La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias continúa valorando el coste millonario que tendrá la sentencia contra la Moratoria del año 2009, que en la actualidad es la mayor amenaza a las arcas públicas del Ejecutivo, por su posible cuantía.

“El Gobierno sigue avanzando en la valoración de las indemnizaciones derivadas de las sentencias -si bien aún no de todas-, las cuales procede comunicar al Tribunal sentenciador en cada momento procedimental correspondiente, mostrando los promotores su acuerdo o desacuerdo al respecto ante el órgano judicial”, señalan fuentes de la Consejería a este respecto.

El Gobierno reconoce que las sentencias son firmes y que habrá que pagar a los promotores una cantidad que se baraja en torno a 700 millones de euros. La Consejería señala que no puede manifestarse sobre esa cantidad hasta finalizar la totalidad de los trámites para la ejecución de todas las sentencias “pero pudiera ser que aproximadamente así fuera”, en referencia a esa cifra. El pago, en cualquier caso no depende de esa Consejería.

En el año 2009, el Gobierno de Canarias aprobó la Ley de Medidas Urgentes cuyo artículo 17 trataba sobre las alternativas a los aprovechamientos urbanísticos de uso turístico y decía que los suelos urbanos de uso turístico, así como los urbanizables sectorizados y ordenados con destino total o parcialmente turístico que no hubieran quedado desclasificados por las Directrices del Turismo de 2003 y que siguieran sin edificar con motivo de la Moratoria turística, pero que mantuvieran sus derechos urbanísticos consolidados, podían optar por una compensación. El Gobierno facilitó esta posibilidad en medio de una crisis mundial en la que no había un solo proyecto de construcción de hotel por iniciativa propia en ninguna de las islas.

Los suelos debían ser reclasificados como rústicos de protección territorial mediante una modificación puntual del planeamiento y se fijaría un procedimiento para una indemnización por no poder construir. Esa reclasificación duraría solo cinco años, y pasado ese tiempo el Gobierno podría incluso optar por la expropiación forzosa del suelo.

Varios promotores pidieron acogerse a esa posibilidad, el Gobierno no les contestó, recurrieron a la Justicia y acabaron ganando. Los tribunales piden que se ejecute en los términos que aparecían en el artículo, así que el primer paso es la reclasificación del suelo. Las sentencias instan a cada ayuntamiento a modificar su planeamiento para reclasificar esos suelos. En el caso de Fuerteventura, solo afecta al municipio de Pájara, así que antes de las indemnizaciones se están tramitando las modificaciones puntuales del planeamiento municipal, que aún sigue su curso.

La sentencia obligaba a las administraciones a realizar dos actos: la desclasificación de los suelos, que corresponde a los ayuntamientos y la indemnización a los promotores, que corresponde al Gobierno. “Los procedimientos de cálculo y de tramitación judicial aún no han finalizado respecto de cada una de las sentencias”, señalan fuentes de la Consejería.

Son 15 parcelas en Pájara que pertenecen a varias sociedades de la cadena Lopesan 

En el caso de Fuerteventura, son 15 parcelas en Pájara que pertenecen a varias sociedades de la cadena Lopesan y cuyas indemnizaciones podrían ascender a unos 130 millones de euros, según las reclamaciones de los promotores. Se trata de las parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Suelo Urbanizable Programado (SUP) número 1 de Morro Jable, en la trasera del puerto de la localidad, cerca de donde Calero Marinas está construyendo ahora el muelle deportivo, de las parcelas C1, C4, C7 y C8 del área de planeamiento diferenciado APD-3 Mal Nombre-Tierra Dorada, una urbanización que cuenta con un complejo de apartamentos cerrado al público, que se explotó durante años como Dunas Caleta del Sol y de la parcela 13 del área de planeamiento diferenciado Esquinzo Butihondo UAU número 2 de Pájara, que es el solar próximo al Hotel Royal Palm y se encuentra entre dos parcelas ya construidas.

Además de las 15 parcelas de Pájara, se trata de otras 15 en San Bartolomé de Tirajana, cuatro en Mogán y una en Yaiza. La mayor parte de los suelos pertenecen a la empresa Lopesan.

Acuerdo

En septiembre del año pasado, el periódico Canarias 7 publicó que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias había avalado, en ejecución de sentencia, el acuerdo entre la Consejería y Lopesan por una parcela en Meloneras por la que se le indemnizaba con 19 millones de euros. El acuerdo no solo confirma el pago, sino que permite el desarrollo urbanístico de la parcela.

En otros casos, la Consejería admite que conoce “que se han iniciado contactos e intercambio de documentación” pero que “la ejecución de las sentencias deberá ser integral, para todas y hasta el devengo del pago que corresponda después de los trámites de ejecución judicial”.

Cambios en el Plan de Pájara

Para cumplir las sentencias correspondientes a la Moratoria de 2009 y reclasificar a rústico esos suelos de manera temporal, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias del Gobierno de Canarias inició 13 expedientes de otras tantas modificaciones menores del Plan General de Ordenación (PGO) de Pájara, así como los procedimientos de evaluación ambiental estratégica simplificada de dichas modificaciones. Lo hizo apenas unos meses después de que el pleno municipal aprobara de forma inicial el nuevo Plan General.

El Gobierno señala que está tramitando tanto el cálculo definitivo de las indemnizaciones como el  impulso al informe de la Comisión de Evaluación Ambiental, “el cual va muy adelantado para que luego el Ayuntamiento decida lo que proceda respecto a la aprobación definitiva del PGO”.

“Una vez tengan el informe de la Comisión de Evaluación Ambiental deben proseguir el trámite previo a la aprobación definitiva consistente en el envío de la última versión del plan a los organismos que deben informar la última versión, y una vez los reciban pueden decidir acerca de la aprobación en pleno”, apuntan fuentes de la Consejería.