La sociedad Fuert Can, promotora de la urbanización Cañada del Río, reclama en los tribunales al Ayuntamiento de Pájara 17 millones de euros más los intereses de demora. Así lo asegura el administrador de esa sociedad, Gregorio Pérez, en declaraciones a Diario de Fuerteventura. La reclamación se produce en el proceso de ejecución de la sentencia, aún no finalizado, que se hizo firme en febrero de 2022 respecto a la recepción de la urbanización por parte municipal.

Hay que recordar que los Juzgados reconocieron la “recepción tácita” de esta urbanización de Costa Calma por parte del Ayuntamiento, que reclamaba, por su parte, que había unidades de obra no ejecutadas o mal ejecutadas tanto en la luminaria como en el asfaltado y en el acerado de las calles.

El empresario señala que se trata del cálculo de los gastos realizados durante cuatro años, antes de la sentencia, por asumir gastos que no tenía que haber asumido, ya que la promotora gastaba unos 100.000 euros al mes en trabajos de mantenimiento de jardines, limpieza viaria, iluminación de las calles o mantenimiento de las redes de distribución de agua.

Respecto a la licitación promovida por el Ayuntamiento de Pájara para la contratación del Servicio de mantenimiento de redes y acometidas de abastecimiento de agua potable, agua regenerada y saneamiento de aguas residuales, planta desaladora, estaciones de bombeo, planta depuradora, sistema de detección y localización de fugas, levantamiento topográfico, anteproyecto hidráulico y legalización de instalaciones de la urbanización Cañada del Río, señala Pérez que encargó un informe a una consultora que concluye que solo debe entregar al Ayuntamiento las redes de distribución pero no la depuradora ni la desaladora.  

Según este informe, la red de distribución de agua de una urbanización comienza en el depósito de cabecera de la misma, después de la desaladora. “El Ayuntamiento no puede disponer, ni mucho menos apropiarse de la desaladora, por la sencilla razón que no es titular ni propietario de ella, ni en el momento actual ni previsiblemente en un futuro próximo”, dice este informe, que dibuja una situación muy similar para las aguas residuales, porque la depuradora no sería propiedad del Ayuntamiento “ni va en el paquete de cesiones”.

“Si quisiera hacerse cargo de la explotación de las plantas desaladora y depuradora, deberá hacerse antes con su titularidad y posesión. No resulta procedente que el Ayuntamiento incluya en la licitación de referencia la explotación y mantenimiento” de la planta desaladora ni de la depuradora (que se localiza fuera del ámbito de la urbanización) ya que dicha planta “no forma parte de la red de distribución de agua potable y no es propiedad del Ayuntamiento”.

Pérez asegura respecto a la insuficiencia de las infraestructuras de desalación y depuración, tal y como destaca el Ayuntamiento en un informe municipal, que si no son adecuadas es porque “el Ayuntamiento concedió más licencias para viviendas de las inicialmente previstas”.

Respecto a las redes de distribución, señala que cumple con una medida cautelar dictada por el propio Ayuntamiento que le obliga a mantenerlas hasta que culmine la licitación del servicio de suministro de agua, teniendo en cuenta que sigue vendiendo el agua.

Propuestas al Ayuntamiento

El empresario destaca que ha hecho dos propuestas al Ayuntamiento sobre las que no ha obtenido respuesta. La primera consiste en que estaría dispuesto a comprometerse “por escrito” a fijar el mismo precio del agua para los vecinos que en Morro Jable si el Ayuntamiento le autoriza a poner placas fotovoltaicas en parcelas urbanas colindantes de su propiedad, cuya energía iría destinada a la desalación.

La otra tiene que ver con otras cinco urbanizaciones colindantes que no son de su propiedad, El Granillo I y II, Costa Calma SA, Los Albertos y el PA 11 y 12. Afirma que tiene un acuerdo cerrado con la empresa Canaragua para poder crear una unidad de funcionamiento junto con Cañada del Río, ya que algunas de estas urbanizaciones no tienen depuradora o potabilizadora o están en situación irregular.

El objetivo sería ampliar la potabilizadora y hacer una gran depuradora para las seis urbanizaciones y para que se puedan regularizar el resto, ya que ninguna de ellas está recepcionada por el Ayuntamiento “ni en proceso”, según señala Pérez. Asegura que incluso una de ellas tiene una depuradora ilegal con orden de precinto municipal, que vierte a las calles o la red de Cañada del Río.