La Junta de Personal y el Comité de Empresa del Cabildo Insular de Fuerteventura han acusado a la Secretaría de Estado de Función Pública de vulnerar el derecho fundamental de petición, recogido en el artículo 29 de la Constitución Española, al no resolver una solicitud presentada en diciembre de 2025 relativa al recorte de la paga extra de los empleados públicos.

Según informó este miércoles el órgano de representación del personal del Cabildo majorero, la petición fue registrada formalmente el pasado 18 de diciembre y solicitaba un pronunciamiento institucional sobre la aplicación actual del Real Decreto-Ley 8/2010, que redujo las pagas extraordinarias del funcionariado durante la crisis económica.

Hasta el momento, la Secretaría de Estado no ha emitido una resolución ni informe oficial sobre el asunto. Según la nota de prensa, el único contacto recibido ha sido un correo electrónico “genérico, sin firma, sin motivación jurídica, sin decisión administrativa y sin indicación de recursos”, en el que se señalaba que la Administración “no asesora a particulares”.

El comité de personal del Cabildo de Fuerteventura afirma que Función Pública ha eludido responder de forma motivada a una petición formal relacionada con el recorte de pagas extraordinarias a empleados públicos

Los representantes del personal consideran que esta respuesta no cumple con los requisitos constitucionales del derecho de petición, que —según recuerdan— exige una contestación “expresa, motivada y material”. Añaden que el Tribunal Constitucional ha establecido que “responder sin responder equivale a no responder”.

En el comunicado, afirman además que el Real Decreto-Ley 8/2010 se mantiene vigente pese a haber sido, en su opinión, superada su causa habilitante por la propia Administración, lo que califican de “arbitrariedad normativa” y relacionan con una vulneración del artículo 9.3 de la Constitución.

Entre sus demandas, exigen la derogación de los preceptos del decreto-ley que afectan a las pagas extraordinarias, la restitución de los derechos y cantidades detraídas, y que la Administración cumpla “de inmediato” su obligación de resolver formalmente la petición presentada.

Los representantes del Cabildo advierten de que “la negativa a resolver no es una opción administrativa” y sostienen que, si persiste la falta de respuesta, se trataría de una “infracción constitucional”.