La Fiscalía ha solicitado una condena de cuatro años de prisión para Gregorio Roberto V.G. por cohecho en el marco del caso Hamacas, en el que se investigaron presuntas irregularidades relacionadas con la explotación de los servicios de temporada en las playas de La Oliva.

Según destaca la fiscal Marta Rodríguez en su escrito de acusación, el acusado había llevado a cabo durante varios años la explotación de las hamacas en varios sectores de las playas del municipio de La Oliva.

“Tras quedar fuera de la adjudicación en 2015 por haberse asignado la explotación a otra persona, el 27 de abril de 2016, después de ponerse varias veces en contacto con Álvaro de Astica Hernández, en su condición de concejal del Ayuntamiento de la Oliva, el acusado le entregó la cantidad de 2.300 euros a cambio de que influyera en la mesa de contratación del Ayuntamiento”, señala la fiscal.

Así, añade, “en caso de que el adjudicatario renunciase a la concesión”, el objetivo del acusado era que “se le atribuyera” la explotación de las hamacas por ser la segunda puja más alta, “sin sacarlo a concurso público, lo que contravenía la normativa municipal”.

Astica, en aquel momento concejal de Votemos, había puesto en conocimiento de las autoridades que le habían intentado sobornar y el dinero fue “entregado” e “incautado” justo después de que el acusado se lo diera al entonces cargo público. La Fiscalía subrayaba, desde la denuncia inicial del caso, que los hechos se desarrollaron de esta manera. 

En su escrito de conclusiones del procedimiento, considera que el acusado incurrió un delito de cohecho y pide que se le imponga una condena de cuatro años de prisión, además de una multa de 12.000 euros e inhabilitación para empleo o cargo público durante 10 años.

El juicio se celebraría por el sistema de jurado. La Fiscalía solicita que en la vista oral declare el exconcejal de Votemos como perjudicado, un socio del acusado, una funcionaria del Ayuntamiento de La Oliva y tres agentes de la Policía que llevaron a cabo la instrucción del caso.

Caso Hamacas

El caso Hamacas, que arrancó en el ámbito judicial tras una denuncia presentada por la Fiscalía, se dividió en dos: el intento de soborno denunciado por Astica y la investigación sobre las subastas de los lotes de hamacas por parte del Ayuntamiento de La Oliva, que la Audiencia Provincial archivó siguiendo el criterio del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Puerto del Rosario.

La Audiencia también tachó de “absolutamente infundada” la decisión del juez José Luis Ruipérez de imputar al propio denunciante del caso, haciendo caso de la “rocambolesca pretensión” de la defensa del ahora empresario acusado por el soborno, y el pasado mes de enero anuló la medida adoptada por el juez.

La Audiencia desmontó la imputación de Astica dictada por el juez Ruipérez y señaló que el conocimiento del intento de soborno se produjo precisamente porque el entonces concejal informó del mismo a la Fiscalía y a la Policía “con antelación” al “acto del pago”.

De hecho, recalcó la Audiencia, cuando se produce la entrega del dinero, el asunto se encontraba “bajo el amparo de una investigación preprocesal auspiciada por la Fiscalía”, y el empresario fue detenido.

Es más, la Audiencia resaltó que el empresario investigado “admite el pago y no pone en duda el contenido de la grabación” del encuentro en el que se produjo.