La familia de Pascuala Roger Pérez ha dirigido un escrito a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en el que solicita una investigación formal sobre el dispositivo desplegado el pasado 21 de septiembre en Cueva de la Negra, en Fuerteventura.

La familia pide conocer quién fijó la fecha del operativo, quién ordenó y autorizó la actuación, quién verificó previamente el cumplimiento del auto judicial y qué instrucciones recibieron los distintos organismos y servicios movilizados.

Según recoge el escrito, el auto de 28 de julio autorizaba la entrada, demolición y reposición del terreno, pero establecía como condiciones que la actuación se desarrollara en horas diurnas, con un preaviso de al menos cinco días y con la obligación de dar cuenta al Juzgado de la entrada y de cualquier incidencia producida.

El escrito reclama conocer quién fijó la fecha y autorizó la actuación, así como las instrucciones recibidas por los organismos y servicios movilizados

La familia solicita determinar cómo se computó y acreditó ese preaviso y quién consideró cumplidas íntegramente las condiciones judiciales.

El 21 de septiembre se produjo un despliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios públicos, personal de la Demarcación de Costas y de Tragsa, y se personó en el lugar el jefe de la Demarcación de Costas de Canarias, Alberto Martín Coronel.

El escrito solicita igualmente investigar la intervención de la Dirección General de la Costa y el Mar, dirigida por Ana María Oñoro Valenciano; de la Delegación del Gobierno en Canarias, encabezada por Anselmo Pestana, y de la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Fuerteventura, dirigida por María Jesús de la Cruz Montserrat.

La familia pide además aclarar qué actuación concreta pretendía ejecutarse bajo el término “inhabilitación” de la vivienda, al señalar que la parte dispositiva del auto judicial autoriza expresamente la entrada, demolición y reposición del terreno, pero no recoge específicamente una actuación autónoma con esa denominación.

Asimismo, recuerda el precedente del 26 de agosto, cuando, según expone, se desplazaron medios y maquinaria para ejecutar la demolición pese a encontrarse vigentes medidas cautelares adoptadas por el Cabildo de Fuerteventura.

También pide aclarar qué actuación pretendía ejecutarse bajo el término “inhabilitación” de la vivienda y preservar las comunicaciones relacionadas con el operativo

El escrito solicita preservar órdenes, correos electrónicos, comunicaciones internas, partes de servicio e instrucciones operativas con el objetivo de reconstruir la cadena de decisión, mando y ejecución.

La familia reclama que, en caso de apreciarse incumplimientos, se depuren las responsabilidades que legalmente procedan.

Por último, la familia Roger manifiesta que se reserva el ejercicio de todas las acciones legales a su alcance para la defensa de sus derechos y para exigir las responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos.