La última neumática con migrantes a bordo que tomó tierra en Fuerteventura fue el pasado 16 de noviembre. Salvamento Marítimo condujo la embarcación hasta el muelle de Gran Tarajal con 61 personas a bordo, entre ellas dos menores. La llegada de migrantes por mar de forma irregular a la Isla se redujo un 77,7 por ciento el pasado año. En 2025, desembarcaron 534 personas en las costas majoreras, frente a las 2.394 que lo hicieron el año anterior.

Según datos de la Dirección Insular de la Administración del Estado, en 2025 arribaron 11 pateras. Un año antes, lo hicieron 50, más cuatro que fueron desviadas desde la isla de Lanzarote. Los números reflejan una tendencia a la baja que se extiende al resto del Archipiélago, donde las llegadas de migrantes se desplomaron hasta un 62 por ciento el pasado año.

Canarias cerró el año con 17.788 migrantes llegados irregularmente a sus costas, una cifra, para algunos, alta para esta ruta, pero que poco tiene que ver con los dos récords consecutivos de 2023 y 2024, con 39.910 y 46.843 personas, respectivamente.

Mientras cae el número de embarcaciones en Canarias, aumenta el flujo hacia las Baleares, una ruta que toman, sobre todo, argelinos y marroquíes y que experimentó un crecimiento del 24,5 por ciento en las llegadas irregulares, de las 5.882 registradas en 2024 hasta las 7.321 de 2025.

El profesor de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna, Vicente Zapata, deja claro que la ruta canaria “no está inactiva” y prueba de ello es que “siguen llegando personas en embarcaciones cada cierto tiempo” e insiste en que “seguirá siendo una ruta estructural dentro de la dinámica migratoria entre África y Europa”. El también director del Observatorio de la Inmigración de Tenerife (Obiten) recuerda que “las causas profundas” de la inmigración siguen estando “presentes y activas”.

Y esas causas, señala este experto en migraciones, están en el cambio climático, los conflictos que recorren el territorio africano y un incremento de población en África a “un ritmo muy superior al resto de continentes”. Todo ello hará que “muchas personas se vayan a ver obligadas a salir por diferentes vías de sus áreas de residencia y busquen una alternativa de vida”.

La caída de llegadas se atribuye a los esfuerzos por controlar las salidas a través de acuerdos de la Unión Europea y España con los gobiernos de Marruecos, Mauritania y Senegal, los tres países de los que en el último quinquenio más pateras y cayucos han salido rumbo a Canarias.

A principios de diciembre, Madrid acogió una cumbre de alto nivel entre España y Marruecos encaminada a reforzar las relaciones bilaterales entre ambos países. El presidente Pedro Sánchez y el jefe del Gobierno marroquí, Aziz Ajanuch, firmaron 14 acuerdos, algunos centrados en la gestión de la inmigración y en reforzar el control policial.

Las embarcaciones con migrantes que llegan a Fuerteventura tienen como punto de partida las ciudades de Dajla, Tarfaya y El Aaiún, lugares en los que se ha intensificado el control policial.

La periodista Ngone Dyaye viajó, en tres ocasiones, a Dajla y Agadir en 2025 para reportajear la salida de pateras desde la zona. A su llegada, se topó con una realidad muy distinta a la que esperaba encontrar en la zona. Las embarcaciones, que habían actuado de taxis para acercar a los migrantes hasta Canarias, permanecían ahora ancladas en tierra. Las salidas se habían desplazado a Agadir.

A Ngone la saludó una Dajla militarizada. “Fue una especie de recordatorio de que el Sáhara está controlado por militares marroquíes”, cuenta. En el ambiente también se respiraba racismo. “Hay controles aleatorios. Si la Policía ve un coche con personas negras, que pudieran ser senegaleses o gambianas, lo para y hace un control aleatorio de pasaporte. Si al personal de seguridad marroquí no les cuadra, lo sacan del coche y se lo llevan a centros donde tienen repartidos a los inmigrantes”, cuenta.

En Marruecos es un secreto a voces la existencia de centros de retención de inmigrantes. “Los subsaharianos viven escondidos porque les pueden pedir el pasaporte y si no lo tienen sellado de Mauritania corren el riesgo de que los lleven a estos centros y los encierren”, explica la periodista. 

