El pleno del Ayuntamiento de La Oliva abordará este jueves la resolución del contrato del servicio de salvamento, socorrismo, vigilancia y primeros auxilios en las playas de la zona este del municipio, tras constatarse incumplimientos contractuales graves, reiterados y no corregidos por parte de la adjudicataria.

El contrato, adjudicado a Cruz Roja en junio de 2023 por un importe de 3.063.640 euros, incluía el despliegue de personal y medios materiales imprescindibles para garantizar la seguridad en espacios acuáticos naturales como Grandes Playas, El Moro o Corralejo.

La entidad adjudicataria había constituido una garantía definitiva de 143.160 euros, que ahora será incautada.

El Consejo Consultivo de Canarias emitió el pasado 11 de diciembre un dictamen que avala la propuesta de resolución del contrato elevada por el Ayuntamiento, al considerar plenamente acreditado un incumplimiento de la obligación principal del contrato, lo que vulnera la Ley de Contratos del Sector Público.

Cronología de los incumplimientos

El contrato fue formalizado el 25 de julio de 2023, con inicio de servicios en septiembre del mismo año. No obstante, ya en junio de 2024, el responsable del contrato emitió dos informes proponiendo la imposición de penalidades por incumplimientos muy graves, con sanciones de 171.792 euros, correspondientes al segundo lote del servicio.

Se constató la persistencia de ausencias de socorristas, por debajo de los mínimos exigidos contractualmente, y cierres de puestos durante amplias franjas horarias

Posteriormente, entre febrero y octubre de 2025, se sucedieron hasta diez informes de seguimiento que constataron la persistencia de ausencias de socorristas, por debajo de los mínimos exigidos contractualmente, y cierres de puestos durante amplias franjas horarias. Estas irregularidades se consideran esenciales, ya que afectan directamente a la prestación principal del servicio: la seguridad en playas.

En paralelo, la Administración inició un procedimiento de descuento de facturas por prestaciones no realizadas durante el último trimestre de 2023 y todo el año 2024. A pesar de las alegaciones presentadas por la empresa en abril de 2025, los informes técnicos posteriores desestimaron la mayor parte de sus argumentos.

Reacción municipal y efectos de la resolución

Aunque en un primer momento se optó por la imposición de penalidades para forzar el cumplimiento del contrato, el pleno del 29 de mayo de 2025 acordó iniciar el expediente de resolución. La decisión fue confirmada tras comprobar que las deficiencias persistieron incluso después de las sanciones.

Finalmente, el pleno del 22 de septiembre de 2025 revocó parcialmente la resolución del contrato del primer lote, correspondiente a la zona oeste del municipio, pero mantuvo la resolución del segundo lote, que afecta a las principales playas del litoral este.

Según el dictamen del Consejo Consultivo, “la causa resolutoria concurre de forma patente” y se justifica plenamente ante la “frustración de la prestación principal”, dado que, sin socorristas ni medios suficientes, el servicio queda sin contenido.

La propuesta de resolución también incluye la incautación de la garantía definitiva de 143.160 euros y la posibilidad de reclamar daños y perjuicios adicionales, que deberán determinarse en un procedimiento contradictorio posterior.

Además, se establece que, hasta que se adjudique un nuevo contrato, la empresa deberá seguir prestando el servicio bajo las condiciones actuales.