahora las sesiones desde el 6 hasta el 22 de octubre para el enjuiciamiento de los tres acusados.