En 2025 llegaron a la Isla apenas 534 personas frente a las 2.394 del año anterior

Por las calles de El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, era común ver a grupos de subsaharianos deambulando a la espera de poder subirse a una neumática. Ahmed Ettanji es periodista de la Agencia Equipe Media con sede en El Aaiún. El reportero explica, vía telefónica, cómo en los últimos tiempos se ha reducido el número de subsaharianos en la zona. “Los hay, pero muchos menos que antes”, aclara.

Los que se aferran a la ilusión de que vuelvan los tiempos en los que Marruecos daba vía libre a la salida de pateras “sobreviven en trabajos precarios en la agricultura, las fábricas de pescado, la limpieza de casas e, incluso, limpiando coches. Marruecos los utiliza”, denuncia.

“La mayoría de las mafias de trata de personas tenían relación directa con las autoridades de ocupación marroquíes. Son ellos quienes facilitan la salida”, asegura el periodista saharaui. “Cada 500 metros hay un control militar. La vigilancia es férrea. Cuando ellos no quieren que pase una mosca no pasa, pero cuando a Marruecos le interesa aflojar el control para presionar a España, sobre todo cuando se trata del asunto del Sáhara Occidental, lo afloja. Incluso en esos momentos se ve, a plena luz del día, a las mafias llevando a la gente en coches”.

El periodista se muestra crítico con la política migratoria que España está llevando a cabo con Marruecos. “Es cómplice en la vulneración de los derechos de los migrantes en el Sáhara y Mauritania”, sostiene y recuerda que Marruecos usa a los migrantes como “método de chantaje para conseguir posiciones políticas por parte del Gobierno español”.

Frontera y negocio

Detrás de la caída de llegadas a Canarias, el director de investigaciones de la Fundación porCausa, José Bautista, asegura que hay varios motivos, pero apunta, sobre todo, a uno de ellos: lo que los expertos en inmigración llaman externalización de fronteras. “España y la Unión Europea llevan varios años enviando mucho equipamiento militar, policial, tecnología punta, programas de espionaje, vehículos a gobiernos como el de Marruecos, Mauritania, Senegal o Guinea Conakry y eso hace que las autoridades de estos países persigan con más virulencia y de una forma más agresiva a quienes migran o intentan hacerlo de forma irregular”.

El periodista de investigación especializado en migraciones recuerda que España y la Unión Europea transfieren millones de euros a estos países en los que “la democracia no siempre existe ni el estado de derecho”. Con el dinero en el bolsillo, las autoridades “hacen cualquier tipo de barbaridad para evitar que la gente salga”.

Una investigación de la ONG ha constatado cómo Mauritania detiene de forma arbitraria a personas negras y luego las abandona en mitad del desierto, bajo control yihadista. Y esto, subraya, “se hace con equipamiento y tecnología que facilita España y la Union Europea”.

A principios de noviembre, otra investigación de la Fundación porCausa permitió destapar la existencia de dos cárceles para migrantes en Mauritania. Los dos centros de detención fueron construidos por la agencia de cooperación española, FIAP, del Ministerio de Asuntos Exteriores. En su interior, reservan un espacio para cunas para migrantes menores de edad.

En Marruecos es un secreto a voces que hay centros de retención de inmigrantes

A mediados del pasado enero, PorCausa hizo público su último informe Fronteras “Inteligentes”, democracias negligentes, realizado junto al Centro Delàs de Estudios por la Paz y el diario Ara. En él advierten del peligro de la llamada tecnología de frontera como los radares, drones, sensores térmicos, cámaras de reconocimiento facial, bases de datos biométricas y algoritmos de predicción.

Para elaborar el informe, la entidad analizó 674 contratos firmados por España entre 2018 y 2025 para la tecnología de frontera que, juntos, suman un valor de 541 millones de euros. El 44,1 por ciento fueron adjudicados mediante un procedimiento negociado sin publicidad, en muchos casos bajo el argumento de urgencia o seguridad nacional.

Las empresas beneficiarias de estos acuerdos son, según los encargados de redactar el informe “casi siempre las mismas”: las diez principales absorben el 72,5 por ciento del gasto. Lideran el ranking la compañía española de defensa y tecnología Escribano, Telefónica y la firma aeroespacial y de defensa francesa Thales. El grueso de los contratos van dirigidos a tecnologías de vigilancia, control fronterizo y ciberinteligencia, infraestructura tecnológica y sistemas biométricos.

