Colectivos ciudadanos de todo el archipiélago han convocado una jornada de movilización para el próximo sábado 18 de mayo bajo el lema “Toda Canarias a la calle”, con actos previstos en las ocho islas y en diversas ciudades del Estado y del extranjero donde reside población canaria. Las protestas, según los organizadores, buscan visibilizar el rechazo al actual modelo económico del archipiélago, al que califican de “insostenible”, y que, a su juicio, “empuja a Canarias al colapso”.

Los convocantes consideran que el sistema vigente está basado en la turistificación, la especulación, la desigualdad y el crecimiento sin límites en un territorio limitado. Denuncian además que las instituciones han respondido con “silencio, manipulación y normativas regresivas”, citando como ejemplos la modificación de la Ley del Suelo y la propuesta de una Ley de Residencia que califican como “vacía de contenido”. En este contexto, anuncian que intensificarán su presencia en espacios públicos clave del modelo turístico y económico.

Entre las principales reclamaciones, los colectivos exigen la paralización inmediata de proyectos urbanísticos y energéticos de alto impacto, considerados “depredadores”, así como el derribo de aquellos que ya han sido declarados ilegales por los tribunales. Citan como ejemplos el hotel de La Tejita, la central hidroeléctrica Chira-Soria, el proyecto urbanístico Cuna del Alma, el Circuito del Motor de Tenerife y varios complejos hoteleros en Fuerteventura y Lanzarote.

Reclaman también una moratoria efectiva para la construcción de nuevos establecimientos turísticos, así como una regulación clara del alquiler vacacional, con el objetivo de frenar la turistificación de barrios, pueblos y zonas rurales, y de asegurar un reparto más equitativo de los beneficios del sector.

Ley de Residencia, energía y ecotasa

Otra de las demandas centrales es la aprobación de una Ley de Residencia que contemple la capacidad de carga del archipiélago y garantice derechos fundamentales como el acceso a la vivienda, la sanidad y la cohesión social.

Esta normativa, según proponen, debería aplicarse sin discriminación por origen, pero contemplando excepciones por causas humanitarias.

En el ámbito energético, apuestan por una transición basada en instalaciones descentralizadas, de gestión comunitaria y adaptadas al entorno, en lugar de macroparques solares o eólicos sin planificación ni consulta previa.

Los convocantes solicitan también la implantación de una tasa turística vinculada de forma exclusiva a la conservación, vigilancia y recuperación de espacios naturales o a proyectos sociales. Reclaman iniciativas de restauración ecológica y reforestación, así como medidas para avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria y energética, fortaleciendo el sector primario local y reduciendo la dependencia del exterior.

En materia de movilidad, rechazan infraestructuras públicas consideradas innecesarias, como trenes, autopistas o ampliaciones de aeropuertos, y apuestan por mejorar el transporte público y reducir la circulación de vehículos privados y de alquiler.

La protección del patrimonio cultural canario también forma parte de las demandas, ante lo que califican como un proceso de desarraigo y pérdida de identidad vinculado al modelo turístico actual.

A esto se suman exigencias de medidas urgentes para frenar los vertidos contaminantes al mar, así como la creación de una ley de restauración ambiental en consonancia con la normativa europea, que permita recuperar hábitats degradados y establecer un marco de conservación adaptado a la realidad del Archipiélago.