El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puerto del Rosario ha dictado un auto en el que da por finalizada la instrucción del caso Gesturpa, en el que se investigan presuntas irregularidades en la gestión de la empresa pública del Ayuntamiento de Pájara.

En un auto fechado el pasado 7 de septiembre, al que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, la magistrada Ana María Sanz acuerda concluir las diligencias previas y pasar a la fase de procedimiento abreviado contra Blas Acosta, actual presidente del Cabildo de Fuerteventura, exconcejal en Pájara y administrador de la empresa pública.

En el citado auto la magistrada aclara que Acosta “pasar a tener la condición de encausado por hechos que podrían ser constitutivos de un [delito] societario, un delito de administración desleal y un delito de insolvencia punible”.

En la misma resolución, el Juzgado acuerda dar traslado a la Fiscalía para que solicite la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa. En principio, el Ministerio Fiscal presentaría escrito de acusación al haber impulsado la causa, que se originó por la denuncia de Margarita Martín, exconcejal en Tuineje que concurrió en listas electorales con el PSOE. 

Durante la instrucción de la causa también se personó como acusación popular el partido Votemos Fuerteventura y, en la recta final de las diligencias previas, trató de personarse como perjudicada por la gestión en Gesturpa la empresa Fuertcan, compañía del hotelero Gregorio Pérez, expresidente de la Cámara insular de Comercio.

En el auto, la magistrada sostiene que los informes de auditoría y las pruebas periciales practicadas en la instrucción apuntan a que “las cuentas anuales durante los ejercicios 2010 a 2015 (fechas en las que era administrador de Gesturpa Blas Acosta Cabrera), incluían datos falseados que no reflejaban la imagen fiel de la sociedad”.

En el auto, el Juzgado da plazo al Ministerio Fiscal y a las acusaciones para solicitar la apertura del juicio oral

Así, el auto añade que “el investigado no procedió a disolver la sociedad pese a concurrir causa legal para ello, generando una situación de sobre endeudamiento de la misma”. La empresa pública “recibió un préstamo en el año 2012 que agravó aún más la deuda que tenía en dicho momento, sin que conste justificación alguna de la necesidad de dicho préstamo”, añade la magistrada.

En ese sentido, agrega, “en las cuentas no se reflejan deudas anteriores por importe equivalente al del préstamo ni tampoco su destino, no habiendo mejorado la situación de la empresa tras el mismo”.

El importe del citado préstamo, formalizado en marzo de 2012 con el Ayuntamiento de Pájara, ascendió a más de 1,6 millones de euros.