El alcalde de Betancuria, Enrique Cerdeña, ha negado este jueves en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Puerto del Rosario las acusaciones de prevaricación, malversación y acoso laboral por las que se les investiga tras una denuncia de la Fiscalía.

Así al menos lo ha manifestado su abogado a la salida de la declaración, ya que el primer edil ha rechazado también efectuar declaraciones a los medios de comunicación que le esperaban a la salida del Juzgado.

El letrado Raúl Miranda aseguró que sus representados, tanto el alcalde como la secretaria municipal, Elena Puchalt, también citada como investigada, han “negado todas las acusaciones” y recalcó sobre los hechos denunciados “que no se ha cometido ningún tipo de delito”.

Cabe destacar que la Fiscalía apunta a un presunto delito de prevaricación administrativa, “imputable” a Enrique Cerdeña, por “ordenar como alcalde”, mediante una resolución del 12 de agosto de 2024, al mes siguiente de acceder a la alcaldía, el pago de la certificación de una obra a un contratista con el que tiene una “aparente estrecha relación personal”.

La clave de ese desembolso radica en que asciende a 53.391 euros pero se incluyó “en la relación de pagos de contratos menores municipales”, pese a que superaba el límite de los 40.000 euros, que es el máximo para los contratos menores de obras.

Por ello, el Ministerio Fiscal destacó en su denuncia que el alcalde era “incompetente” para efectuar esa orden: “Ni el pago corresponde a un contrato menor, pues se trata de un procedimiento negociado sin publicidad; ni podría nunca corresponder, dado el importe y por imperativo legal, a dicha figura contractual”.

Sin embargo, para el abogado defensor, “no hay infracciones ni siquiera de carácter administrativo”. “Todo se ha hecho en base a interpretaciones de la ley y no hay ninguna infracción legal”, añadió el letrado tras las declaraciones de los investigados.

Miranda confió en que tras prestar declaración se zanje la instrucción judicial. No obstante, si la causa prosiguiese, asumirían el juicio. “Estoy convencido de que no han cometido ningún delito”, recalcó.

Por otro lado, preguntado por la parte de la denuncia relativa al presunto acoso laboral a la asesora jurídica del Ayuntamiento, el abogado también ha rechazado la acusación y aseguró que “se ha puesto en marcha el protocolo” correspondiente, “que no se ha podido culminar”.

El abogado de Cerdeña sostiene que “no se ha cometido ningún tipo de delito” y que “todo se ha hecho en base a interpretaciones de la ley”

En la relación de hechos que la Fiscalía trasladó al Juzgado también se encuentra la exclusión de forma reiterada de las Mesas de Contratación del Ayuntamiento de Betancuria de la funcionaria titular, colocando “en su lugar” a una interina.

El Ministerio Fiscal subraya en su denuncia la presunta comisión de un delito de acoso laboral por denegar a la citada funcionaria titular el acceso a la tramitación de expedientes o documentación necesaria para el desempeño de sus funciones, su “incomunicación profesional y aislamiento físico” o “ignorar” que de la plantilla ocupa el primer lugar para sustituir las vacantes temporales de la secretaria e interventora.

En la denuncia se citan “otros dos presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa”, el primero junto con un supuesto delito de malversación de caudales públicos, “imputables al mismo alcalde así como a la secretaria interventora”.

La Fiscalía pone el foco en la adjudicación a dos empresas externas en el mismo año y por contratos menores “las funciones públicas legalmente no delegables de asesoría jurídica municipal”. Y por hacerlo, además, “sin justificar” la “necesidad” para ello, al existir en el Ayuntamiento una funcionaria con dicho puesto de Asesoría Jurídica, con “capacidad y experiencia”.

En este caso se hace hincapié en la supuesta “infracción de la figura del contrato menor, al realizarse dos contratos con objeto, al menos parcialmente, coincidente, en el mismo año y por importe superior conjunto a 15.000 euros, en aparente perjuicio del Ayuntamiento”, puesto que la funcionaria titular cobra precisamente por esos servicios jurídicos que se externalizaron.