Las revelaciones recientes sobre la compra irregular de mascarillas en todo el territorio español, y por supuesto también en Canarias, hacen palidecer otros escándalos recientes y pasados. En lo tocante a las Islas, desde luego dejan al llamado caso Mediador, de notable relevancia política y electoral en Fuerteventura, como un asunto de niños malcriados liderados por un fantasmón que construyó una agenda institucional a base de selfies. Pero aquí hablamos de algo mucho más enjundioso, traducido en contratos astronómicos suscritos además en tiempos dramáticos, aquella primera primavera pandémica, la de 2020, en la que la urgencia por obtener material sanitario trajo como resultado la aparición de muchos buenos samaritanos y también de no pocos aprovechados dispuestos a enriquecerse en tiempo récord al amparo del estado de alarma y la angustia colectiva. Lo que quizá no podíamos imaginar es que estos desaprensivos eran más de los que nos atrevíamos a imaginar. Y ahora toca gestionar la resaca. Y los dolores de cabeza son evidentes.

La sucesión de expedientes judiciales relacionados con la compra de mascarillas por las administraciones públicas durante el estado de alarma -que hubo más cosas, la adquisición de otros bienes y servicios, la adjudicación de obras, etcétera- ofrece vertientes muy políticas y otras que hablan con claridad sobre determinados comportamientos en una sociedad desarrollada como la nuestra. Al parecer hubo más gente de la que pensábamos metida en un turbio proceso coincidente además con el confinamiento de la población.

Y en tiempos en los que el clima cívico era de temor, ya fuera a la enfermedad o a la pérdida del puesto de trabajo, había otras personas enfrascadas en la tarea de obtener material sanitario y venderlo a precios inflados. Como es obvio, esto es algo que el ciudadano común es incapaz de hacer, porque carece de los contactos necesarios para traducir una gestión en resultados. Para empezar, la mayoría de los mortales no sabríamos ni a quien llamar, ni tampoco adónde.

Entre los que sí disponían de tales capacidades, hay que establecer una primera distinción: entre quienes pueden cerrar acuerdos con proveedores foráneos, bien porque ya se dedicaban al negocio sanitario o porque disponían de redes logísticas estables en función de su actividad, y quienes se subieron al carro de la ganancia exprés simplemente porque eran individuos “bien conectados”. El infame Koldo, exitoso negociante en las Islas, pertenece a esta segunda categoría. Es importante resaltar esta distinción, porque todos somos capaces de entender la diferencia entre una empresa y un chiringuito. La empresa tiene una actividad conocida y estable, con mayor o menor éxito. El chiringuito acude de flor en flor allí donde se pergeñan las burbujas de dinero público, su única fuente de alimento.

Solo hay una decisión peor que llevar las pesquisas sobre las mascarillas a sede parlamentaria: no hacerlo

Los próximos meses van a ser políticamente terribles. En las Cortes y también en el Parlamento de Canarias. La creación de una comisión de investigación sobre la compra de mascarillas permite aventurar un periodo de tensión política entre la mayoría gobernante (con el PP convertido en espolón) y los partidos del anterior pacto, básicamente el PSOE. Veremos debates en eco, muy parecidos en el Congreso de los Diputados y el Parlamento de Canarias, en los que cada cual intentará definir el léxico a aplicar, con el hoy ministro Ángel Víctor Torres como pieza de caza mayor a abatir tanto en las Islas como en Madrid. El expresidente canario debe ser consciente de ello. De hecho, este asunto, con razones o sin ellas, le pondrá a prueba como líder político, veremos cuál es la densidad de su mandíbula, si es capaz de soportar la presión a la que será sometido desde diversos frentes. Esto es inevitable más allá de las revelaciones que puedan seguir apareciendo en torno a la praxis que el anterior Gobierno canario practicó en la adquisición de material sanitario. Los errores en tiempos urgentes los entiende cualquiera, el trato de favor no resulta admisible. Y a la espera de la verdad, se esperan curvas.

El ministro Torres es un hombre experimentado y correoso. Y con la trifulca que vendrá de la mano del asunto de las mascarillas tendrá la ocasión de demostrarlo. Pero no le servirá presentarse como víctima, pues en puridad no es un damnificado de la trama que hizo negocio a costa del temor colectivo. Lo ha dicho en el Congreso, pero no es cierto. No puede serlo. Eso no lo convierte en responsable, pues no podemos abordar este asunto obviando las circunstancias en las que se produjeron los hechos y se firmaron los contratos de compra de material. Simplemente habrá que afrontar la verdad revelada por los contratos, los contactos por correo electrónico, los mensajes telefónicos y cualquier otro medio que aporte luces y método a los meses de la pandemia. Es cierto que la comisión de investigación puede acabar convertida en una jauría; es más, parece bastante probable que así ocurra. Pero quizá solo hay una decisión peor que llevar las pesquisas sobre las mascarillas a sede parlamentaria: no hacerlo. En política, como en la vida, triunfa la doctrina del mal menor.