El grupo empresarial Lopesan ha anunciado que “echa el cierre” el 28 de septiembre a los establecimientos IFA Altamarena y a las IFA Villas Altamarena, en Fuerteventura. La cadena canaria también cerrará dos de sus hoteles en la isla de Gran Canaria: Abora Catarina y Abora Buenaventura, situados ambos en Playa del Inglés, aunque mantendrá otros cuatro abiertos.

"La crisis que afecta al sector turístico en Canarias y el notable descenso registrado en el volumen de reservas tras el cierre de los mercados tradicionales del archipiélago, provocado por la declaración de las Islas Canarias como zona de riesgo ante el incremento de casos positivos por COVID19, han propiciado que la compañía haya tenido que tomar esta compleja y traumática decisión", explica el grupo en un comunicado.

El grupo asegura que ha enviado "un mensaje optimista" a los turoperadores, agencias de viaje y clientes finales, porque confía en que la actual situación, provocada por la pandemia de coronavirus, "vaya mejorando de forma paulatina y en un breve espacio de tiempo".

El caso del IFA Altamarena

Cabe recordar los recientes problemas legales del IFA Altamarena, en la playa de Jandía, tras rechazar la Audiencia Nacional una demanda de la empresa propietaria del hotel contra un deslinde que deja el hotel dentro del dominio público marítimo terrestre y por tanto, en situación ilegal.

El conflicto con Costas en esta parte del litoral de Morro Jable no es nuevo: en mayo de 2009 se trazó un nuevo deslinde del dominio público marítimo terrestre que dejó dentro del dominio de Costas una pieza de suelo urbanizada de más de 58.000 metros cuadrados junto a la playa del Matorral. En aquel momento, no solo el IFA Altamarena estaba dentro del dominio público, también el Hotel Robinson. La empresa propietaria del Altamarena emprendió entonces una batalla legal que no le ha dado frutos.

Así, alegó primero ante la Audiencia Nacional y luego ante el Tribunal Supremo que el hotel se había construido con licencia y que en ese tramo del litoral existía un deslinde, de abril de 1989, en el que no se incluían los terrenos de los dos hoteles citados. Argumentó que existe una "urbanización consolidada" en la zona afectada por el deslinde "desde hace más de veinte años" y que la delimitación del dominio público fue "arbitraria".

La respuesta de la Abogacía del Estado echó por tierra esos argumentos. Replicó que en las fotografías antiguas "se puede apreciar que los terrenos que actualmente ocupan el conjunto de hoteles presentaban unas características similares a los terrenos adyacentes, catalogados como plataforma dunar y saladar". "Es decir, que se trata de terrenos pertenecientes al dominio público marítimo terrestre que han sido transformados por obras", recalcó. En el procedimiento se aportaron imágenes de 1966, que "reflejan los terrenos originales de duna" vírgenes. En las imágenes de 1975 se recoge "ya la construcción del Hotel Robinson" y en las de 1989 se aprecian los terrenos "ya degradados".