La Fiscalía solicita penas de cuatro años de prisión y multas de 33.000 euros para dos acusados, identificados como L.F.R.N. y L.L.P., por un presunto delito de tráfico de drogas, tras ser intervenidos con casi 200 gramos de cocaína en el aeropuerto de Fuerteventura. El juicio está señalado para el próximo 28 de enero en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron sobre las 14.00 horas del 19 de febrero de 2025, cuando L.L.P. fue sorprendido en el aeropuerto majorero portando 199,15 gramos de cocaína, con una riqueza media del 81,49 por ciento expresada en cocaína base.

La sustancia habría sido recogida en la isla de Gran Canaria siguiendo indicaciones del otro acusado, L.F.R.N., con la intención de destinarla al tráfico ilícito en Fuerteventura, donde alcanzaría un valor aproximado de 11.954,97 euros.

La Fiscalía sostiene que ambos actuaron “con ánimo de atentar contra la salud individual y colectiva de terceros” y considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, previsto en el artículo 368 del Código Penal. El Ministerio Público atribuye la autoría a ambos acusados y señala que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Los procesados fueron interceptados en el aeropuerto de Fuerteventura con cocaína de alta pureza destinada presuntamente al tráfico en la Isla, según el escrito de acusación del Ministerio Público

En su escrito, el fiscal detalla que L.L.P. cuenta con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, entre ellos condenas por delitos de conducción bajo la influencia de alcohol o drogas, lesiones, violencia doméstica, robo con violencia o intimidación y apropiación indebida. L.F.R.N. presenta también antecedentes no computables, principalmente por delitos contra la seguridad vial y de resistencia o desobediencia a la autoridad.

Además de la pena de prisión y la multa solicitadas para cada acusado, la Fiscalía interesa la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la imposición de una responsabilidad personal subsidiaria de diez meses en caso de impago de la multa. Asimismo, solicita el decomiso definitivo de la droga intervenida.

Fuentes jurídicas han señalado que, antes de la vista oral, podría alcanzarse un acuerdo de conformidad, lo que permitiría una reducción de las penas solicitadas.