“Cada vez las redes de externalización de fronteras son más extensas y cada vez la tecnología es más precisa para identificar por dónde se mueve la gente y  hasta dónde llegan. Y cada vez se cruzan más líneas rojas respecto a lo que se va a hacer para evitar que lo vuelvan a intentar”, asegura a Diario de Fuerteventura el director de Investigaciones de porCausa Gonzalo Fanjul.

La industria del control migratorio es un negocio creciente en el que toman parte los actores que operan en las políticas de control fronterizo. Es, a juicio de Fanjul, “la otra cara de la moneda del negocio ilegal de la trata de personas y las mafias”. Es, continúa, “gente que se está enriqueciendo gracias a un proceso cada vez más peligroso en donde no hay una alternativa para migrar de forma legal”.

España celebra la reducción de llegada de pateras y cayucos gracias a las políticas de cooperación que desarrolla con terceros países. “Se mancha mucho la palabra cooperación porque, en realidad, se utiliza para violar derechos humanos”, sostiene José Bautista, mientras se pregunta “de qué sirve frenar los flujos si se hace fortaleciendo dictaduras que lo que están haciendo es que en esos países haya desigualdad, pobreza y corrupción”. En definitiva, “razones que empujan a mucha gente a buscar un futuro mejor intentando llegar a Canarias”.

Los flujos migratorios, insiste, “siempre han existido y existirán. Pueden cambiar de ruta y volverse más peligrosos, pero la gente se va a seguir moviendo por mucho dinero que España les entregue a empresas armamentísticas para armar a países como Mauritania o Marruecos”.

“Flaco favor a la democracia, a los derechos humanos y a las arcas públicas porque todo esto se paga con el dinero de los contribuyentes de España y la Unión Europea”, concluye.

No bajar la guardia

Tras dejar atrás la crisis de los cayucos en 2006, el Gobierno central optó por ir cerrando los recursos de acogida que había abierto en las Islas. La reactivación de la ruta canaria en 2019 volvió a colocar al Archipiélago en un escenario de emergencia que el Ejecutivo español intentó paliar en 2020 con el llamado Plan Canarias habilitando infraestructuras y levantando campamentos hasta alcanzar las 7.000 plazas de acogida.

Entre ellos el campamento de El Matorral, que años después se cerró con el anuncio de convertirse en un Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) y un Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED). En Fuerteventura permanece abierto un recurso de Cruz Roja, destinado a mujeres y unidades familiares, y un centro de acogida gestionado por la Fundación Cepaim en El Matorral.

En estos momentos, los recursos en la Isla apenas acogen a personas migrantes llegadas a la Isla. Actúan de refuerzo para los que desembarcan a otras islas, sobre todo a El Hierro que en 2025 concentró en torno al 60 por ciento de las entradas, unas 10.600 personas.

Canarias cerró el año con 17.788 migrantes llegados irregularmente a sus costas

Vicente Zapata insiste en que, más allá de bajar la guardia, hay que aprovechar esta reducción de llegadas para “perfeccionar los dispositivos e intentar que los centros de acogida humanitaria mejoren en su calidad y prestaciones”. Tener menos presión por vía marítima, propone, “puede dar pie a más recursos para la gestión de la convivencia”.

“Hay que seguir reforzando los sistemas de intersección en alta mar para que no sigan falleciendo más personas en esta travesía tan peligrosa, pero también mejorar la recepción y acogida y la implicación de las personas que optan por quedarse”, insiste.

Canarias es para muchos de los que llegan en pateras y cayucos un territorio de tránsito. No ocurre lo mismo con los menores que han hecho solos el trayecto migratorio, que hasta que cumplen la mayoría de edad son acogidos bajo la tutela del Gobierno de Canarias.

Hay que apostar, subraya Zapata, porque cada vez haya menos menores en los centros de acogida para que “la convivencia sea mejor y la inclusión social más favorable”. Y también, indica, “para que haya una dimensión comunitaria en la acogida y que la sociedad canaria pueda implicarse cada vez más en este tipo de procesos, de inclusión y fortalecimiento de la convivencia a todos los niveles”.

En definitiva, concluye, “hay que dedicar atención y recursos económicos, materiales, personales a atender una de las cuestiones que forman parte estructural de nuestra realidad nos guste o no nos guste”.