La Plaza número dos de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario inició la pasada semana el juicio del caso relacionado con el presunto amaño de la adjudicación de la recaudación de tributos en el Ayuntamiento de La Oliva.

Las dos primeras sesiones se celebraron el miércoles y jueves de la pasada semana, mientras que la última sesión ha quedado fijada para el 15 de mayo, en la que deberán declarar tres acusados y se desarrollarán los informes de las partes.

En el procedimiento está acusado el exconcejal de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de La Oliva en el pasado mandato, Marcelino Umpiérrez, para quien la Fiscalía solicita nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público. El Ministerio Fiscal lo considera responsable de un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la adjudicación del contrato.

La misma acusación recae sobre la exalcaldesa de La Oliva, Claudina Morales, quien ya fue inhabilitada en firme por el Tribunal Supremo por haber designado o mantenido a trabajadores de baja cualificación del Ayuntamiento en puestos clave, como Secretaría, Intervención y Tesorería, sin seguir el procedimiento legal establecido.

El juicio se desarrolla en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario y continuará el 15 de mayo con la última sesión

Según el escrito de acusación, los responsables de la empresa Colaboración Tributaria SL, entre junio y julio de 2014, “a sabiendas de su ilegalidad y para beneficiar” a su propia compañía, confeccionaron los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas correspondientes a un expediente del Ayuntamiento de La Oliva.

Dichos pliegos sirvieron de base para un concurso público destinado a la contratación de “servicios complementarios para la aplicación de los tributos locales”, que en la práctica incluían la gestión y recaudación tributaria, así como cuotas urbanísticas y multas.

La empresa entregó la documentación al Ayuntamiento a través del entonces concejal de Contratación, Marcelino Umpiérrez, quien además era miembro de la Junta de Gobierno Local y vocal de la Mesa de Contratación.

El escrito de calificación provisional de la Fiscalía señala que los pliegos se elaboraron “convenientemente adaptados a los intereses” de la empresa y “en contra de los principios básicos de cualquier contratación pública”, como la “libertad de acceso”, la “no discriminación”, la “igualdad de trato entre los candidatos”, la “libre competencia” y la selección de “la oferta económicamente más ventajosa”.

El fiscal de delitos económicos, Tomás Fernández de Páiz, indicó en el citado escrito de acusación que Umpiérrez “conocía y consentía” la “ilícita situación” derivada de que la empresa que elaboró los pliegos lo hiciera para beneficiarse en el concurso.

La Fiscalía sostiene que los pliegos del contrato se elaboraron adaptados a los intereses de la empresa adjudicataria

Los pliegos fueron remitidos a través de Umpiérrez al departamento municipal de Contratación, “regido por la acusada Erena Sánchez”, quien, según la Fiscalía, “se prestó, a sabiendas de su ilicitud” y “por indicación” del concejal, a “convertirlos” en los “oficiales” del expediente.

El Ministerio Fiscal precisa que esta incorporación de los pliegos, elaborados por la empresa privada “sin modificación alguna”, se produjo en septiembre de 2014 y que para ello fue necesaria la “colaboración consentida” de otra acusada, Sandra Cabrera, técnico del departamento de Contratación.

De este modo, “subrepticiamente” por parte de la empresa y “permitiéndolo” los funcionarios, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Oliva aprobó los pliegos de contratación el 18 de septiembre de 2014, según recoge el escrito de acusación.

Sin igualdad

En ese órgano de gobierno participaban Marcelino Umpiérrez, como responsable de contratación municipal, y la entonces alcaldesa Claudina Morales. Tras la aprobación, el Ayuntamiento sacó a concurso público el contrato, con el “claro conocimiento” de que las empresas concurrentes “nunca lo harían en condiciones de igualdad”.

La Junta de Gobierno, con Claudina Morales y Marcelino Umpiérrez, aprobó la licitación, con el “claro conocimiento” de que las empresas concurrentes “nunca lo harían en condiciones de igualdad”

La empresa que elaboró los pliegos resultó finalmente adjudicataria del servicio con una puntuación de 93 puntos sobre 100. La segunda clasificada, Servicios de Colaboración Integral, obtuvo 78,85 puntos; la tercera, Recaudación Recursos Camerales, alcanzó 76,86 puntos; y la cuarta, Asesores Locales Consultoría, logró 28,18 puntos.

El contrato tenía un precio de 636.000 euros netos anuales. No obstante, el Ayuntamiento de La Oliva abonó a la empresa adjudicataria 861.252 euros correspondientes al ejercicio 2014 y 659.479 euros en 2015.

Cambio de gobierno

Tras las elecciones municipales de 2015, el nuevo grupo de gobierno del Ayuntamiento, presidido por Pedro Amador desde diciembre de ese año tras la inhabilitación de Domingo González Arroyo, se negó a abonar a la empresa 343.073 euros que reclamaba.

Esta decisión fue respaldada posteriormente por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en una sentencia de noviembre de 2017, que fue ratificada en octubre de 2018 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Acusación de prevaricación

El procedimiento incluye a cargos públicos, técnicos municipales y responsables de la empresa beneficiaria del contrato

La Fiscalía considera coautores de un delito de prevaricación administrativa a Marcelino Umpiérrez y Claudina Morales. Asimismo, califica como cooperadores necesarios a las dos trabajadoras del departamento de Contratación y a los responsables de la empresa Colaboración Tributaria SL: el administrador Ramón Solé, el director comercial Jorge Mario Afonso, el director regional de Canarias Celestino José Sosa y el abogado y asesor jurídico Alfonso Otero.

Para todos los acusados, el Ministerio Fiscal solicita una pena de nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público.