El diputado socialista Juan Bernardo Fuentes ha renunciado a su escaño en el Congreso tras verse implicado en una operación antifraude desarrollada en Canarias y que se ha saldado con la detención de su sobrino Taishet Fuentes, exdirector general de Ganadería, y un general de la Guardia Civil retirado, investigados por su presunta relación con los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y cohecho.

Juan Bernardo Fuentes, que era diputado por la provincia de Las Palmas, fue director general de Ganadería y fue relevado en el cargo por su sobrino Taishet Fuentes, que está considerado el uno de los principales investigados de la trama por un presunto fraude en subvenciones de productos de alimentación.

Respecto a Juan Bernardo Fuentes, tras conocerse su investigación, el diputado fue suspendido de militancia por el PSOE y ha presentado su renuncia al escaño, según confirmaron fuentes socialistas.

La Policía Nacional ha detenido, en colaboración con la Guardia Civil, a 12 personas investigadas por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, entre ellas al exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias Taishet Fuentes y el general de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa Navas, ya jubilado.

Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que se trata de una operación que continúa abierta en la que se investigan presuntas irregularidades en la gestión de subvenciones europeas vinculadas a productos de alimentación.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado que las actuaciones las supervisa el Juzgado de Instrucción número cuatro de Santa Cruz de Tenerife y que, de las 12 detenciones, dos se han practicado en las Islas y 10 en la Península.

Agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Tenerife, en colaboración con la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil, desarrollan esta operación, en la que, por el momento están previstos 13 registros en varias Islas, así como en otro puntos de la Península.

El general Espinosa fue jefe de la comandancia de Las Palmas y en la actualidad está retirado. Fuentes de la investigación han señalado a EFE que los delitos que se le imputan se circunscriben a los años 2020 y 2021 por supuesta pertenencia a organización criminal, estafa y cohecho.

En esos años Espinosa se encontraba en el proyecto GAR SI Sahel, de formación a agentes de los países de ese área africana y coordinado por la Unión Europa, por lo que no dependía de la estructura orgánica de la Guardia Civil.

La operación ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.

Investigación por extorsión

Según ha trascendido de la investigación, con detalles avanzados por Canarias7 y El Día, presuntamente las pesquisas se dirigen a esclarecer si los investigados extorsionaban a empresarios relacionados con el sector ganadero y a productores de queso, para conseguir comisiones con la promesa de no ser objeto de inspecciones.

Al parecer, también se les facilitaba el acceso a fondos europeos de ayudas al sector primario. Las fuentes consultadas por los citados periódicos apuntan a que los investigados llevaban a cabo funciones de asesoramiento y facilitaban a empresarios que no eran de las Islas instalarse en Canarias para aprovecharse de los beneficios que les brindaba la Zona Especial Canaria (ZEC), todo ello a cambio también de comisiones.

El origen del caso arrancaría hace aproximadamente un año, en el transcurso de unas actuaciones relacionadas con la denuncia falsa en la que estuvo implicado otro político, Ángel Luis Pérez, exdirector general de Deportes en el Cabildo, que dimitió de dicho cargo a finales del pasado mes de enero. Al seguir la pista a una persona que tenía relación con el asunto de la denuncia falsa de Pérez, los agentes descubrieron que un individuo tenía un nexo con la estructura de presunta extorsión desmantelada este martes, explica El Día.

La investigación corre a cargo del Juzgado de Instrucción número cuatro de Santa Cruz de Tenerife, en coordinación con el titular de la Fiscalía Anticorrupción en Tenerife, Jaime Serrano-Jóver González. Hay ordenados 13 registros en Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife, Valencia y Madrid, en los que han requisado numerosa documentación y dinero en metálico.

La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones. Agentes del Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional, de Asuntos Internos de la Guardia Civil y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA), desarrollan esta operación.